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El juez archiva la causa contra Colau por las subvenciones a entidades próximas a su partido

Colau denuncia la "guerra sucia judicial" contra su consistorio y reclama una reflexión sobre "quién está detrás de estas querellas y quién las financia"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. EFE

El magistrado de instrucción 21 de Barcelona ha archivado la investigación contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por la concesión de subvenciones a entidades próximas a su partido, Barcelona en Comú, entre los años 2014 y 2021.

Colau declaró como investigada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público a raíz de la querella presentada por la entidad constitucionalista Asociación por la Transparencia y Calidad Democrática en diciembre del año pasado.

«Guerra sucia» judicial

La alcaldesa de Barcelona se ha felicitado por el archivo de la querella pero ha denunciado la «guerra sucia judicial» contra su consistorio. «Estoy contenta pero esto no acaba aquí» ha lamentado Colau. «Llevamos diez querellas archivadas y hace falta una reflexión democrática de fondo» sobre el uso de esta vía para desgastar a su partido.

«Es evidente que estas querellas persiguen intimidarnos» ha añadido Colau, que ha asociado estos ataques a su defensa de derechos fundamentales «como el derecho al agua o a una vivienda. Si pretendían intimidarnos están consiguiendo lo contrario» ha añadido, «porque estamos más determinados que nunca».

Colau ha tachado de «asociación fantasma» a la impulsora de la querella y ha reclamado una reflexión sobre «por qué se ponen estas denuncias, quién está detrás y quién lo financia, porque presentar querellas es muy caro». La líder de los comunes se ha respondido ella misma, apuntando a «grandes corporaciones», sin mencionar esta vez a Agbar, a las que ha acusado de pretender «dar la idea de que todos los políticos son corruptos y no es verdad no somos todos iguales y ha quedado demostrado».

La inverventora vio «meras irregularidades»

Este viernes, el juez que ha investigado los hechos ha archivado la causa al no ver que los hechos constituyan ninguna infracción penal. En el auto con el que da por concluida la investigación, el juez Ignacio Sánchez García-Porrero concluye que «de la prueba practicada hasta la fecha, en concreto la declaración de la investigada, documental y la testifical de la interventora del Ayuntamiento no se desprende ninguna conducta que pueda subsumirse en ninguno de los preceptos penales apuntados.

Así por un lado consta que cuando la investigada tomo posesión de su cargo con alcaldesa del Ayuntamiento delegó parte de sus funciones, entre las que figuraban la de concesión de subvenciones en las diferentes estructuras de las áreas y gerencias, no constando que diera instrucciones o indicación alguna al respecto en dicha materia.

Por su lado la interventora del ayuntamiento C. T., funcionaria de carrera y por ende no dependiente de una determinada adscripción política, que depuso de forma amplia confirmó, tras explicar el mecanismo de aprobación de las subvenciones, que ella nunca observó ninguna conducta mas allá de meras irregularidades pero que nunca transcenderían al ámbito penal, por ultimo y en relación a los distintos expedientes aportados a la causa, que son base de la acusación en ninguno de ellos se detecta irregularidad alguna habiendo sido aprobados por mayoría por el pleno del Ayuntamiento y siguiendo las normas establecidas con independencia de que se pueda estar o no de acuerdo con el objeto de la subvención.

En la querella se vieron indicios de responsabilidad de la política en la concesión de ayudas a distintas entidades como Observatori DESC, Ingenieros Sin Fronteras o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que los denunciantes consideran «próximos» a Barcelona en Comú y que estiman que se concedieron a dedo, de manera arbitraria y sin seguir los trámites correspondientes.

La Fiscalía ya archivó unas diligencias de investigación que inició en marzo de 2021 a raíz de una denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución en la que se relataban hechos similares, apuntando tanto a Colau como a los dirigentes de los comunes Gerardo Pisarello, ex teniente de alcalde y actual vicepresidente del Congreso, la ex regidora Gala Pin y la asesora de Vivienda del consistorio y pareja de Pisarello, Vanesa Valiño.

Los denunciantes señalaron que los lazos de los denunciados con estas entidades supusieron la financiación de estas asociaciones, que en los últimos años han recibido subvenciones por valor de 3.433.621 euros. De esta cantidad, corresponden 1.201.892,66 euros al Observatorio DESC y 645.692,65 euros a Ingenieros sin Fronteras. 

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