Los letrados de la Administración de Justicia de toda España, antiguos secretarios judiciales, están llamados este miércoles a la huelga convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) para reclamar mejores condiciones laborales.

Por un lado, y como medida más inmediata, reclaman a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que pague a los más de 4.000 funcionarios con tal puesto en España los más de 195 euros suscritos en un acuerdo del Ministerio con los sindicatos mayoritarios CSIF, STAJ, UGT y CIG a mediados de diciembre.

Precisamente también piden negociar directamente con el Gobierno, y no a través de "los sindicatos generalistas de funcionarios", para lo que reclaman un borrador de modificaciones legales que permita al Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia esa interlocución.

El colectivo -que en un 30,34% ha secundado el paro en toda España según los datos proporcionados por el propio Ministerio- se queja de que tiene una retribución inferior a los funcionarios de la Administración de Justicia de nivel A1, por lo que en esta primera huelga que se presenta a Llop como ministra de Justicia piden un "acuerdo escrito, tangible y ejecutable" para avanzar en 2022 y 2023 hacia esa equiparación que de "dignidad" a su labor. El salario medio de un letrado de la Administración de Justicia de tercera categoría, sin tener en cuenta los trienios que pueden cambiar cada situación, está entre los 1.500 y 1.600 euros mensuales.

Dentro de esa equiparación, los convocantes de la huelga piden nuevos complementos para pagar sus guardias, puesto que se quejan de que "la Administración de Justicia es la única en la que "un cuerpo A1 cobra la misma cuantía en concepto de guardia que un C2". También reclaman un "complemento para los nuevos encargados del Registro civil que garantice que perciben un salario bruto igual al que perciben los magistrados encargados", así como un "calendario de oposiciones al Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia que de certeza sobre la regularidad de la convocatoria y de las fechas de los exámenes".