Hace treinta años que comenzó su pesadilla económica y desde entonces Hacienda no ha dejado de pisarle los talones. Agapito García Sánchez (Noblejas, Toledo, 1942) volvió a aparecer la semana pasada en la lista de morosos de la Agencia Tributaria como la persona física que más dinero debe al fisco (lleva liderando el ránking desde 2015, cuando se publicó por primera vez) con una deuda de 14,9 millones de euros. Una cantidad que difícilmente podrá satisfacer algún día puesto que ya está jubilado y su disponibilidad económica es muy corta, como trasladan fuentes de su entorno a El Independiente.

El empresario, que en los años 80 amasó una importante fortuna en el mundo de la construcción y se adentró en las sociedades de inversión de capital variable (sicav) vio truncado su éxito con la venta de cuatro compañías de materiales de hormigón a la británica Steetley PLC por 23 millones de euros. Hacienda consideró que había tratado de eludir impuestos con la operación y en 1990 le reclamó una multa de 20 millones que, con impuestos y recargos, ascendió a los 36 millones de los que aún le quedan por pagar casi 15.

Por un corto espacio de tiempo, el número uno de los morosos fue un hombre libre, estuvo a punto de olivdarse de la desorbitada multa que le pedía el Estado

Pero la historia del pulso de Agapito Sánchez con la Administración Tributaria es digna de guion de película. De hecho, en octubre se estrenó en la Seminci de Valladolid el documental ‘Hechos probados’ del director y guionista Alejo Moreno basado en su historia. Por un corto espacio de tiempo, el número uno de los morosos fue un hombre libre, estuvo a punto de olvidarse de la desorbitada multa que le pedía el Estado.

El empresario ganó un primer pulso a la Administración en el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, que no le consideró responsable de evadir impuestos en la operación de 1989 y le absolvió, igual que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Allí, los magistrados vieron que se trataba de “operaciones que, de manera aislada e individual son legales y lícitas”, así como que sus sociedades habían sido “legalmente constituidas” y cumplieron con “las obligaciones fiscales y la normativa que a cada una de ellas afecta”.

La Abogacía del Estado, no contenta con tal resolución, recurrió en casación ante el Tribunal Supremo que sí vio delito porque consideró que las instancias judiciales previas habían valorado los hechos desde el plano penal y no “estrictamente fiscal”.

Aquél fue el inicio del fin del empresario, que después de enfrentarse a Hacienda en los tribunales vive su día a día sintiéndose víctima de una “barbaridad”, como se recogió en el documental 'Hechos probados'. En éste denunció la “brutalidad” con la que actúa la Agencia Tributaria contra él.

Evitó la prisión en 2020

En 2020, justo cuando estalló la pandemia del coronavirus, Agapito García ganó su última batalla con Hacienda en los tribunales tras la que no ha habido sustos puesto que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han recurrido.

Ambas le acusaban de un delito contra la Hacienda Pública en el IRPF de 2009 por una operación de cesión realizada a través de su sociedad Mirador de la Dehesa. Además de una multa de 4,7 millones, la Fiscalía pedía para él cuatro años de prisión y la Abogacía del estado, tres.

El juicio contra él, que debió celebrarse en diciembre de 2018 y se suspendió porque Hacienda no presentó documentación fundamental para la causa solicitada por su abogado, Pablo Molina Borchert, se retomó en febrero de 2020. Un mes más tarde, justo cuando estalló la pandemia de coronavirus, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid emitió sentencia absolutoria.

En ésta, a la que ha tenido acceso este diario, los magistrados Jesús Gómez-Angulo, Juan Bautista Delgado y Ana Rosa Núñez concluyeron que el cuadro probatorio era insuficiente para certificar los delitos fiscales que le atribuían el Ministerio Público y la Abogacía. Agapito García ganaba esta vez la batalla a Hacienda y evitaba entrar en prisión, pero la deuda multimillonaria por el histórico pulso librado contra la Administración Tributaria continúa marcando su día a día.

A sus 79 años, apartado ya de la actividad empresarial y subsistiendo con una pensión no muy alta según trasladan desde su entorno, tiene difícil, por no decir imposible, pagar la multa que un año tras otro le mantiene en el podio de los morosos con Hacienda.