El resultado electoral de este 28 de mayo ha dejado en papel mojado la ley de vivienda, una de las medidas estrellas de la legislatura impulsada por el PSOE y Unidas Podemos. Los tiras y aflojas entre los socios de la coalición del gobierno mantuvieron la norma guardada en un cajón hasta el pasado mes, cuando por fin alcanzaron un pacto para impulsar un texto que incluye medidas polémicas como un tope a la subida del precio de los alquileres.

Pero el triunfo arrollador del PP en varias Comunidades Autónomas como Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura o Baleares y grandes capitales como Sevilla o Valladolid dejan a la ley que aprobó definitivamente el Senado el pasado jueves herida de muerte. Principalmente, porque son esas escalas de la Administración las que tienen transferidas las competencias en materia de vivienda y son libres de aplicar o no la norma.

Regiones gobernadas por el PP como la Comunidad de Madrid, Castilla y León o Andalucía ya se mostraban en contra de aplicar las normas que contiene el texto legal, como la declaración de zonas de mercado tensionado o el límite a la subida del precio de los alquileres.

Habrá que ver qué pasa en Canarias, donde Coalición Canaria podría recuperar el Gobierno de la mano de los 'populares'. La citada formación no apoyó el texto en la Cámara Baja.  El PSOE apenas logra mantener feudos como Castilla-La Mancha y Asturias. Y ni siquiera esta última plaza está asegurada.

Si tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez este lunes logrará mayoría el PP para gobernar a nivel nacional, la recién aprobada ley podría incluso ser derogada por el hipotético Ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo, que plantea su propio plan de Vivienda. La norma tardó más de un año en ser aprobada entre que se aprobó por parte del Consejo de Ministros y que logró el visto bueno en el Congreso de los Diputados y el Senado.

"Lo que es inaudito es que el mercado del alquiler en nuestro país, tenga que estar pendiente de los resultados electorales para saber si un propietario puede o no poner con seguridad y tranquilidad su vivienda en alquiler. Esta incertidumbre nos afecta a todos, inquilinos y propietarios, donde al final están trastocando gravemente un mercado de alquiler, destruyendo oferta, y por lo tanto dificultando enormemente el acceso a la vivienda", se queja José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.

Entre otras cosas, el nuevo texto introduce limitaciones para las subidas de los alquileres del 2% en la subida de las rentas para este año y del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024. Para 2025, el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe elaborar un nuevo índice que sea inferior a la evolución del IPC y que debe estar preparado para el 1 de enero del citado ejercicio.

Fuera de las regiones antes citadas, la nueva ley de Vivienda tampoco parece que vaya a surtir efectos en el País Vasco, donde los nacionalistas del PNV reprochan una invasión competencial por parte del Estado. Así que el nuevo texto tendría posibilidades de aplicarse en apenas unos pocos territorios como Cataluña o Navarra.

En el primero gobierna ERC, que fue uno de los socios parlamentarios clave para que la ley prosperase. No está claro, en todo caso, qué ocurrirá en Barcelona, donde el candidato de Junts, Xavier Trias, ha logrado arrebatar el bastón de mando a la actual alcaldesa, Ada Colau. El candidato socialista Jaume Colbonni no lo tiene fácil para armar una mayoría alternativa que daría alas a la aplicación de la nueva ley de Vivienda allí.

En Navarra, el Gobierno socialista de María Chivite podrá resistir tras el 28-M, por lo que será otra de las regiones donde se podría aplicar el nuevo texto, ya que cuenta con apoyos suficientes para ser investida. "En aquellas comunidades donde si pueda aplicarse, producirá el efecto de desplazar la inversión de promotores e inversores hacía aquellas comunidades que no impongan límites a la inversión en alquiler, creando una España de dos velocidades", concluye Zurdo.

La nueva ley de Vivienda ha tenido en contra a prácticamente todo el sector inmobiliario, que la ha tachado como una medida intervencionista y electoralista que puede generar los efectos contrarios a los que persigue. Lo relativo a los incentivos fiscales que se aplicarán en el IRPF a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda no entrará en vigor hasta el próximo 1 de enero de 2024.

No en vano, el texto modifica la definición de "gran tenedor", que en las denominadas zonas tensionadas serán quienes tengan cinco o más casas. El sector de las agencias inmobiliarias ya dice estar detectando una fuga de propietarios del alquiler de vivienda habitual hacia otras modalidades o hacia la venta. Todo ello antes siquiera de que la norma entrase en vigor el pasado viernes.

También habrá que ver en qué quedan los planes de vivienda prometidos durante toda la campaña electoral por el presidente del Gobierno. La meta es destinar más de 180.000 viviendas al alquiler social, aunque los plazos podrían llegar incluso a alargarse una década para culminar las obras de construcción y entrega a los futuros inquilinos.