El Gobierno ha decidido prorrogar la ley anti opas para empresas estratégicas. Esto supondrá que el capital extranjero que quiera acceder al capital social de grandes compañías deberá cumplir varios requisitos impuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El objetivo no es otro que salvaguardar los intereses de aquellas sociedades que tienen un valor añadido para el tejido empresarial patrio.

Pero la idea de que se frene la entrada de capital extranjero a grandes empresas españolas no gusta a los grandes fondos de inversión y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fuentes del mercado explican a este periódico que esta medida provocará que los inversores internacionales dejen de ver a España como un país atractivo para explorar operaciones de cierto calado.

Fuentes del mercado indican que “la normativa actual obliga a vender a los minoritarios al precio que indica el valorador contratado por la empresa”, y esto seguirá ocurriendo otro año más, por lo que es “complicado” que “España sea atractiva para los grandes inversores”.

Hay que tener en cuenta que el blindaje anti opas se desarrolla en dos reales Decretos. El primero en entrar en vigor, en marzo de 2020, tiene efecto permanente y permite vetar a inversores de fuera de la UE que quieran adquirir más de un 10% de una empresa estratégica por más de 500 millones.

Meses después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aumentó la cobertura para que los fondos internacionales pudieran hacer una suerte de trampas creando sociedades dentro del territorio de la Unión Europea. Así, Nadia Calviño diseñó un aparte para que el propio escudo afectara a los inversores de países de la UE a empresas cotizadas.

Otras fuentes financieras explican a este periódico que “existe un gran apetito inversor extranjero a compañías españolas”, pero que con la extensión de esta ley de escudos, a juicio de estas voces, “se perderá el incentivo porque grandes corporaciones inviertan en las principales sociedades” de nuestro país.

Por eso, y a pesar de que “durante la pandemia tenía sentido el escudo creado por el Gobierno” argumentan que no se debería “prorrogar la medida para dar entrada a importantes agentes internacionales en los accionariados de las principales compañías españolas”.

La CNMV, en contra

No solo los inversores muestran su rechazo a la prórroga. La CNMV, que ya fue crítica a finales del año pasado cuando el Ejecutivo volvió a extender el blindaje a empresas como Telefónica, Naturgy, Indra o Prisa, vuelve a mostrar su preocupación por dicha extensión.

“Es preciso mantener en nuestro mercado de capitales los estándares más elevados de integridad, gobierno corporativo y apertura a la inversión exterior”, sostenía la CNMV recientemente.

“Desde el punto de vista del mercado de valores y los intereses de los accionistas e inversores, la apertura internacional es un valor en sí mismo. Por ello, será positivo que la normalización de los parámetros de mercado permita una normalización del régimen de control de las inversiones exteriores sobre compañías cotizadas españolas”, remarcan fuentes de la CNMV. Por eso, insisten que “es mejor que no existan trabas” al mercado, si bien entienden que “desde el Gobierno se defienda a las cotizadas españolas”.

Defensa de las medidas

No obstante, otras fuentes empresariales nacionales defienden la medida. A su juicio, la extensión del escudo aumenta “la seguridad jurídica y el control de las inversiones” durante “estos meses de crisis e inestabilidad”.

La situación de la energía en Europa empuja a que “los sectores estratégicos estén blindados bajo la norma actual”, como es el caso de la ciberseguridad, telecomunicaciones, energía o transportes.