Los 46 millones que da el Gobierno para jubilaciones de 'mossos' soliviantan a los sindicatos policiales

La decisión del Gobierno de transferir 48,5 millones para financiar las jubilaciones anticipadas de los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra ha soliviantado a los sindicatos policiales, que consideran que esta medida aleja su objetivo de lograr la equiparación salarial total con los cuerpos autonómicos.

En su reunión de este martes, el Consejo de Ministros autorizó la transferencia de crédito de 48.529.368,84 euros que había solicitado la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local a fin de costear la jubilación anticipada de la Policía de la Generalitat (46.058.122,63 euros) y de la Policía Foral (2.471.246,21 euros).

El sindicato Justicia Policial (Jupol), mayoritario en el Cuerpo Nacional, se ha mostrado "indignado" con esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que -en su opinión- va en "dirección contraria" a la consecución de la equiparación salarial absoluta que policías nacionales y guardias civiles reclaman desde hace años. Los 807 millones desembolsados por el Ministerio del Interior en el trienio 2018-2020 ha recortado la brecha, pero no ha solucionado totalmente la desigualdad retributiva.

El histórico acuerdo de equiparación salarial firmado en marzo de 2018 por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), con cuatro sindicatos de la Policía Nacional (SUP, CEP, SPP y UFP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) ha permitido incrementar las nóminas de estos funcionarios un 20 % de media en relación con las cantidades que percibían antes, pero quedan flecos pendientes para que pueda darse por cumplido en todos sus extremos. 

En concreto, falta elaborar un auditoría que realice una comparación puesto a puesto con las policías autonómicas para calcular realmente si los 807 millones de euros abonados son suficientes para cerrar la brecha (la consultora contratada no dispuso de todos los datos y fue condicionada por la Administración a la hora de hacer sus estimaciones), no se ha dado el impulso legislativo comprometido por el Gobierno de Rajoy para evitar que en el futuro pudieran producirse nuevamente diferencias salariales importantes y no se han desembolsado los 300 millones anunciados para incentivar el reingreso de la segunda actividad al servicio activo. Las organizaciones no olvidan estas tres cláusulas y demandan su cumplimiento.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, considera que el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros esta semana es una "auténtica falta de vergüenza", una "nueva falta de respeto a todos los policías nacionales y guardias civiles" y la demostración de que el Ejecutivo "está vendido a los partidos independentistas, a los que concede sin rechistar cualquier pretensión con el único objetivo de conservar sus sillones en el Gobierno".

Según las cuentas que airea este sindicato, que declaró el pasado mes de mayo a la Administración conflicto colectivo por la falta de equiparación salarial entre otros motivos, la diferencia salarial entre un policía nacional y un mosso con la misma categoría e idénticas responsabilidades es hoy de 600 euros al mes a favor del funcionario de la Generalitat. Esa desigualdad, añade, "se incrementa hasta los 900 euros en el caso de los agentes jubilados o prejubilados".

También el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha mostrado este miércoles crítico con la decisión del Ejecutivo de autorizar una transferencia de 48,5 millones para financiar las jubilaciones anticipadas de mossos y policías forales. "El Gobierno no puede seguir usando el pretexto de que 'no hay presupuesto' para cumplir los acuerdos económicos y laborales con la Policía Nacional. La falta de dinero para atender las necesidades básicas de los policías es una excusa repetitiva que falta a la verdad", censuran en un comunicado.

Cataluña y la Zona de Especial Singularidad

Esta organización considera que la cuestión es "más dolorosa" en el caso de Cataluña, dada la "negativa" de Interior a atender la demanda que viene formulando éste y otros sindicatos para que se declare esta comunidad como Zona de Especial Singularidad (ZES). Ello acarrearía incentivos económicos y sociales que permitirían que los funcionarios arraigaran y no fuera un destino 'de paso' para muchos agentes, como viene ocurriendo en los últimos años por la carestía de vida y la situación provocada por la presión independentista.

"Los mossos se jubilan con 60 años y con 800 euros de media más que un policía nacional. También cobran horas extras y asistencia a juicios, todo lo contrario que los policías. Denunciamos esta nueva situación de discriminación frente a otros cuerpos de seguridad, exigimos el mismo trato para los policías nacionales y reclamamos el cumplimiento de una vez por todas de las cláusulas que quedan por ejecutar del acuerdo de equiparación, además de la declaración de zona ZES para Cataluña", añade el SUP.