El Gobierno de coalición incrementará en más de un 9 % anual la partida presupuestaria para difusión de las campañas de publicidad institucional, finalidad a la que tiene previsto destinar 112 millones de euros hasta 2025. De este montante, 8 de cada 10 euros se emplearán en la compra de inserciones en televisión.

El Consejo de Ministros tiene previsto autorizar este martes a la Junta de Contratación Centralizada-Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación -dependiente del Ministerio de Hacienda- para que celebre un nuevo acuerdo marco para la prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y otros soportes publicitarios a fin de hacer llegar a la ciudadanía "mensajes de interés". Será la tercera operación desde 2014 bajo esta fórmula, con la que la Administración busca mejorar la racionalización y la eficiencia en la contratación de servicios con características homogéneas.

El último acuerdo marco entró en vigor el 1 de marzo de 2018 y su duración -tras ejecutarse la prórroga de un año prevista en el pliego de cláusulas administrativas que reguló el procedimiento- se extiende hasta el 28 de febrero de 2021, de ahí la necesidad de la nueva licitación. En aquella ocasión, el presupuesto ascendió a 77 millones -a razón de 25,66 millones de euros por cada uno de los tres ejercicios, incluido el prorrogado- y fueron 14 las empresas inicialmente adjudicatarias: Adsolut SL, Avante Comunicación SL, Carat España SAU, Equmedia XL SL, Iniciativas de Medios SA, Maxus Spain SLU, Media Diamond SL, Media Sapiens Spain SLU, Mediacom Iberia SA, Mindshare Spain SA, Persuade Comunicación SA, Universal Mccann SA, Wavemaker Publicidad Spain SL y Rodrigo y Asociados Central de Medios SL.

La inversión pasa de los 25,66 millones de euros anuales de la etapa de Rajoy a los 28 millones del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos

Según ha podido confirmar El Independiente, el acuerdo que ultima el Ejecutivo plantea un incremento de la partida de 77 millones -presupuesto previsto tanto en 2014 como en 2017- a 112 millones de euros, si bien este montante englobaría no tres sino cuatro años (incluidos dos de prórroga). Desglosado, el presupuesto por ejercicio ascenderá a 28 millones, 2,34 millones más al año de lo previsto en la última operación centralizada. Ello supone un incremento anual del 9,11 %.

Se da la circunstancia de que, cuando la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada publicó el anuncio previo el pasado 24 de abril, se preveía que el valor estimado del contrato sería de "76 millones de euros". Esta cifra era similar al del anterior acuerdo marco, pero sensiblemente inferior a la que saldrá finalmente a licitación.

La ejecución de este contrato podrá alargarse hasta el 1 de marzo de 2025, con lo que cubrirá la mayor parte de la ejecución de los fondos europeos poscovid-19 ('Next Generation UE') como los años previos como el de las próximas elecciones generales. En condiciones normales, esta legislatura se extenderá hasta finales de 2023, máxime después de que Pedro Sánchez haya logrado sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 201, lo que da una mayor estabilidad al Gobierno de coalición.

La televisión se lleva el 82,14 %

De los dos lotes en que se dividirá el nuevo acuerdo marco, los servicios de compra de espacios publicitarios de las campañas que incluyan difusión en el medio televisión se llevarán la mayor porción del pastel. Concretamente, 92 de los 112 millones, lo que representa el 82,14 % del total.

Las prestaciones incluidas en esta contratación son la estrategia y planificación de la reserva de inserciones en medios de comunicación y otros soportes, la adaptación de la creatividad, la contratación en sí de los espacios publicitarios, el asesoramiento y apoyo técnico, el seguimiento y control de las campañas de publicidad institucional, la realización de una memoria a la finalización de la promoción en la que se detallen los resultados cuantitativos y cualitativos, así como la puesta a disposición de la Administración de los informes técnicos de herramientas de análisis, planificación, seguimiento y resultados de las campañas.

El acuerdo marco engloba a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, según establece la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 229.2. Al superarse la cuantía de los 12 millones de euros es obligatorio que se someta a decisión del Consejo de Ministros su autorización.