La renovación del Tribunal de Cuentas acordada entre el Gobierno y el Partido Popular, que supondrá el relevo de todos sus miembros excepto dos, deja en suspenso la confirmación de fianzas millonarias a más de una treintena de dirigentes independentistas por el gasto público en promoción del procés en el exterior que hicieron a través de las embajadas catalanas y el Diplocat, así como distintos informes sobre contratos para comprar material sanitario durante la crisis de la covid-19 por valor de cientos de millones de euros por parte del Ejecutivo, las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que ya se estaba abordando si la falta de control en éstos podía ser constitutivo de responsabilidad contable.

El supremo órgano fiscalizador de las cuentas públicas pasará a tener a siete consejeros propuestos por el PSOE y seis propuestos por el Partido Popular que serán nombrados por las Cortes y tomarán posesión de su cargo previsiblemente la primera semana de noviembre.

Cambian los equilibrios en la institución, que hasta ahora contaba con siete miembros de tendencia conservadora propuestos por el Partido Popular en 2012 y cuatro propuestos por el PSOE. De la anterior etapa sólo se mantienen las consejeras de cuentas Enriqueta Chicano y Dolores Genaro (propuestas en su momento por los socialistas), postulándose la primera como futura presidenta.

La nueva composición favorece los intereses del Gobierno cada vez que se reúna el pleno, que tenía por delante ir abordando asuntos como los recursos de los líderes independentistas contra la decisión del órgano de rechazar los avales de la Generalitat para cubrir las fianzas millonarias que se exigieron a una treintena de líderes independentistas, entre ellos los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas o el ex vicepresidente Oriol Junqueras por el dinero desviado supuestamente para promocionar una Cataluña independiente en el extranjero.

Este asunto estaba tensando la relación del Ejecutivo de Pedro Sánchez con sus socios independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), partido al que pertenecen algunos de los condenados por el procés en el Tribunal Supremo a quienes el Gobierno indultó tanto la pena por el delito de sedición como por el de malversación. El Tribunal de Cuentas, un órgano que no es judicial, estaba abriendo el camino a asegurarse que los promotores del desafío soberanista responderían económicamente por el dinero público desviado. Una línea de trabajo dentro del órgano que ahora podría cambiar.

Mayoría progresista en el Pleno

Por otro lado, los informes en los que trabajaban consejeros del órgano fiscalizador sobre la gestión de la pandemia por parte de ayuntamientos, comunidades autónomas y, sobre todo, por el Ministerio de Sanidad durante la etapa de Salvador Illa, avanzaba un panorama difícil para el Gobierno. En éstos, aunque todavía en su fase inicial, ya se había encontrado un descontrol en ciertos contratos por cientos de millones de euros por los que se comenzó a pedir algunas alegaciones al Gobierno -es decir que estaba al tanto de los avances de Cuentas- viendo motivos de posible responsabilidad contable.

Cuando el pleno del órgano se reúna para decidir sobre si la promoción del proceso independentista en el exterior conlleva una responsabilidad contable y, por tanto, multas millonarias para líderes independentistas como los ex presidentes Puigdemont y Mas y el ex vicepresidente Junqueras, los progresistas contarán con mayoría.

El hasta ahora fiscal Miguel Ángel Torres Morato pasa a ser consejero de cuentas en la sección de Enjuiciamiento, lo que conlleva que tendrá que abstenerse de las decisiones sobre el gasto del procés al haber participado en la fase inicial del procedimiento, emitiendo sus informes. Esto deja a la sección que tiene la función jurisdiccional de decidir si impone multas a los líderes del procés con tres consejeros propuestos por el PSOE y el exfiscal, que no podrá actuar en este asunto.

Otra consejera que estaba decidida a perseguir el uso de fondos públicos en los viajes "diplomáticos" de los independentistas, Margarita Mariscal de Gante, a quien habría correspondido la fase jurisdiccional del asunto una vez acabada la instrucción, también ha quedado fuera de la institución.

Se esperaba que confirmase la fianza de 5,4 millones de euros impuesta de manera provisional por la instructora Esperanza García, rechazando el aval presentado primero por la Generalitat de Cataluña y después por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para cubrir dicha cantidad y evitar el embargo de los bienes de los líderes independentistas.

Consejeros salientes, molestos con el PP

El pasado jueves por la noche, cuando anunciaron el acuerdo de renovación de distintos órganos constitucionales, Gobierno y Partido Popular dieron a conocer el listado de los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas, la mayoría con perfiles académicos y pocos procedentes del propio órgano fiscalizador, lo que supone un cambio radical para una institución en la que algunos de sus consejeros cumplirían casi 30 años de carrera. Los nuevos miembros son Enriqueta Chicano Jávega, consejera del Tribunal de Cuentas; Isabel Fernández Torres, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid; Dolores Genero Moya, consejera del Tribunal de Cuentas; Helena Hernáez Salguero, expresidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Madrid; Diego Íñiguez Hernández, magistrado; Rebeca Laliga Misó, subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia; José Manuel Otero Lastres, catedrático de Derecho Mercantil; Joan Mauri Majós, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona; Javier Morillas Gómez, catedrático de Economía Aplicada; Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla, abogado del colegio de Vizcaya; María Luz Rodríguez Rodríguez, gerente tributaria de la Diputación de Barcelona y Miguel Ángel Torres Morato, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas.

Los consejeros propuestos por el Partido Popular en 2012 que han agotado su mandato y no han sido renovados están muy molestos con la formación de Pablo Casado. Nadie les llamó para comunicarles que no serían propuestos y, por tanto, tendrían que abandonar el puesto. "Todos nos enteramos por los medios de comunicación de que estábamos fuera y de los nuevos nombres", trasladaron a este diario con evidente enfado. Posteriormente, fuentes del PP de la Comunidad de Madrid les explicaron que había sido una decisión únicamente del presidente del partido y del secretario general, Teodoro García Egea, según explican.

Gestión de la covid-19

El próximo jueves está previsto que se debata en el pleno del órgano un informe redactado por uno de los consejeros de salida sobre el gasto público en ayuntamientos durante la pandemia. En éste podría trasladarse, según informan fuentes internas a este diario, un reproche porque se optara por contratos de emergencia bajo el paraguas del estado de alarma impidiendo controles previos.

Pero hay un informe más sensible y con conclusiones provisionales más duras sobre las decisiones del Ministerio de Sanidad respecto a los contratos de compra de material de protección frente a la covid-19 que todavía está en una fase inicial y cuyo impulso depende de la voluntad del nuevo consejero de cuentas a quien corresponda, puesto que también correspondía a uno saliente. Su impulso queda en el aire, igual que otro en el que se esperaba analizar si las adquisiciones realizadas por las consejerías de Sanidad de distintas comunidades autónomas se hicieron correctamente.

En su sesión del pasado 22 de diciembre, el pleno del Tribunal de Cuentas acordó incluir en el programa de fiscalizaciones para 2021 los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus tanto por parte de los ministerios de las áreas de administración económica y político-administrativa del Estado y sus organismos como por los ayuntamientos de los municipios con más de 300.000 habitantes.

El pleno del órgano fiscalizador aborda el jueves un informe sobre las compras de emergencia realizadas por los ayuntamientos el pasado año

De manera mayoritaria, las administraciones recurrieron al procedimiento de emergencia, posibilidad que la Ley de contratos del sector público -en su artículo 120- prevé ante acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. Esta modalidad no exige expediente de contratación alguno y dispensa del cumplimiento de cualquier requisito formal, pero no exime de otras estipulaciones como acreditar que la empresa elegida está al corriente de sus obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social o elevar la toma de razón de la contratación al Consejo de Ministros en el plazo máximo de un mes.

Como recordó la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en una nota informativa tras aprobar el Gobierno el real-decreto que habilitaba la contratación por emergencia para hacer frente a la crisis provocada por la covid-19, resultaba necesario publicar los datos que fueran necesarios respecto a la adjudicación y formalización de estos expedientes.

El mayor desembolso lo realizó el Ministerio de Sanidad, que otorgó al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) la condición de órgano de contratación para la materialización de los procedimientos de adquisición centralizada de mascarillas, guantes, batas desechables, respiradores, kits de detección, hisopos, gel hidroalcohólico... Las compras realizadas por el Gobierno superan los 3.236 millones, cantidad en la que se incluyen los 2.131 millones correspondientes al acuerdo marco promovido el pasado mes de noviembre para garantizar el suministro de material de protección ante nuevas oleadas tras las dificultades registradas al inicio de la pandemia por la sobredemanda a nivel mundial. 

Las compras de Sanidad se han imputado al programa presupuestario 26.09.313A.228 (‘Gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con la covid-19 en España’), al que se inyectó el Fondo de Contingencia y el crédito extraordinario de 1.000 millones de euros para que el departamento dirigido entonces por Salvador Illa pudiera financiar los gastos extraordinarios que está generando la lucha contra la pandemia.

Contratos fallidos

Con datos referidos hasta junio, Sanidad abrió durante el primer semestre de 2020 seis expedientes para rescindir contratos que sumaban 50.245.168,30 euros. De esta cantidad no le habían reembolsado en esa fecha el 12,34 % (sin incluir recargo ni intereses de demora) más de un año después de que se firmaran los contratos y se anticipara el dinero a los proveedores, condición impuesta entonces por la mayoría de los suministradores al dispararse la demanda en todo el mundo.

En un dictamen fechado el pasado 6 de mayo, el Consejo de Estado ha sugerido al Ministerio de Sanidad que ponga en marcha "mecanismos de comprobación interna" que determinen si el INGESA cumplió las exigencias que establece la ley en materia de contratación pública. Fue en el pronunciamiento con el que avaló que dicho departamento rescindiera el contrato firmado el 14 de mayo de 2020 con Member of the Tribe SLU para el suministro de 52 millones de guantes de nitrilo por 5.564.000 euros, uno de los que han resultado fallidos.

"El Consejo de Estado recuerda que, incluso en los supuestos en los que se acude a la contratación de emergencia, la Administración contratante no queda relevada de la obligación de verificar el cumplimiento por los contratistas de los requisitos básicos establecidos en la Ley de contratos del sector público para garantizar su capacidad y solvencia, así como para valorar la relación de su actividad con el objeto del contrato que se pretende celebrar", concluyó.

El cumplimiento o no de los requisitos que establece la normativa en materia de contratación es lo que tienen que evaluar ahora los distintos departamentos del Tribunal de Cuentas en un informe que han de remitir a los órganos concernidos a fin de que puedan realizar alegaciones antes de que el documento definitivo se eleve al pleno para su aprobación. Ese trámite ya se cubrirá con la nueva disposición resultante del acuerdo al que han llegado el Gobierno y el principal partido de la oposición.