José Domingo (Barcelona, 1959) es probablemente una de las personas que más ha batallado por el reconocimiento del castellano en la escuela en Cataluña. Preside Impulso Ciudadano y participa en la Asociación por la Escuela Bilingüe tras haber participado en los orígenes de Ciudadanos y de Sociedad Civil Catalana. Ahora ve con esperanza el final de esta batalla con la aplicación de la sentencia del 25%. Pero no confía en la predisposición del Govern a acatarla, sino en la determinación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a hacer que se cumpla.

A la espera de conocer el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, advierte que la Ley del catalán no frenará la sentencia. Y avisa de la intención de la AEB de llevar ese texto al Tribunal Constitucional, vía Defensor del Pueblo, por el trato discriminatorio que hace del castellano. Paradójicamente, sería la primera vez que el alto tribunal examine una ley lingüística de la Generalitat.

Pregunta.- ¿Estamos al final del camino en la aplicación del 25%, pese a estas maniobras de la Generalitat? ¿Lo veremos el próximo curso?

Respuesta.- Yo confío en que sí. Creo que el tribunal va a ser inflexible en la ejecución de la sentencia. No tiene otro camino, la Constitución establece que los servidores públicos deben cumplir la sentencia y una de las obligaciones de los magistrados es hacer cumplir las sentencias. Si no estaríamos en una situación gravísima. No creo que el tribunal vaya a ceder en la aplicación del modelo de conjunción lingüística. Si el consejero no quiere poner “vehicular” y quiere poner “curricular” es igual, lo que hay que entender es que en todo el sistema educativo catalán tiene que garantizarse una presencia adecuada de las dos lenguas oficiales.

P.- ¿Qué efectos tendrá, en caso de aprobarse a tiempo, la Ley del catalán?

R.- Esta ley no tiene ningún efecto en lo que se refiere a la ejecución de la sentencia. El Tribunal no ha ordenado al Govern que apruebe una ley o que modifique el régimen lingüístico para hacer que el catalán sea la única lengua vehicular.

La ley del catalán no tiene ningún efecto en la ejecución de la sentencia del 25%

El encargo del tribunal al consejero de Educación es que dicte unas instrucciones para garantizar que todos los alumnos reciban al menos el 25% en castellano y en catalán. Y que se encargue de vigilar el cumplimiento de estas instrucciones. Prácticamente estamos a punto de agotar el plazo y no han dictado ninguna instrucción en ese sentido.

P.- ¿Cuál cree que será la respuesta del TSJC, en caso de que se llegue a aprobar la ley?

R.- El tribunal no tiene otra solución que afearle el comportamiento al consejero y pedirle explicaciones. La sentencia iba en dirección contraria. El TSJC aplicará la ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dado que existe actitud recalcitrantemente incumplidora.

P.- ¿Qué consecuencias puede tener?

R.- La ley establece un régimen de multas a las autoridades o funcionarios incumplidores, que pueden llegar a los 1.500 euros al día. O, si considera que esa actitud es especialmente grave, puede entender que es un supuesto de desobediencia y tendría que librar testimonio a la sala de lo penal.  

P.- ¿La AEB denunciará al consejero por desobediencia si no abre la vía el TSJC?  

R.- Valoraremos primero la respuesta del consejero. Está requerido por el tribunal para que le informe de lo que ha hecho. Quizá nos sorprende y dicta unas instrucciones correctas… pero no confiamos mucho a la vista de lo que ha estado haciendo y de sus propias manifestaciones. Una vez valorada la documentación, si creemos que no cumple la sentencia nos veremos abocados a una decisión que es especialmente incómoda, pero tendremos que poner de manifiesto ante el tribunal esos incumplimientos.

Los padres defendidos por la AEB tienen derecho a una indemnización si no se vean reconocidos los derechos lingüísticos que el TSJC ha dicho que tienen

La consecuencia puede ser penal, con apertura de diligencias previas por posible delito de desobediencia. O prevaricación si ha dictado una instrucción claramente en contra de la sentencia. También de orden indemnizatorio; hay que tener en cuenta que el incumplimiento de la sentencia está afectando a los padres que han pedido a la AEB que defienda sus intereses ante los tribunales. Esos padres tienen derecho a una indemnización en el supuesto de que no se vean reconocidos los derechos lingüísticos que el TSJC ha dicho que tienen.

P.- Salvador Illa dice que esta Ley del catalán acata la sentencia, ¿lo comparte?

R.- Ni la acata ni la desobedece. Una ley no está llamada a acatar una sentencia. La ley no impide la ejecución de la sentencia, su contenido es muy similar a la Ley de educación catalana y la Ley de política lingüística y tanto el TSJC como el Tribunal Supremo vienen a decir que el hecho de que se silencie que el castellano es lengua vehicular no quiere decir que deje de serlo. La vehicularidad viene del hecho de ser lengua oficial y eso lo marca la Constitución. Se debe entender que las dos lenguas son oficiales y por tanto vehiculares.

P.- ¿El hecho de que sí reconozca el uso del castellano como lengua de aprendizaje es un avance?

R.- El problema de esta ley es que establece un doble estatus. El Constitucional ya estableció en la sentencia del Estatut que eso es imposible, que no cabía preferencia a favor de una lengua. Esta ley puede ser inconstitucional en la medida en que diferencia consecuencias, el hecho de ser lengua propia le da carácter de lengua vehicular. El TC avala el concepto de normalización lingüística. Pero la normalización lingüística no puede ser que todos alumnos estén obligados a usar el catalán, eso sería invadir el derecho al libre uso de la lengua. La normalización es garantizar las condiciones para que todos los alumnos puedan conocer en igualdad de condiciones catalán y castellano.

Me parece especialmente inconstitucional que se garantice que a los alumnos extranjeros o del resto de España la primera lengua va a ser el catalán. El art. 3 de la Constitución establece que la lengua que se debe conocer es el castellano, ese aspecto es discriminatorio y tiene una carga inconstitucional clara.

Probablemente, a pesar de lo que diga el Consejo de Garantías Estatutarias, habrá algún grupo parlamentario que llevará esta ley al Constitucional. Lo ideal sería que lo hiciera el Gobierno.

P.- ¿Lo harán ustedes?

R.- Ya avanzo que desde la AEB vamos a valorar pedir al Defensor del Pueblo la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. El diferente estatus de catalán y castellano nos parece discriminatorio, da diferente trato a una lengua y la otra.

El PSC ha priorizado llegar a acuerdos con las formaciones que lideran el nacionalismo lingüístico, JxCat, ERC y los comunes

P.- ¿Cómo valoran el papel del PSC en este proceso?

R.- Ha priorizado llegar a acuerdos con las formaciones que lideran el nacionalismo lingüístico, JxCat, ERC y los comunes. Clarísimamente en este tema comunes se alinean de forma muy militante con los ultras del nacionalismo lingüístico. El PSC se ha equivocado en la medida en que ha contribuido a diferenciar entre lenguas oficiales. Sin embargo en la interpretación que hace, escuchando a Illa parece que se arrepienta de ese papel. Defienden el papel del castellano como lengua vehicular pero no han sido capaces de llevar esa terminología a la ley.

Hubiéramos preferido un PSC más militante, que acompasara sus declaraciones públicas con lo que realmente se ha incorporado a la proposición de ley. Pero coincidimos en que la ley no dificulta la aplicación del 25%.

P.- ¿Qué opina de los informes de Enseñanza según los cuales se ha producido un gran retroceso del uso del catalán en las escuelas?

R.- La razón que ha justificado que el catalán sea lengua única en la práctica en la escuela ha sido que el catalán es la lengua más débil. Cataluña ha recibido millón y medio de personas extranjeras en los últimos años y muchos de ellos se han incorporado al sistema educativo catalán. Algunos son hispanohablantes pero otros muchos no lo son. Eso no quiere que haya menos hablantes del catalán, ni que haya bajado el nivel de catalán cuando completan sus estudios según los propios estudios de la Consejería.

Muchos alumnos conocen el catalán pero en sus relaciones personales no usan este idioma con la frecuencia que desearía el nacionalismo lingüístico

Pero el conocimiento no implica obligación de uso, y aquí hay una grave disfunción. Muchos alumnos conocen el catalán pero en sus relaciones personales no usan este idioma con la frecuencia que desearía el nacionalismo lingüístico. Pero eso es una circunstancia de elección personal de los catalanes.

P.- El Govern tiene un plan para favorecer el uso del catalán en espacios no lectivos, como el patio o el comedor.

R.- Establecer ahora ese concepto holístico que vamos a valorar la lengua del patio para computarla como horas lectivas es un absurdo. Muchos de estos niños extranjeros utilizarán otras lenguas. ¿Esto significa que hay menor uso del catalán? No, simplemente la gente usa el idioma que quiere.

El nacionalismo lingüístico está obsesionado con vivir plenamente en catalán, y para ellos eso es no escuchar una palabra de castellano, porque tienen un componente hispanófobo clarísimo. Lo que les molesta no son otras lenguas, sino el castellano. De hecho ese nacionalismo lingüístico hace gala del plurilingüismo en las escuelas catalanas, te hablan de 300 lenguas y lo ponen como factor de riqueza. Pero si una de esas lenguas tiene la importancia del castellano, la mayoritaria entre los catalanes, eso es un problema. Si ese es el argumento para poner más presión del catalán en la escuela, está destinado al fracaso porque convertirán en más antipático un idioma que todos los catalanes deberíamos querer.