Interior paga a un profesor particular para que Marlaska mejore sus niveles de inglés y francés

El Ministerio del Interior ha contratado los servicios de una academia de idiomas para que Fernando Grande-Marlaska y otros cuatro altos cargos del departamento mejoren sus niveles de inglés y francés mediante "clases individualizadas" y con "programas personalizados". La acción formativa se desarrolla durante todo el año 2021, rozando el coste los 15.000 euros.

Así se detalla en la respuesta ofrecida por la Subsecretaría del Interior en cumplimiento de una resolución dictada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que estimó una reclamación presentada por este redactor después de que el ministerio hubiera denegado ofrecer inicialmente la información solicitada por la vía del silencio administrativo.

El pasado 13 de enero, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial -dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad- encargó a dedo a Interlang Servicios de Idiomas SL que imparta clases de idiomas a altos cargos por 14.972 euros, 28 euros por debajo del importe máximo que establece la ley para los contratos menores.

Se trata del mismo procedimiento con el que Interior adjudicó 40 días después la compra de una cinta de correr para la vivienda oficial que ocupa Grande-Marlaska -con un coste de 2.770,90 euros, impuestos incluidos- después de que se hubiera estropeado la que existía cuando él llegó al ministerio en junio de 2018. A diferencia de cómo ha actuado ahora, el departamento pidió en aquella ocasión presupuestos a Conarce SL, Flexthane SL y Entornos Tecnológicos y de Comunicación SL, empresa esta última a la que se hizo el encargo.

"Foros internacionales"

Los beneficiarios de la formación en materia de idiomas serán cinco altos cargos de Interior, entre ellos el ministro Grande-Marlaska. Éste recibe tanto clases de inglés como de francés, al igual que su directora de gabinete (Susana Crisóstomo). El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea, y la directora general de Política Interior, Carmen López, solamente son alumnos de inglés. Las sesiones se desarrollan entre el 15 de enero y el 10 de diciembre de 2021 y suman un total de 394 horas, lo que arroja un precio unitario de 38 euros.

"El principal objeto de esta formación es aumentar los niveles de conocimiento de inglés y francés de los participantes, mediante clases individualizadas, con la finalidad de mejorar la utilización de dichos idiomas en reuniones, negociaciones y conferencias de alto nivel. Estas clases permitirán, a cada participante, reforzar las destrezas en las que necesiten profundizar, de manera individualizada, con un programa personalizado que le permitirá aprovechar el tiempo con la máxima eficacia, pudiendo así responder a las demandas existentes en foros internacionales", justifica Goicoechea en su escrito.

Las clases se guían por un "programa personalizado" para aprovechar el tiempo "con la máxima eficacia", justifica el ministerio

Como titular del departamento en España, Grande-Marlaska forma parte del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE -órgano comunitario que se reúne una vez cada tres meses aproximadamente- y recibe y visita a autoridades de países africanos francófonos con los que el Gobierno mantiene relaciones para la lucha contra la inmigración irregular y el terrorismo yihadista, casos de Marruecos y Mali.

La Subsecretaría del Interior ha ofrecido la información exactamente seis meses y dos días después de que se le requiriera, a pesar de que la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece un mes como plazo máximo. Éste se puede ampliar por idéntico margen en caso de que la solicitud sea compleja o voluminosa -circunstancia que no invocó la Administración en este caso- y se notifique oportunamente.

La respuesta se ha proporcionado semanas después de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -en una resolución fechada el pasado 29 de junio- concediera al Ministerio del Interior un plazo de diez días hábiles para facilitar la información solicitada al no concurrir ninguno de los límites ni de las causas de inadmisión que prevé la citada norma.

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Invocando una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 2 de la Audiencia Nacional, el CTBG recuerda al departamento que dirige Grande-Marlaska que el acceso a la información pública es "un derecho fundamental reconocido a nivel internacional" y "esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones".

En paralelo, le reprocha a Interior que no le ofreciera las razones para denegar la información cuando instruía el expediente de reclamación y le dio trámite: "En el caso que nos ocupa, se constata también la falta de respuesta por parte del órgano a la solicitud de alegaciones formulada por el Consejo de Transparencia. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente, al no proporcionarle los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información con el fin de que pueda valorar adecuadamente las cuestiones planteadas por el reclamante".