Los empresarios catalanes temen un agujero millonario por los disturbios: “Nos jugamos años de trabajo”

Los empresarios catalanes temen que los disturbios que se han producido en los últimos días en las calles de esta comunidad autónoma afecten a su cuenta de resultados. La incertidumbre política ha hecho mella en el tejido productivo de la región desde que los independentistas incrementaran el nivel de su desafío al Estado, como se demuestra en la marcha de 5.600 empresas del territorio desde el 1 de octubre de 2017.

Sin embargo, lo acontecido en los últimos días, con movilizaciones violentas desde lunes podría dañar especialmente la imagen de sectores clave, como el turismo o los servicios, según advierten las organizaciones empresariales.

La renovada tensión política en Cataluña ha vuelto a hacer saltar las alarmas en el turismo, la principal actividad económica de la región. Las imágenes de manifestantes colapsando el aeropuerto de El Prat, los cortes intermitentes del AVE y las algaradas en varias ciudades han empezado a pasar factura en este sector.

Los hoteles catalanes, singularmente los de Barcelona, ya han empezado a sufrir una oleada de cancelaciones de reservas en plena sucesión de disturbios. “El problema no es sólo inmediato, que lo es, sino también para el futuro. Nos jugamos nuestro prestigio y el trabajo realizado durante muchos años”, advierte Joan Molas, presidente de la patronal hotelera Cehat. “Condenamos las algaradas y las manifestaciones violentas provocadas por unos miles de imbéciles que están provocando una situación dantesca”.

Desde Exceltur, el lobby que agrupa a una treintena de las mayores compañías turísticas del país, se advierte del enorme golpe para el sector que tendría para la demanda de viajeros extranjeros una persistencia de las imágenes de disturbios en Barcelona y otros puntos de Cataluña.

La asociación empresarial aún no dispone de una estimación de cuál sería el impacto para el sector, y a la postre dependerá de si las algaradas son un problema coyuntural o si se alargan en el tiempo. La preocupación en esta ocasión es mayor que en años anteriores porque las manifestaciones hasta el momento se han concentrado en infraestructuras clave para el turismo catalán como el aeropuerto de Barcelona (con más de 150 vuelos cancelados en dos días por el colapso de los accesos) y las líneas de AVE.

Exceltur, en cualquier caso, advierte de que el impacto puede acabar siendo similar, o peor, que el sufrido en los meses posteriores al 1-O. En ese momento, el frenazo ligado a la inestabilidad política en Cataluña restó tres décimas de PIB al sector turístico, lo que supuso una merma de 319 millones de euros de actividad turística.

El temor a un frenazo del negocio también se extiende entre los dueños de pisos turísticos. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha lamentado «la situación de caos y crispación» que está viviendo la capital catalana y ha alertado de que las protestas en la calle tienen “un impacto muy negativo” en la imagen internacional de la ciudad y, con ello, en su actividad socioeconómica. «Condenamos frontalmente el vandalismo que se está apoderando de las últimas protestas», se apunta desde Apartur.

Eventos internacionales

Hay que tener en cuenta que Cataluña recibió en 2018 más de 19 millones de turistas extranjeros, lo que le convirtió en la primera comunidad autónoma de destino, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El gasto que realizaron estos visitantes fue superior a los 20.500 millones de euros (+7,2%), lo que ofrece una idea de la relevancia de este sector en esta región.

Las noticias negativas de los últimos días pueden perjudicar a este sector, pero también al resto de las empresas catalanas. Desde la patronal autonómica, Foment del Treball, también ponen el foco sobre el sector de los eventos y las ferias internacionales.

Sólo en la Ciudad Condal, Fira de Barcelona calcula que generan 40.000 puestos de trabajo al año y tienen un impacto económico de 2.600 millones de euros. En esta ciudad, por cierto, se celebra el Mobile World Congress, con más de 100.000 asistentes y casi 500 millones de euros en impacto en el último año.

"La destrucción de Barcelona"

Foment difundió este miércoles un duro comunicado en el que criticaba que la propia Generalitat haya alentado las movilizaciones y el corte de carreteras. “Evitar la destrucción de este capital es una responsabilidad que todos debemos compartir”, afirmaba, en un texto en el que incidía en que la reputación de Cataluña y Barcelona reporta un alto valor a su industria y atrae, entre otros, turismo e inversiones.

Fuentes oficiales de esta patronal han declinado hacer comentarios, más allá de esta nota, sin embargo, dentro de la organización transmiten que su preocupación por los disturbios es compartida por varios miembros del Govern, descontentos con la complacencia mostrada días atrás por Quim Torra.

Desde la Confederación Española de organizaciones Empresariales (CEOE) han querido hacer suyos los argumentos de Foment. Su presidente, Antonio Garamendi, ha pedido "orden y responsabilidad" en esta comunidad autónoma "para que los empresarios puedan hacer su trabajo".

Las pymes también se encuentran preocupadas por la situación que se vive en Cataluña, donde las televisiones han transmitido en los últimos días episodios preocupantes, como la quema de algún comercio.

La organización que engloba a las empresas de pequeño y mediano tamaño, PIMEC, ha rechazado los actos vandálicos, como las hogueras callejeras o la rotura de cristales y escaparates en la calle, y ha apelado a recuperar la buena convivencia ciudadana. “PIMEComerç entiende y respeta el libre derecho a manifestación, en el marco de una respuesta cívica y pacífica . Sin embargo, rechaza toda actuación de carácter violento que atente contra la integridad de los establecimientos comerciales o impidan su normal funcionamiento”.

El parón del Imserso

El frenazo de la demanda de turistas amenaza con poner en jaque uno de los pilares del negocio turístico en Cataluña durante la temporada baja que ahora arranca. El programa de viajes del Imserso -estancias subvencionadas para pensionistas para sostener la actividad hotelera fuera de la temporada alta- ha arrancado esta semana la comercialización para este año y se está produciendo un auténtico frenazo de las ventas de viajes a Cataluña.

Esta misma semana se han puesto a la venta en las agencias de viajes casi 100.000 plazas del programa de turismo social a los destinos de Cataluña (en las costas de Barcelona, Girona y Tarragona). Hasta el momento, las ventas de viajes hacia Cataluña están congeladas, lo confirman tanto los que las tienen que vender (las agencias de viajes) como las que las tienen que gestionar (los hoteleros).

Las grandes redes de agencias de viajes, que son las que concentran la venta de gran parte de los paquetes del Imserso, alertan de que el parón de la comercialización a los destinos catalanes es dramático y auguran que, si no cambia radicalmente la tendencia, pueden quedarse sin vender el 70% del total de viajes previstos para esta temporada.

Los pensionistas están dejando vacantes los viajes programados para Cataluña para los próximos meses de otoño e invierno, mientras que no dejan de crecer las listas de espera para reservar en otros destinos de costa y en las islas.

El cabreo de los camioneros

El sector del transporte ya mostraba su preocupación por los problemas que se avecinaban antes incluso de que el Tribunal Supremo dictara sentencia y condenara a los organizadores del 1-O. Horas antes de que se hicieran públicas las condenas, la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) ya hicieron saltar las alarmas y reclamaban a todas las administraciones que garantizaran la circulación de los transportistas.

Desde el lunes los cortes de carreteras han sido continuas por toda Cataluña, con especial incidencia en las principales autovías. Las estimaciones de CETM apuntan a que el sector se arriesga a pérdidas diarias de 25 millones de euros por los problemas en la región (15 millones concentrados en el transporte internacional y 10 en conexiones nacionales, regionales o locales).

Cataluña es un punto clave para el sector del transporte de mercancías. Por los pasos fronterizos catalanes en los Pirineos pasan cada día más de 20.000 camiones cada día y también son cerca de 20.000 toneladas de mercancías las que los atraviesan cada jornada para la exportación hacia diferentes países de Europa.

Ante esta situación el sector reclama medidas excepcionales para garantizar su actividad. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) reclama a la Generalitat  que levante temporalmente la prohibición a los camiones de circular por las carreteras nacionales  y así evitar quedar bloqueados en las autopistas de peaje AP-7 y AP-2 donde se concentran los cortes protagonizados por manifestantes independentistas.

Unas restricciones -en vigor desde abril de 2013 en la provincia de Girona y desde septiembre de 2018 en las provincias de Tarragona, Barcelona y Lleida- que convierte en “auténticos rehenes” a los camiones cuando se producen movilizaciones. Fenadismer reconoce que algunos transportistas ya se están saltándose la prohibición y circulando por las carreteras nacionales (singularmente la N-2, N-340 y N-240), exponiéndose a multas de 500 euros. 

Partidarios de la independencia

Llama la atención la posición que ha adoptado la Cámara de Comercio de Barcelona, presidida por Joan Canadell, defensor del independentismo. La entidad ha condenado este jueves las manifestaciones violentas que se han producido en los últimos días, pero lo ha hecho en un comunicado en el que ha recordado que el Estado se ha negado a negociar con la Generalitat durante los últimos 15 años, de ahí el empeoramiento de la situación.

Curiosamente, el pasado lunes, en el que se conocía la sentencia del procés, la entidad cameral hizo público un estudio en el que afirmaba que “el 76% de los empresarios creen que las consecuencias económicas de una Cataluña independiente integrada dentro de la Unión Europea serían positivas”.

En concreto, el 91% de los empresarios encuestados considera que las consecuencias serían positivas (76%) o no significantes (15%) , “una cifra que representa casi la totalidad de los participantes”, añade la entidad.