España Bloqueo del Poder Judicial

Bolaños presionó a González Pons con filtrar el acuerdo de Casado para forzar la renovación del CGPJ

En Génova creen que el ministro de la Presidencia ha sacado a la luz el documento porque ve imposible pactar la renovación con la actual dirección y tiene asegurada una mayoría progresista del TC en septiembre

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, interviene en una rueda posterior al Consejo de Ministros en el Complejo de la Moncloa, a 1 de agosto.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, interviene en una rueda posterior al Consejo de Ministros en el Complejo de la Moncloa, a 1 de agosto. EP

En pleno periodo estival y a falta de dos semanas para el inicio oficial del nuevo curso político, las tiranteces entre los dos principales partidos nacionales, el PSOE y el PP, siguen tan álgidas como al término del ciclo de sesiones parlamentarias en el mes de julio. En un momento en el que se especula con una remodelación de Gobierno para afrontar el último año de legislatura, algo que el propio presidente Pedro Sánchez ha descartado y tachado de «intoxicaciones» mediáticas, Moncloa ha filtrado al diario El País un acuerdo firmado por el exsecretario general popular Teodoro García Egea y el titular de Presidencia Félix Bolaños, para reformar la ley del Poder Judicial tras actualizar el Tribunal Constitucional (TC) y dar salida a la renovación del resto de contrapesos judiciales. Un documento que, según fuentes del PP, ha servido como objeto de presión desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia. Para retratarles ante su negativa a negociar bajo los términos propuestos.

Dicho texto, rubricado por la mano derecha del exlíder Pablo Casado, fue puesto en conocimiento del vicesecretario de Política Institucional Esteban González Pons en el primer encuentro mantenido a finales de abril, una vez fue designado nuevo interlocutor oficial del partido con el Gobierno. Lo hizo el propio Bolaños, como ha trasladado el también eurodiputado conservador este miércoles en Onda Cero y TVE. En esa reunión, el ministro lo puso al corriente de los pormenores del acuerdo, tanto de lo que ya era de carácter público como de los términos secretos como los nombres pactados para las sustituciones del TC.

Las mismas fuentes populares han confirmado a El Independiente el relato expuesto por González Pons, apelando a la incapacidad de la nueva cúpula interna del PP de asumir los compromisos establecidos sobre ese papel. Y, además, que Bolaños amenazó en reiteradas ocasiones con sacar a la luz el pacto si no se aceptaba desbloquear el Poder Judicial bajo el marco condicional ya establecido y de manera exprés. Ante el inmovilismo arrojadizo que denuncian tanto socialistas como populares de su contrario, Moncloa decidió precipitar -en julio lo firmado en octubre de 2021 con García Egea -en parte- auto enmendando la Ley Orgánica del CGPJ de 2019 y reformando el artículo 570 bis que permite a los magistrados hacer nombramientos. Todo, obviando la propuesta para el Poder Judicial presentada por Génova a finales de junio. Una sugerencia que, con todo, el ministro de Presidencia valoró como «susceptible de acuerdo» sin la presión de ERC o EH Bildu.

Esta reforma legislativa, que garantizará a partir del mes que viene -cuando el Gobierno aborde los cambios- una mayoría progresista en el órgano constitucional, es la principal razón que atribuyen los populares a la publicación del acuerdo alcanzado por la dirección saliente tras casi cinco meses de conminaciones por parte de Bolaños. «El PSOE ya no nos necesita», indican desde el partido, que prevé que el CGPJ terminará cediendo y añadirá sus dos nombramientos a los del Gobierno. A principios de mes, en plena gira europea y desde Tirana (Albania), Sánchez aseguró estar convencido de que los jueces «cumplirán la ley» en este sentido. Y el CGPJ tiene hasta el 13 de septiembre para hacer sus dos nombramientos.

Una «jugarreta» que ha afectado a la negociación

A la contemplación de que Moncloa tendría aferrado ya la inclinación de la balanza del TC hacia posiciones progresistas por la cesión del CGPJ, se unen dos estimaciones por parte del PP para justificar, además, el aireo del documento firmado por García Egea. La primera, bastante atrevida y limitada por las grandes diferencias ideológicas en la cámara baja: sectores de la formación consideran que Bolaños ve capacidad de aglutinar sin los de Feijóo los tres quintos necesarios en el Congreso para renovar a diez de los veinte vocales -el resto los elige el Senado, donde sí es esencial el voto popular- que integran el órgano. Eso, con 349 diputados, requeriría el respaldo de los socios de investidura y de críticos como Cs, Navarra Suma (NA+), Junts, la CUP o Coalición Canaria, partidos que no suelen alinearse con el Ejecutivo. También de los dos parlamentarios sin adscripción del grupo mixto Pablo Cambronero y María del Carmen Pita.

González Pons apunta a que las conversaciones con Moncloa «van mal» tras filtrarse el texto

La segunda, más medida, prevé que Sánchez aguantará hasta las elecciones generales de diciembre de 2023 manteniendo el bloqueo institucional. «No necesita al PP y, como ya no quiere negociar, ha filtrado el documento acordado en octubre por el anterior organigrama», apuntan en el principal partido de la oposición; una forma de perjudicar la imagen de la formación en plena escalada en los sondeos. Por este hecho, y por las formas empleadas, el propio González Pons ha lamentado que las conversaciones con Moncloa «van mal»: esta «jugarreta» ha afectado al transcurso de las mismas, cuyo último capítulo se dio el 11 de julio en el despacho de Bolaños en la Carrera de San Jerónimo a última hora de la tarde. Y es que el ministro habría aceptado en la toma de contacto inicial reiniciar el acuerdo.

Para el vicesecretario de Política Institucional y secretario de Justicia del PP, tras las insistencias y la aceptación del socialista de «empezar de cero» al considerar que el texto no cumplía con los requisitos de la nueva presidencia, este paso atrás en cuanto a confianza con su interlocutor agranda la situación «desesperada» de otros ámbitos del Poder Judicial como el Tribunal Supremo. «Está empezando a quedarse sin jueces» al término de su mandato, y «hay salas que ya no tienen magistrados a los que reunir. Llegar así a las generales sería dramático», ha indicado González Pons horas después de que se filtrase el acuerdo de Casado.

«Marrullerías políticas»

Oficialmente, Génova ha calificado el pacto alcanzado por el tándem Casado-García Egea como «marrullerías políticas», algo de lo que se desentienden. La actual dirección ha afirmado desvincularse totalmente de este tipo de prácticas «ocultas», aboga por la transparencia y la discreción puntual y niega que, como se señala desde el ámbito socialista, González Pons pidiera tiempo a Bolaños para abordar lo planteado con las organizaciones de los jueces; para trabajar sobre el texto aceptado en octubre de 2021. Éste recoge el desbloqueo del Constitucional tras «la elección por las cámaras de todos los miembros del TC, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y de la Agencia de Protección de Datos (AEPD)», aunque ésta última fue anulada con posterioridad.

Sin embargo, según informa El País, fuentes populares afirman que el nuevo equipo de Feijóo estaba al tanto del acuerdo con Bolaños porque consultó sobre ello al entorno del anterior secretario de Justicia Enrique López. Incluso, que el gallego era favorable, pero las buenas estimaciones electorales hicieron a la dirección cambiar de opinión y esperar hasta ganar los comicios para, entonces, elegir ellos directamente a los jueces.

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