Pere Aragonès durante la reunión del gobierno catalán
El Tribunal de Cuentas está a la espera de la respuesta de la Abogacía General del Estado sobre la legalidad del sistema de avales creado por el Gobierno de Pere Aragonés a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros que el órgano fiscalizador exige a 34 líderes independentistas por el supuesto desvío de fondos públicos en la promoción del proceso independentista en el exterior a través de las denominadas embajadas catalanas y el Diplocat.
Consejeros consultados por El Independiente dan prácticamente por descontado que los servicios jurídicos del Estado, encabezados por la abogada general Consuelo Castro, eludirán pronunciarse al respecto.
El Tribunal de Cuentas puso en duda la legalidad del procedimiento del Govern porque no existe base legal para afianzar con fondos públicos el dinero que se reclama a quienes pueden tener una responsabilidad contable en esta investigación e incluso penal en causas abiertas en tribunales por los gastos millonarios para promocionar el proceso independentista en el exterior.
A finales de julio, la instructora Esperanza García amplió el plazo para que los ex altos cargos que se considera tienen una responsabilidad contable por tales hechos -entre quienes están los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el ex vicepresidente Oriol Junqueras- depositaran la fianza millonaria o avales que aseguraran la cantidad exigida.
El presidente de la Generalitat dio una rueda de prensa para explicar el procedimiento elegido a través del ICF para avalar dichas fianzas que, aseguró, cumple con todos los requisitos legales para no incurrir en prevaricación o malversación de caudales públicos desde la Administración, según denunciaron los partidos de la oposición. Ciudadanos incluso llevó sus sospechas ante la Fiscalía.
El informe del abogado del Tribunal
Hasta los últimos días de julio quedó la duda de si la consejera instructora podía rechazar el sistema de avales de la Generalitat por las dudas de su legalidad.
Sin embargo, la decisión del Tribunal de Cuentas fue finalmente instar al Gobierno central a que se pronunciara sobre si el sistema era o no legal a través de la Abogacía del Estado, trasladándole la duda al abogado jefe ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys.
Éste respondió con una especie de evasiva, según consideran los consejeros consultados, a la petición que hizo directamente el presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Manuel Suárez Robledano, en lugar de la instructora.
García Monteys planteó sus dudas sobre la capacidad de la Abogacía de emitir un informe cuando actuó como parte en las Actuaciones Previas y ejerce las funciones de asesoramiento jurídico para el Tribunal. Trasladó su temor de que este aspecto pudiese "afectar directamente a la necesaria objetividad e imparcialidad que ha de regir la función consultiva" de la Abogacía del Estado.
Las fuentes consultadas por El Independiente consideran que, con dichos argumentos, abrió la puerta a que la Abogacía General del Estado responda ahora también que no le compete emitir una valoración al respecto y que podría influir en el procedimiento contaminándolo, a pesar de que una cosa es la fase instructora hasta ahora y la aprobación de los avales y otra será la de enjuiciamiento, según aclaran.
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