España

El récord de Pedro Sánchez: Gobernar a golpe de más de 120 decretos-ley

El jefe del Ejecutivo ha superado todas las marcas de sus predecesores, y cuando se tramitan como proyecto de ley se practica la dilación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. EUROPA PRESS

Pedro Sánchez tiene el honor de haber batido todos los récords, si no totales, sí porcentuales respecto a sus seis predecesores en la Moncloa. Y en el año y medio que le queda de legislatura superará las marcas de un Ejecutivo que gobierna a fuerza de decreto-ley, ese mecanismo que tanto le afearon los socialistas a Mariano Rajoy y del que ahora Moncloa usa y abusa indiscriminadamente, convirtiendo la excepción en norma.

En cuatro años, esto es, de junio de 2018 , cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, día de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado unos 124 decretos-ley. Sólo les supera los gobiernos de Felipe González con 130, eso sí, en 14 años de mandato, y José María Aznar con 127, en ocho.

Pese a las críticas que el PSOE vertió contra Mariano Rajoy acusándole de echar mano de un modelo de gestión que impide en muy buena medida la acción de la oposición, en seis años y medio de Gobierno el gallego usó en 107 ocasiones la figura del decreto-ley. Bien es cierto los ejecutivos de su antecesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, fueron los más parcos. En poco menos de siete años de legislatura, los Consejos de Ministros "zapateristas" aprobaron 108 decretos.

Los más "frugales" resultaron Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. El primer presidente de Gobierno de la democracia, en un momento en que todo estaba por hacer en este país, emitió 100 decretos, y su sucesor 37, pero el segundo apenas estuvo año y medio en el poder, desde marzo de 1981 a octubre de 1982.

Medidas urgentes para paliar crisis consecutivas

Es cierto que pocas veces un ejecutivo ha tenido que tomar decisiones tan rápidas para paliar los efectos de varias crisis consecutivas, pero, al calor de las mismas, ha aprovechado para acudir a un instrumento parlamentario que debe ser la excepción, nunca la norma. De hecho, en 2019, año en que todavía no asomaba por el horizonte la pandemia del Covid, la mayor parte de la producción legislativa del Gobierno se hizo vía decreto-ley, en concreto, 17 de las 25 normas aprobadas. Y en 2020 éstas se dispararon por la pandemia hasta alcanzar las 39.

¿Qué diferencia un decreto-ley de un proyecto de ley? Pues para empezar que no necesita ser objeto de análisis y estudio por los órganos consultivos, aunque su veredicto no sea vinculante. La decisión no pasa ni por el Consejo General del Poder Judicial, ni por el Consejo de Estado ni por el Consejo económico Social, por poner unos ejemplos.

La segunda gran ventaja para el Gobierno es que impide la presentación de enmiendas por parte de los Grupos de la oposición. El decreto se debe convalidar en el Parlamento un mes después de su aprobación en el Consejo de Ministros, pero no puede ser modificado ni en una coma. Es todo o nada.

La trampa de la tramitación como proyecto de ley

Eso significa que el Parlamento se ve desposeído de su capacidad legislativa imposibilitados los Grupos para incorporar modificaciones o mejoras a los textos. El Gobierno ofrece la mayor parte de las veces un menú cerrado al que no se puede incorporar ningún ingrediente más. Es cierto que la oposición puede exigir que ese decreto se tramite como proyecto de Ley, pero, eso sí, una vez convalidado y, por tanto en vigor. Pero ahí hay una segunda trampa, porque nada le impide al Ejecutivo jugar a dilatar los plazos de tramitación de ese proyecto de ley indefinidamente a base de prórrogas.

De hecho, ya está pasando. Si ir más lejos con el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, cuyo decreto se aprobó en marzo, así como su tramitación como proyecto de ley, de la que poco se sabe hasta la fecha. Suma y sigue: el decreto de medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis del Covid; medidas en materia de empleo agrario; otras de apoyo al sector cultural y de carácter tributario o de medidas sociales en defensa del empleo y así hasta decenas de ellos.

Cuando la oposición consigue que el decreto se tramite como proyecto de ley una vez convalidado, esperan meses para poder introducir cambios y mejoras en el texto, hasta el punto de que muchas veces ya se han visto superados por la realidad o por la propia fecha de caducidad del decreto.

A falta de decreto, proposición de ley

Pero no siempre se puede usar al figura legislativa del decreto, no si se quieren crear nuevas figuras impositivas. Para ello, socialistas y morados echan mano de la proposición de ley, sujeta a enmiendas de la oposición, pero no al criterio de los órganos consultivos. Esa ha sido la vía para subir los impuestos a las eléctricas, gasísticas, petroleras y Banca.

A la vuelta de las vacaciones de verano se debatirá esta proposición para que sus medidas tengan efectos a partir del 1 de enero de 2023. También habrá que convalidar el decreto de medidas de ahorro energético y de lucha contra los incendios. De nuevo, un menú cerrado para el Parlamento.

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