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Plataforma Casablanca frente a las costas de Tarragona. Repsol

Economía, Empresas

España se da veinte años para acabar con su último pozo de petróleo

El Gobierno propone 2040 como fecha tope para dejar de conceder más prórrogas para la explotación de yacimientos de hidrocarburos.

Era 1964, el 6 de junio. La prensa y los noticieros en blanco y negro de entonces auguraban que en Burgos se escondía bajo tierra un auténtico tesoro. El gigante norteamericano Chevron y el monopolio estatal patrio Campsa iniciaban la extracción petróleo del subsuelo castellano. El Dorado burgalés se daba casi por seguro.

No hubo para tanto. Ni de lejos. En los mejores momentos de la zona de Ayoluengo se extrajeron unos 5.000 barriles de petróleo diarios. Y medio siglo después, sin rastro de El Dorado y tras pasar por manos de varias petroleras, la producción era sólo testimonial cuando los pozos se cerraron el año pasado, apenas unas decenas de barriles por día.

En enero de 2017 el Gobierno decidió no renovar la licencia de explotación al grupo británico Columbus Energy Resources, que aseguraba tener planes para invertir 90 millones de euros para disparar la producción hasta los 1.500 barriles diarios si se prolongaban los permisos por otras tres décadas.

El entonces Ministerio de Energía dijo nones y aseguró que trabajaba en un concurso para una nueva concesión, pero el concurso nunca llegó. Y hace unas semanas el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica transmitió a la petrolera la orden de iniciar el desmantelamiento de aquel primer campo de petróleo español que se había convertido en el único tierra adentro en el país.

Los yacimientos que quedan

España cuenta actualmente otros yacimientos de hidrocarburos en activo. Los pozos operativos de petróleo que quedan están todos en el mar, frente a las costas de Tarragona, con la única excepción de la pequeña explotación riojana de Viura; mientras que las instalaciones que extraen gas natural se reparten también entre La Rioja, la cuenca del Guadalquivir y el Golfo de Cádiz.

España produjo el año pasado 120.000 toneladas de petróleo y el equivalente a 100.000 gigavatios hora (GWh) de gas natural, según el anuario estadístico de la corporación CORES, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Producciones minúsculas que obligan al país a importar el 99,79% del petróleo que consume y más del 99,99% de sus necesidades de gas. La dependencia del exterior es total.

Actualmente sólo están vigentes 23 concesiones de explotación de hidrocarburos, y son 35 los permisos de investigación aprobados por el Gobierno central y por las comunidades autónomas, más otros 38 solicitados formalmente a las administraciones por grupos energéticos. Unos proyectos que pueden tener fecha de caducidad con carácter general… para todos.

No más permisos

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende ahora poner coto a la exploración y explotación de hidrocarburos en España. Sus planes, recogidos en el borrador de Ley de Cambio Climático, pasan por prohibir desde la entrada en vigor de la nueva norma –en principio, en algún momento de 2019- que las administraciones otorguen ninguna nueva autorización de exploración, ni permisos de investigación, ni concesiones de explotación de hidrocarburos. Ni en tierra firme ni en el mar. Nada.

El Gobierno marca 2040 como fecha tope para los proyectos ya en funcionamiento. “Los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes que se encuentren en el mar territorial, no podrán prorrogarse, en ningún caso, más allá de 2040”, se sentencia en el borrador. Se prohibirían así prolongar la vida de las prospecciones marinas que, en la práctica, son las únicas explotaciones petrolíferas activas en la actualidad.

Según el texto enviado a los grupos parlamentarios para empezar a negociar la nueva ley, el Ministerio para la Transición Ecológica comandado por Teresa Ribera dejaría la puerta abierta a que las empresas con permisos de investigación ya vigentes puedan transformarlos en concesiones de explotación. Pero no cualquiera.

Y es que se rechazará cualquier proyecto en el que la técnica de producción utilizada sea el polémico fracking (fracturación hidráulica de la roca para extraer los hidrocarburos) de alto volumen. Si la inyección de agua en un pozo supera los 10.000 metros cúbicos durante todo el proceso (o los 1.000 metros cúbicos en cada fase de fracturación) el proyecto quedaría automáticamente vetado, con independencia de que la compañía cuente ahora con un permiso de investigación.

Giro hacia el futuro

Hace cinco años el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a diseñar una estrategia nacional que pretendía impulsar la búsqueda y extracción de petróleo y gas en territorio nacional para paliar la enorme dependencia del exterior y rebajar la factura de las importaciones. Entonces se hablaba de nuevo de El Dorado de gas y crudo, con cifras milmillonarias, con la perspectiva de trabajar en ello durante décadas.

Era un momento en que estudios de la patronal de las empresas dedicadas a la exploración y producción de hidrocarburos anticipaban que España albergaba bajo tierra unos 2.500 bcm (un bcm equivale a mil millones de metros cúbicos) de gas natural, el equivalente a 70 años de consumo de todo el país, y que se podían extraer utilizando fracking. Y también se estimaba que había unos 2.000 millones de barriles de petróleo esperando en aguas marinas españolas.

“Geológicamente, somos Dakota del Norte”, decían entonces las compañías, comparando el potencial de España con el éxito petrolero del estado de Estados Unidos gracias a las nuevas tecnologías de extracción. Sin embargo, aquel entusiasmo se fue apagando por el freno el fracking ejercido por parte de varias Administraciones regionales y también porque exploraciones in situ fueron matizando los cálculos sobre algunos de aquellos posibles yacimientos.

Pero ahora el giro es total. El actual Gobierno emprende el reto global de la transición ecológica y energética con el objetivo de llegar a 2050 con una economía descarbonizada. Una meta que pasa por un cambio radical en el sector de la energía, que contempla impulsar las renovables y poner coto a las energías que no son limpias tanto para su producción como su consumo. Su plan es que, como tarde, la última explotación en España cierre en 2040. Ocho décadas después de aquel primer pozo de Burgos.

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