El reto (casi) imposible de tramitar 70.000 millones de fondos europeos en tres años y con una Administración sin digitalizar

Los expertos consideran que España tendría que renegociar con Bruselas una ampliación del plazo de ejecución, acometer una digitalización integral de la Administración y propiciar una mayor implicación de las comunidades autónomas para gestionar de forma exitosa los 70.000 millones de euros en transferencias que recibirá con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la palanca que debe impulsar la salida a la crisis provocada por la covid-19.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recibido este lunes un regalo anticipado de Reyes de manos de la presidenta de la Comisión Europea. En un vídeo difundido a través de su cuenta oficial en Twitter, Ursula von der Leyen ha confirmado que nuestro país se convertirá en breve en el destinatario de la primera remesa de estos fondos: "Tan pronto como los estados miembros lo aprueben, España recibirá 10.000 millones. Esto se debe a que España ha realizado grandes progresos en la aplicación de Next Generation UE".

El Ejecutivo de coalición tiene un reto hercúleo por delante para cumplir el calendario que ha negociado con Bruselas y evitar el descrédito a nivel internacional que supondría no ejecutar la riada prevista de fondos en el plazo convenido, especialmente después de las reticencias que durante la negociación mostraron abiertamente países del Norte -caso de Holanda- a que la Unión Europea se endeudara para financiar este nuevo 'Plan Marshall'.

En parte, esa dificultad se deriva del hecho de la decisión voluntaria de Pedro Sánchez de optar por una ejecución en tres años (2021-2023) en lugar de seis (2021-2026), como ha acordado Italia. Esa medida provocará que el impacto sobre el PIB nacional se concentre en un escenario temporal más estrecho y, sobre todo, propiciará que la gestión del programa llegue a término coincidiendo con el final de la legislatura en curso. De agotarse el mandato, las próximas elecciones generales se celebrarían en el último trimestre de 2023.

La incógnita que se plantea es si la Administración española tiene capacidad suficiente para gestionar en tres años la inyección adicional de recursos que representan los Next Generation UE (70.000 millones de euros en transferencias directas más la posibilidad de acogerse a créditos por importe de otros 70.000 millones), cuya tramitación discurrirá en paralelo a la del nuevo ciclo de los fondos estructurales (2021-2027). En esta nueva programación, a España le han correspondidso 36.000 millones.

"Exceso de voluntarismo"

Expertos consultados por El Independiente consideran que haber limitado a tres años el periodo de ejecución es un "error estratégico" y denota un "exceso de voluntarismo" que, en su opinión, debería corregirse "renegociando con Bruselas" un nuevo calendario para disponer de un mayor margen. "Si no lo quiere hacer por alguna razón de tipo político, España presentará datos de ejecución real muy bajos", augura uno de los consultores con los que ha hablado este diario bajo condición de anonimato.

En su informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de presupuestos de las administraciones públicas para 2022, emitido a finales del pasado mes de octubre, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) pronosticó que en 2021 sólo llegaría al destinatario final (empresas y particulares) "unos 9.000 millones de euros" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una cifra muy alejada de los 24.205 millones consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio. Dicho de otra forma, tan sólo se habría gastado realmente el 37,18 %.

De cumplirse las previsiones de la Airef, el Gobierno tendrá que ejecutar en 2022 unos 15.200 millones de la cantidad no consumida en 2021 y en torno al 38,66% de la partida consignada en el proyecto de PGE para la próxima anualidad con cargo al programa Next Generation. Expresado en cifras absolutas, 10.400 de los 26.900 millones computados, lo que totalizaría -sumando las cantidades de ambas anualidades- unos 25.600 millones.

Pedro Sánchez acortó el plazo de ejecución sin que se lo impusiese Bruselas a 2023, año en que se celebrarán las próximas generales

El Ejecutivo ha tratado de soslayar las estrecheces de los plazos autorizando que las licitaciones financiadas por este programa de fondos de las UE puedan tramitarse por la modalidad de urgencia y que se hayan eliminado tanto requisitos de informes como de autorizaciones preceptivas, como se detalla en el decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Desde luego, 2022 es un año central. O se hacen las cosas muy bien o vamos a acumular un nivel de falta de ejecución que haría imposible que todo pudiera llevarse a 2023 y que se pudiera ejecutar al completo", advierte uno de los especialistas. A su juicio, la "solución" para allanar el camino y conjurar ese riesgo pasa indefectiblemente por negociar la ampliación del plazo pactado con la Comisión Europea, de forma que se pudiera alargar la gestión del programa hasta 2026.

Este experto considera que el Ejecutivo de Sánchez se encuentra ante una "situación idónea" para pactar con las autoridades comunitarias dicha reprogramación ante la previsible petición de los 70.000 millones que le corresponden a España vía préstamos, lo que le obligaría a detallar a Bruselas en qué piensa gastar esos recursos. "Podría hacerlo así de manera muy natural", resalta.

Más juego a las comunidades autónomas

Alargar el margen de ejecución de los 70.000 millones es una de las soluciones estructurales que señalan los especialistas con los que ha conversado este medio, pero no la única. También defienden la necesidad de que la Administración General del Estado implique de manera más activa a las comunidades autónomas, relegadas en la concepción del plan a un papel secundario como mero instrumento de gestión.

En el sector de la consultoría señalan otras posibles "soluciones correctoras" para que la Administración pueda "digerir" de forma adecuada el alud de fondos europeos que tendrá que tramitar sin que termine empachada. "Lo que nosotros consideramos más urgente y necesario es proceder a una completa digitalización de las administraciones y sus procesos. Con ello se acortarían los largos plazos de resolución de las convocatorias de subvenciones y se haría menos necesario el número de funcionarios implicado en cada proceso", razona el economista Ignacio Niño, senior advisor en EY, donde asesora a empresas e instituciones públicas para aprovechar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Airef calcula que en 2021 tan sólo llegará al destinatario final el 37,18 % del dinero que el Gobierno había previsto en los PGE

Con una dilatada experiencia previa en las administraciones local, regional y estatal, Niño considera que España tiene todavía tiempo "de sobra" para automatizar los procesos de sus administraciones, lo que le permitiría reducir "a la mitad o menos" el tiempo que se tarda actualmente en tramitar las subvenciones desde que se lanza la convocatoria hasta que se entrega el dinero.

"Sólo con una combinación determinada de medidas de digitalización y automatización de procesos, de simplificación efectiva de procedimientos y de aumento de los equipos especializados será posible asumir esta operación. Sin una apuesta efectiva por la automatización en la gestión del plan, absorber todos esos fondos será misión imposible", advierte.

Según este especialista, la financiación del proceso de modernización de la Administración no debería comportar excesivos problemas, por cuanto -previa consulta a Bruselas- podría sufragarse con los propios recursos del Plan de Recuperación toda vez que podrían justificarse como gastos derivados de la gestión del programa Next Generation. Los fondos estructurales, de hecho, prevén un tope del 4 % para las asistencias técnicas que faciliten su ejecución.

"No ser capaz de ejecutar este dinero sería un descrédito enorme para España a nivel europeo y sería un precedente que pesaría mucho para el resto de países a la hora de aceptar, en cinco u ocho años, un nuevo Plan de Recuperación. A nivel nacional sería una pérdida de oportunidad histórica", apostilla uno de los expertos.