La otra pesadilla de Iván, el antidisturbios al que los 'indepes' jubilaron de una pedrada

Iván Álvarez estuvo a punto de morir hace dos años por el brutal impacto que sufrió en la cabeza cuando repelía los disturbios provocados por radicales independentistas en las calles de Barcelona tras dictar el Tribunal Supremo la sentencia que condenó a los líderes del procés. Las graves secuelas que le ha dejado la agresión le obligaron en noviembre pasado a colgar el uniforme y a jubilarse cuando no había cumplido aún los 43 años. "Imposibilitado totalmente para desempeñar las funciones propias de la Policía Nacional e inhabilitado por completo para toda profesión u oficio", concluyó el tribunal médico.

Desde hace casi un año, el policía gallego -indicativo Raya 32 cuando pertenecía a la VIII Unidad de Intervención Policial (UIP) con base en Vigo- vive una pesadilla para intentar cobrar la indemnización que le corresponde por el accidente que sufrió en acto de servicio, una cobertura incluida en la póliza colectiva que había suscrito el sindicato al que pertenecía -la Unión Federal de Policía (UFP)- con la compañía Axa y de la que él era uno de sus beneficiarios.

En la tarde-noche del 18 de octubre de 2019, Iván Álvarez cayó desplomado al suelo cuando se encontraba en la esquina de la barcelonesa calle Les Jonqueres -próxima a la Plaza de Urquinaona- en medio de los graves altercados provocados por radicales independentistas en respuesta al fallo que mandaba a prisión a los cabecillas del proceso soberanista como autores de un delito de sedición: "Estuvimos como media hora aguantando y nos retiramos a descansar un rato y a cargar material. Cuando volvimos nos colocamos en la zona central y mandaron evolucionar hacia la derecha. Desde ese momento ya no recuerdo nada".

La amnesia se la provocó el impacto de una piedra de grandes dimensiones sobre su cabeza, provocándole la fractura del hueso occipital y dejando una marca visible en su casco protector. Éstos se someten a exigentes pruebas antes de adquirirse a fin de comprobar que soportan disparos y el impacto de una masa metálica cilíndrica de 90 milímetros de diámetro -acabada en forma semiesférica- y cinco kilos de peso cayendo desde dos metros y medio sin poner en riesgo la integridad del agente, lo que da una idea de las dimensiones y de la altura desde la que debió de lanzarse el objeto. Ese duro golpe le ha ocasionado una pérdida de visión, sin posibilidad de recuperarla.

Traumatismo cranoencefálico grave

Sus compañeros lo llevaron en volandas unos metros para retirarlo de la línea policial y que pudiera ser evacuado hasta el Hospital Sant Pau de Barcelona, en cuya Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) permaneció durante casi dos semanas antes de regresar en un avión medicalizado a Vigo e ingresar en otro centro hospitalario durante otros 11 días. Diagnóstico: traumatismo cranoencefálico grave y crevicodorsal, neumonía bilateral broncoaspirativa, lesiones residuales postraumáticas en corteza occipital visual izquierda...

Fue la última vez que el agente se puso el uniforme de trabajo de la UIP, en la que llevaba 12 años enrolado. No era la primera vez que le habían enviado a Barcelona a prestar servicio. Como otros miles de policías de toda España, él también participó en el dispositivo extraordinario que puso en marcha el Ministerio del Interior en el otoño de 2017 con motivo del referéndum ilegal del 1-O, bautizado como Operación Copérnico.

El ya ex policía denuncia que la compañía con la que su sindicato tenía contratado el seguro de accidentes sólo le ofrece el 15% de lo que él cree que le corresponde

El 25 de noviembre de 2020, seis días después de que se formalizara su jubilación tras reconocérsele la incapacidad permanente absoluta por las heridas sufridas aquel 'viernes negro' en Barcelona, Iván Álvarez se personó con toda la documentación en las oficinas de la UFP en Vigo para que los servicios jurídicos centrales le gestionaran el cobro del seguro de accidentes. "A finales de enero, en vistas de que no me decían nada, volví al sindicato y pedí la póliza para ver qué cubría. La remitieron desde Madrid y en un principio me dijeron que, al ser de colectivo, no me podían dar una copia sino sólo enseñármela. Al cabo de unos días terminaron entregándomela con la condición de que no la hiciera pública", relata.

La póliza vigente en el momento de la agresión, a la que ha tenido acceso este diario, incluía cuatro tipo de coberturas. En caso de fallecimiento por accidente, los herederos de los funcionarios asegurados percibirían 30.000 euros, justo la mitad de lo que la compañía abonaría por una incapacidad permanente originada en acto de servicio. Los gastos del sepelio se tasaban en 2.000 euros y el óbito por cualquier causa, en 3.000 euros.

Seguía transcurriendo el tiempo y el dinero seguía sin llegar. "Estábamos ya en abril. Como ya me estaba cheirando (oliendo, en gallego) lo que iba a ocurrir, porque no tenía un papel de que se hubiera presentado algo ni una llamada de los asuntos jurídicos, pedí al sindicato en Vigo que hablaran con Madrid y me pasaran por escrito todo lo que hubieran hablado y todas las tramitaciones que hubieran hecho con Axa para tener algo a lo que agarrarme en caso de tener que hacer una reclamación", detalla. Y añade: "Al cabo de unos días me mandaron las conversaciones que habían mantenido con Axa. Cada vez que yo me acercaba al sindicato, una chica enviaba un correo electrónico a una dirección de la compañía solicitando información sobre el estado del supuesto. Durante seis meses mandarían cuatro o cinco correos, que no tuvieron nunca respuesta. Eso lo deduzco porque nunca me mandaron la contestación y porque en el email de mayo siguió escribiendo lo mismo que en el diciembre".

9.000 frente a 60.000 euros

Decepcionado con la actuación de la UFP, Iván Álvarez relata que presentó directamente una reclamación ante la aseguradora, que se comprometió a hacerle una oferta de indemnización en el plazo máximo de un mes. La respuesta llegó por correo electrónico a los servicios jurídicos del sindicato a las 13.51 horas del pasado 5 de julio. La compañía informaba de que, tras "revisar la información", tasaba las secuelas en el 15 % de los 60.000 euros del capital asegurado para la incapacidad permanente por accidente, lo que se traducía en una indemnización de 9.000 euros. "Les rogamos nos comunique la conformidad del asegurado, indicándonos su número de cuenta para poder realizarle la transferencia", indicó al sindicato la empleada que tramita el siniestro.

La "conformidad" nunca ha llegado. Iván Álvarez y sus abogados interpretan que, de la lectura de la póliza, se deduce "claramente" que le corresponden 60.000 y no los 9.000 euros que le ofrecen. El documento incluye un baremo con una treintena de posibles lesiones en el apartado de "invalidez permanente parcial", modalidad en la que la compañía somete al asegurado a una "peritación médica personalizada" que no ha realizado a Iván Álvarez. La invalidez permanente por la que el funcionario fue jubilado anticipadamente como policía fue "absoluta", de ahí que entienda que no es aplicable la reducción planteada por Axa. El 15 % que le ofrecen es menos de lo que la póliza prevé para el supuesto en que un asegurado perdiera la audición total en un oído (18 %).

"Es de coña. Pueden decir lo que quieran, pero yo no voy a aceptar eso", declara visiblemente molesto Iván Álvarez, que ha puesto el caso en manos de un bufete vigués (Grupo ABC) con vistas a interponer una demanda en caso de que la aseguradora mantenga la decisión expresada por escrito. A preguntas de este diario, fuentes de Axa han confirmado que hay abiertas negociaciones con los abogados del asegurado, decidido a ir a los tribunales para reclamar la cantidad que él considera que le pertenece.

El policía ya jubilado muestra su "disgusto" con la UFP -de la que ha sido afiliado durante 15 años- no sólo por no agilizar la tramitación de su indemnización sino por 'desentenderse' cuando la compañía le comunicó que le correspondían 9.000 euros. "Cuando le pregunté al compañero del sindicato en Vigo que si había comentado que no iba a aceptar la oferta, me contestó que en Madrid decían que, si no estaba de acuerdo, que denunciara yo", revela.

Iván Álvarez asegura que durante este tiempo llegó a enviarle dos mensajes por Whatsaap al secretario general de la UFP, Víctor Duque, "para informarle de lo que estaba pasando" y expresarle su "descontento" por cómo estaba gestionando el sindicato su caso y no le contestó. "Me he sentido olvidado, ninguneado y con la sensación de que este tema les molesta", censura.

El malestar del ya pensionista aumenta cuando repara en que el sindicato, en su estrategia de captación de afiliados, presume de tener "la mejor póliza de seguro de accidentes de todos los sindicatos de Policía Nacional", como airea en sus redes sociales. En los anuncios informa de que la "invalidez permanente absoluta" -situación reconocida a Iván Álvarez por la Dirección General- está cubierta con "60.000 euros", especificando que el capital asegurado en el caso de la invalidez permanente parcial es "según baremo al tipo de invalidez".

La póliza de la Dirección General

"En 15 años de policía de calle y 13 de UIP jamás tuve que hacer un parte médico. Nunca me pasó nada en mil fregados hasta que en una intervención casi fallezco. Y cuando crees que puedes hacer uso de algo que publicita el sindicato... Nunca crees que te va a pasar nada y no profundizas. Un día casi me voy para el otro barrio y piensas que tienes al sindicato que te apoya, pero en este tema ha sido un desastre. No puede decir que te paga 60.000 euros, luego te ofrecen 9.000 y se queda tan pancho y te dice que, si no estás de acuerdo, que te busques la vida. Me arrepiento de cada euro que he pagado de cuota", apostilla.

Iván Álvarez contrasta las dificultades que está teniendo para percibir la indemnización que cubre la póliza contratada por la UFP con la rapidez con la que se le hizo el abono que le correspondía -incapacidad permanente absoluta- por el seguro de accidentes que tiene contratado la Dirección General de la Policía con la compañía Generali. "En cuanto se me reconoció que las lesiones fueron ocasionadas en acto de servicio lo tramité y en 15 días me pagaron", concluye el antidisturbios ya jubilado, al que el Ministerio del Interior entregó en enero de 2020 una medalla al mérito policial que conlleva un incremento vitalicio de pensión del 15% (la de plata).

Fuentes de la UFP han indicado a este periódico que el baremo que aplica la aseguradora "no es el mismo" que el que rige para las administraciones públicas, al tiempo que añadieron que es la compañía y no el sindicato quien decide "lo que tiene que pagar". El funcionario está "en su derecho" de acudir a los tribunales si considera que la cantidad ofrecida por Axa no es la que le corresponde, agregaron.