El Gobierno vasco ha aprobado hoy su proyecto de ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la inclusión en el que integrará el Ingreso Mínimo Vital del Estado, cuya competencia asumió en marzo, y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vasca. El nuevo modelo de ayudas sociales establece incrementos de cuantías, incorpora nuevos colectivos de posibles beneficiarios, flexibiliza los criterios exigidos y refuerza los mecanismos de control y sanciones en casos de incumplimientos.

El sistema establecido determina que la cuantificación de las ayudas en cada caso se determinarán con el importe base del IMV como punto de partida, 491,63 euros al mes y a partir de ahí se añadirán complementos en función de las circunstancias en cada caso. Los importes se elevan de manera importante en caso de tener menores o pensionistas al cuidado en una misma unidad familiar. Así, en el caso de familias con dos adultos, y dos niños la ayuda social puede alcanzar hasta los 1.425 euros al mes. A ello se suma la posibilidad de acceder a otra ayuda por pago de vivienda, de 275 euros al mes, pero que a partir de ahora se deberá tramitar a través del departamento de vivienda que lo incluirá en la nueva ley.

El modelo de ayudas sociales establece tener que reunir una serie de requisitos tanto en lo relativo a los ingresos económicos como de carácter social. En términos generales se rebaja de tres a dos años la exigencia de empadronamiento en Euskadi y se permite que jóvenes mayores de 18 años en determinadas circunstancias puedan solicitar las ayudas, ahora limitado a mayores de 23 años. Además, para intentar reducir los casos de fraude se creará una unidad de inspección y se revisará la concesión de las ayudas al beneficiario cada tres meses.

Protección a menores y pensionistas

También se amplían las situaciones en las que se podrá solicitar este tipo de ayudas en caso de pertenecer a colectivos especialmente vulnerables como ser víctimas de violencia de género, víctima de trata o explotación sexual o padecer algún tipo de discapacidad que limite el acceso al mercado laboral. Las ayudas también se facilitan a las personas que tengan la condición de refugiadas, a las que no se les pedirá antigüedad en el empadronamiento. También las víctimas del terrorismo que tuvieron que abandonar Euskadi podrán solicitar este tipo de ayudas si cumplen una serie de requisitos.

La nueva ley, que aún debe tramitarse en el Parlamento Vasco, elimina limitaciones como la del número de hijos que podrá ser contabilizados para fijar la cuantía de las ayudas. Hasta ahora tan sólo se incluía a tres menores. Se incrementará en un 30% del importe base del IMV por cada menor a cargo del beneficiario. Además, en casos de incumplimientos no se procederá a su supresión de la ayuda si existen menores, en aras a asegurar su protección, pese a que sí se podrán ver afectadas otro tipo de prestaciones.

El rango de ayudas se establece entre los 773 euros al mes en el caso de un adulto vulnerable -hasta 983 en el caso de dos adultos- y los 1.425 euros para una pareja con tres hijos. Además, el segundo colectivo especialmente protegido es el de los pensionistas. Una persona que perciba una pensión y reúna condiciones que le conviertan en vulnerable podrá recibir hasta 938 euros de ayuda social. Además, en una unidad familiar compuesta por dos adultos y un pensionista que cumplan los requisitos de especial vulnerabilidad las ayudas sociales podrán oscilar entre los 1.127 y los 1.327 euros.