La prevalencia de los convenios de sector en la reforma laboral pone en riesgo la estabilidad del Gobierno

Queda menos de un mes para que se cumpla el plazo límite fijado por el Gobierno para acordar con los sindicatos y los empresarios una nueva reforma laboral. Antes del 15 de noviembre los trabajos tienen que estar culminados para después poder tramitar la legislación a tiempo, tanto en el Consejo de Ministros como en el Congreso de los Diputados. O así lo pretendían en Moncloa.

La negociación de la reforma laboral seguía su más o menos tranquilo cauce, con constantes reuniones y apenas filtraciones sobre los puntos de tensión entre las partes, hasta este viernes, cuando Podemos pidió en público una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición. El motivo, la injerencia de Nadia Calviño en las conversaciones.

Desde Podemos indicaron a este medio que la voluntad de la ministra de Asuntos Económicos de llevar las riendas de la reforma laboral fue lo que hizo prender la mecha y que los morados exigieran reunirse con el PSOE para dejar claro quién lidera este cambio legislativo prometido a Bruselas. El viernes por la tarde, el presidente del Gobierno no respondió a la pregunta de quién debía hacerlo, pero salió en defensa de Calviño asegurando que había pedido a todos los ministros que aportasen en una reforma que implica, por su naturaleza, a varios ministerios.

¿Qué ha llevado al enfrentamiento entre ambas partes de la coalición? Aunque desde Economía, Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE rechazan comentar la situación y apuntar a las posibles causas, otras fuentes señalan que la piedra en el zapato está en la prevalencia de los convenios sectoriales frente a los de empresa.

La reforma laboral de 2012, la de Mariano Rajoy, permitió que las empresas tuvieran la posibilidad de descolgarse respecto al convenio colectivo del sector en vigor, dando así prioridad a los convenios de empresa, que podían empeorar el sectorial dependiendo de la realidad de la compañía y sus circunstancias económicas. Este cambio fue y sigue siendo considerado por los sindicatos como uno de los elementos más perniciosos de aquella reforma laboral, y por eso, indican fuentes del diálogo social, en las mesas de negociación estaba claro que esta medida se iba a revertir.

Pero la idea parece que no gusta a la parte económica del Gobierno, que se está escudando en que Bruselas no aceptará este elemento. Así intenta imponer su criterio, esgrimiendo que establecer la prevalencia de los convenios sectoriales afectará a la flexibilidad del mercado laboral y que cuando la Comisión Europea reciba el informe al respecto que está preparando Trabajo rechazará le medida.

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a tener la reforma laboral aprobada antes de que termine el año, y Díaz ha repetido en múltiples ocasiones que va a cumplir con su palabra, y que rendirá cuentas personalmente si no es así. Además, no hay que olvidar que la Comisión Europea exige que el Ejecutivo pacte estas medidas con los agentes sociales, algo que no se antoja fácil. Y de eso depende el segundo paquete de fondos europeos.

Pactar y aprobar una nueva reforma laboral es, en principio, una condición para conseguir el segundo paquete de dinero, de casi 14.000 millones, del total de los 70.000 millones de la UE que España no tendrá que devolver ni pagar intereses. Pero todavía es una incógnita qué pasaría si el país no cumple. Hasta ahora España ha recibido un anticipo de 9.000 millones, en agosto, y próximamente va a solicitar el primer pago, de 10.000 millones.

Dar la vuelta a la reforma laboral de Rajoy fue uno de los primeros compromisos de Pedro Sánchez como candidato del PSOE a la Moncloa. La reforma laboral del PP de 2012 permitió que despedir fuese mucho más fácil y barato, basándose en que cuanto más baratos son los despidos, menos miedo tienen los empresarios a contratar de forma indefinida.

Y el Gobierno achaca a esa flexibilidad los grandes males del mercado de trabajo español, sumamente precario, con las altas tasas de temporalidad, desempleo estructural y un paro juvenil muy por encima del de los socios europeos. Desde la investidura de Sánchez, y a pesar de sus promesas, solo se ha revertido el artículo 52 d de la reforma laboral de Rajoy, que permitía despedir a un trabajador por faltar ocho días en dos meses aun estando de baja médica.

Pero lo que desde el principio parecía un objetivo claro de los socialistas, y, por supuesto, también de Podemos, ahora se ha convertido en el gran motivo de choque entre ambos partidos de la coalición. Un choque de grandes dimensiones, ya que en ninguna anterior ocasión los morados habían llamado a sentarse a revisar el pacto, pese a las disputas que se han producido entre Díaz y Calviño en diferentes ocasiones, como en el terreno del salario mínimo interprofesional (SMI).

¿Derogación o reforma de la reforma?

Desde hace meses, las diferencias entre ambos ministerios ya eran evidentes y se manifestaban en forma de debate dialéctico. ¿Lo que pretenden el PSOE y Unidas Podemos es derogar la reforma laboral de Rajoy o contrarreformarla? Dependiendo de a quién se atendiera. Díaz y Sánchez, estos últimos días, han hablado de derogarla, mientras que Calviño ha llegado a poner los ojos en blanco al oír esa palabra.

Entonces, ¿cuál es la idea? Los sindicatos apuntan más bien a lo segundo, a que tiende más a tumbar "los aspectos más lesivos" de la reforma de 2012, como en ocasiones también ha dicho la ministra de Trabajo. Es así puesto que, recuerdan las organizaciones sindicales, hay muchos aspectos de la extensa ley del PP que no están, siquiera, entrándose a debatir en las reuniones con el Ministerio de Trabajo, aunque ellos así lo han pedido.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que aunque las intervenciones de los miembros del Gobierno destaquen esta prometida "derogación", sus intenciones van más allá: no buscan una derogación sin más, y volver a la situación de 2011, sino introducir también nuevas medidas que cambien los males del mercado de trabajo.

Qué quiere conseguir Trabajo

Sobre todo, tres medidas clave: reducir los tipos de contrato existentes (hay 33) para luchar contra la temporalidad, imponer la prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa, como se ha explicado ya más arriba (y recuperar su ultraactividad) y limitar la subcontratación.

En cuanto a los contratos, Trabajo propone pasar a tres tipos de contrato, uno indefinido o «estable», otro el temporal y uno más, de formación. Uno de los cambios de mayor calado que esta propuesta lleva consigo sería el fin del contrato de obra y servicio y del fijo de obra, de manera que estos trabajadores pasarían a ser indefinidos (con contratos fijos-discontinuos).

Por otro lado, tampoco podrán utilizarse contratos temporales para trabajos de naturaleza estacional o vinculados a campañas, algo que ataca directamente a la temporalidad. Para estos usos, deberá utilizarse el fijo-discontinuo, y los temporales solo se dejarán para razones de carácter productivo y organizativo. A la vez, Díaz busca castigar a las empresas que abusen de la temporalidad, por ejemplo estableciendo que serán nulos los despidos ligados a la temporalidad.

En cuanto a la ultraactividad de los convenios que fijó la reforma de 2012, el Gobierno plantea que los convenios no decaigan cuando termine su vigencia, sino que continúen un año más, mientras se renuevan. Si no se ha acordado uno nuevo al terminar ese plazo, se abre un proceso de mediación, durante el cual se sigue manteniendo el convenio.

Asimismo, se plantea la creación de un mecanismo sostenibilidad empleo, como se ha bautizado a unos nuevos ERTE permanentes. Es una manera de trasladar a la legislación laboral el buen resultado que han dado los ERTE que se flexibilizaron a raíz de la pandemia, ya que han contribuido a mantener empresas y puestos de trabajo. El instrumento ejercerá de paso previo que dificulte los despidos.

Del lado de la subcontratación, Trabajo ha planteado a los agentes sociales que la empresa principal deberá asumir las deudas y los impagos de la contrata o subcontrata, es decir, que exista una responsabilidad subsidiaria mediante la cual la empresa deba asumir las obligaciones contraídas con la Seguridad Social mientras dure el contrato (o, incluso, durante los tres años siguientes, dependiendo de lo que se acuerde), así como el pago de los salarios de los trabajadores (durante el contrato y el año siguiente), algo que los empresarios creen que perjudicará enormemente a las compañías.

Qué no se ha planteado

Como este periódico ya ha explicado, los sindicatos consideran que la reforma laboral planteada por Trabajo abarca elementos "positivos e interesantes", pero también tienen claro que de cara a la derogación total de la ley de Rajoy "le falta bastante".

¿Por qué? Entre otros, porque no recupera la indemnización por despido improcedente, el aspecto más polémico de la reforma laboral de Rajoy. Su Gobierno generalizó la indemnización de 33 días por año trabajado en el caso de despido improcedente, hasta un máximo de 24 meses, frente a la anterior indemnización de 45 días por año trabajado en este caso.

La medida después la avaló el Tribunal Constitucional, pero los sindicatos nunca estuvieron de acuerdo. Sin embargo, estas mismas fuentes confirman que el coste del despido, actualmente, está fuera de la negociación. Ni se ha hablado ni se valora que se vaya a hablar.

Asimismo, tampoco se valora recuperar los salarios de tramitación, en parte derogados en la reforma de 2012. Desde entonces, estos salarios (los que hay que pagar a un trabajador por cada día que esté sin trabajo en caso de que el despido se declare improcedente o nulo) solo se cobran si el empleado es readmitido por la empresa, y no si opta por la vía del despido improcedente y el cobro de la indemnización. Antes, también se pagaban cuando el trabajador no era readmitido por la empresa.

Además, los sindicatos piden que se vuelva a exigir justificar los despidos objetivos de una forma más clara y con menos libertad para las empresas. Antes debían argumentar que debe despedir y que no podía tomar otra decisión para ahorrar costes, pero desde 2012, no. Por último, entre los aspectos más importantes (no hay que olvidar que una reforma laboral es una ley con un sinfín de artículos), antes los despidos colectivos requerían de una autorización administrativa de una autoridad laboral, el Ministerio o consejerías autonómicas de trabajo, y ahora no es necesaria.