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El Gobierno da marcha atrás y ajusta el hachazo fiscal a las eléctricas

El Ejecutivo aprovecha el nuevo Real Decreto para rebajar las penalizaciones

La vicepresidenta Teresa Ribera junto a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

La vicepresidenta Teresa Ribera junto a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola. EP

El Gobierno da marcha atrás con las eléctricas, tal y como adelantó este periódico. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha modificado el hachazo fiscal de 2.600 millones de euros a las eléctricas tras la aprobación del nuevo Real Decreto Ley este martes. Dicho documento modifica el recorte de los beneficios a las eléctricas que se aprobó el pasado 14 de septiembre.

No obstante, Teresa Ribera no ha claudicado al 100% y no ha entrado al órdago de Iberdrola ya que su presidente Ignacio Sánchez Galán dijo que rebajaría el precio de la luz si derogaba por completo el Real Decreto Ley de septiembre.

Tras las reuniones mantenidas entre Teresa Ribera y los principales presidentes de las empresas energéticas del Ibex 35, el nuevo Real Decreto indica que la minoración se aplica a quienes hayan incorporado beneficios extraordinarios del precio del gas. Es necesario dar transparencia a quienes, al no haber incorporado dicho beneficio extraordinario, no se ven sometidos a minoración.

Así, y según ha explicado la ministra, quedarán exentos del hachazo fiscal aquellas empresas que firman contratos antes del 16 con los clientes y los nuevos contratos a precio fijo.  De esta manera, el Gobierno no trasladará las sanciones económicas a aquellas compañías que eliminen el precio del gas a los consumidores. El objetivo del Gobierno, por tanto, es fomentar los contratos a largo plazo entre empresas y consumidores de hogar como de empresas.

Con la modificación aprobada este martes las eléctricas sólo podrán esquivar el recorte de beneficios si no modifican sus contratos. “Es fundamental que haya un incentivo a ampliar los contratos a precio fijo para garantizar la competitividad de las empresas españolas”, ha asegurado Teresa Ribera durante su intervención en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

Por tanto, las eléctricas que puedan acreditar “precios razonables” en sus contratos a largo plazo sin indexarlos a las últimas subidas de precio no sufrirán el recorte de los beneficios, tal y como ha explicado la propia ministra.

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