Moncloa cree que el Supremo enterrará la polémica por la 'ley del sí es sí'

La tormenta "ya está amainando". El Gobierno cree que lo peor del temporal provocado por la ley del solo sí es sí ha pasado y que ha conseguido contener las aguas. En el plano interno, porque la Moncloa se ha afanado en cerrar las grietas en el seno de la coalición, unificando el discurso de los ministros —ya no se habla de la posibilidad de reformar la norma, aunque esa llave siga estando ahí— y evitando el choque con Podemos y con la titular de Igualdad, Irene Montero. Y, puertas para fuera, porque siente que el fiscal general del Estado ha avalado su argumentación y cree que el Tribunal Supremo, que empezará a deliberar sobre la nueva regulación en los próximos días, le acabará dando la razón.

El bronco careo de este martes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado alivió a la Moncloa. Vieron este 22 de noviembre a un líder del PP "balbuceante", apegado al papel que tenía escrito y que "compraba el marco de Vox" al mentar en la Cámara la idea de la moción de censura por la que tanto le presiona la ultraderecha. Y defienden que el presidente salió reforzado del envite, como en los tres duelos anteriores. También en un tema, la ley del sí es sí, que sí ha preocupado mucho internamente en el PSOE y el PP lo ha empleado como una potente arma arrojadiza contra el Ejecutivo. Este es un "gran Gobierno" para los "malversadores, los okupas y los agresores sexuales", glosó Feijóo ya desde primera hora de la mañana. Es "irreparable" el daño que está infligiendo un Ejecutivo "en llamas" y "en shock", le espetó por la tarde en sede parlamentaria.

La ley tiene como principal objetivo reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales y que nunca más una víctima sea cuestionada"

PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Pese a la dureza de las palabras de Feijóo, en la Moncloa no se manifiestan preocupados. Y consideran que los incendios estallados en la última semana —"compleja", como admiten incluso fuentes oficiales— se están ya reconduciendo. Respecto a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, esgrimen que sus "efectos positivos", su intención inequívoca de aumentar la "protección de las mujeres", se sentirán en poco tiempo, cuando se juzguen delitos sexuales con la nueva regulación, ya que se verá que algunos de ellos "sí son más severamente castigados" y otros ahora se penalizan, y antes no ocurría así.

Por ejemplo, a las agresiones sexuales sin violencia ni intimidación antes se les imponía una condena que oscilaba entre los cuatro y los 10 años, y con el sí es sí se amplía dos años la pena máxima, hasta los 12 años. También se introducen nuevas circunstancias para agravar los castigos, como anular la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia química. Pero también la norma impulsada por Igualdad ha rebajado otras penas: la pena mínima del reo de violación pasa de seis a cuatro años, mientras que la máxima por una agresión sexual sin agravantes pasa de cinco a cuatro años.

En el Ejecutivo, en suma, insisten en que el sí es sí es una "buena ley", pionera en el mundo. Sánchez la defendió en la apertura del congreso de la Internacional Socialista de Mujeres, en Ferraz, por la mañana: es una norma "que tiene como principal objetivo reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales y que nunca más una víctima sea cuestionada". Misma argumentación que esgrimió algo más tarde la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"No hará falta tocar la ley"

En la Moncloa señalan que el decreto dictado el lunes por el fiscal general del Estado [aquí en PDF], Álvaro García Ortiz, apuntala sus argumentos, y eso que en su escrito reconocía que cabe la revisión de condenas, cuando "la pena efectivamente impuesta exceda en abstracto de la que correspondería imponer en aplicación de los preceptos de la nueva legislación penal".

Y aunque la portavoz insistía en el llamamiento a la "prudencia", a esperar el pronunciamiento del Supremo, fuentes del Ejecutivo consultadas por El Independiente muestran su convencimiento de que el criterio del TS convergerá con el ministerio público. Aducen que el decreto asienta sus razonamientos en "numerosas sentencias del propio Supremo", por lo que es difícil, continúan, que ahora los magistrados se desdigan de su propia jurisprudencia. De este modo, si el TS sigue la opinión de la Fiscalía, "no hará falta tocar la ley".

En el equipo de Sánchez recalcan que se ha reorientado la polémica con acierto, al apuntar a la tarea de unificación de doctrina para "dimensionar" la gravedad del problema. Confían, por tanto, que la inmensa mayoría de las sentencias queden como están.

En el Ejecutivo perciben que la inflamación ha bajado en los últimos días y estiman que no ha habido "desgaste" por el fiasco de la ley, pese a que esa lectura tan optimista no sea compartida por muchos dirigentes del partido. La orden dada por el presidente es la de cerrar filas internamente, sin señalar a Montero, en el punto de mira de la oposición. De hecho, este martes se preguntó a la portavoz si desde el Ejecutivo se asumirían responsabilidades políticas por el goteo de rebajas de penas y excarcelaciones a agresores sexuales y ella reiteró ese llamamiento a la calma, a la "tranquilidad" de las mujeres y a esperar a que el Supremo hable.

Sánchez, Díaz y Podemos se conjuran para blindar la coalición y salvar las fisuras por la 'ley del sí es sí'

Y acto seguido cargó contra el PP: no se puede "frivolizar" ni "banalizar" porque "la violencia machista mata" y ya son 1.171 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 y 20.000 las órdenes de alejamiento, casi tantas, comparó, como habitantes de una pequeña ciudad española. También Yolanda Díaz cada vez más atacada por Pablo Iglesias, defendió esta semana a la titular de Igualdad, y la salud del bipartito. Sánchez, la vicepresidenta segunda y Podemos se conjuran, por tanto, para proteger la coalición frente a los embates de la derecha.

El presidente, en el Senado, criticó a Feijóo por presentarse como el adalid de los derechos de las mujeres al tiempo que pacta con los que "banalizan" sobre la violencia de género. Y el PP, dijo, "no puede" dar lecciones cuando se opuso a todos los avances en materia de igualdad, como el divorcio, la ley del aborto, el sí es sí o la propia ley de igualdad.

"Para este viaje..."

El enfrentamiento en el Senado dejó a la vista que no hay puentes posibles entre el Gobierno y el PP. El líder del PP, en un discurso muy duro, puso fecha la "moción de censura" contra el Ejecutivo: las elecciones municipales del 28 de mayo. "Para este viaje no hacían falta estas alforjas", resumía una ministra, en alusión a que el relevo de Pablo Casado no ha traído una mayor "moderación", como se presumía.

En la Moncloa creen que también Feijóo yerra al apuntar al 28-M, porque el PSOE ganará en número de votos

Sánchez afeó a Feijóo su falta de "autonomía", por atender a las presiones de la derecha mediática, política y económica. Desde su entorno abundaban en la misma idea: "No tiene autonomía ni solvencia como gestor. Habla más para los suyos que para el país. Se ha quedado balbuceando". Y señalaban su lapsus cuando dijo que no estaban en la Cámara alta miembros de Podemos, cuando allí la formación morada no tiene senadores.

Para la Moncloa, es un "error" que el líder del PP "compre el marco de Vox", al hablar de una moción de censura a la que le apremian Santiago Abascal y también Ciudadanos. Igual que se equivoca, creen, al poner su mirada en el 28-M, elecciones que el PSOE cree que ganará "y que se miden por el número de votos". Ahí los socialistas se ponen la venda antes que la herida, porque puede que repitan como primera fuerza en sufragios, pero los comicios siempre se miden en términos de poder. Es decir, en quién conserva, pierde o conquista ayuntamientos y comunidades autónomas.

Sobre la reforma del delito de malversación, por la que el jefe de los conservadores preguntó a Sánchez, no hay por ahora "novedades", insisten en la Moncloa. El presidente no zanjó el asunto (de nuevo). Esta semana el pleno del Congreso vota el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y ERC aún no ha confirmado su voto. El Gobierno ya dispone de los números para sacarlos adelante, pero quiere mantener la sintonía con los republicanos. Y aunque en el Ejecutivo recalcan que la proposición de ley de supresión de la sedición —en la que teóricamente se introduciría la enmienda querida por los de Oriol Junqueras— no está ligada a las cuentas del Estado, un miembro del Consejo de Ministros se aferraba a la "prudencia" atendiendo al "interés" final. Es decir, que conviene ir poco a poco, despejando carpetas, sin dar pasos en falso que puedan ser fatales.

El "compromiso" es con la sedición

Los socialistas no revelan aún cuál será su posición. Pero la idea de hacer cambios en la figura de la malversación, que podrían beneficiar a políticos corruptos, no está cuajando y cada vez está más fría. El Gobierno da a entender que no aceptará la enmienda, al insistir en que su "compromiso", el de modificar la sedición, está ya cumplido. Pero no descarta nada, ni en público ni en privado, para despiste de los cuadros del partido.

El Ejecutivo confía en que ERC no registrará su enmienda de malversación. Rufián también enfría: "Si se puede, se hará. Si no se puede, no se hará"

El Ejecutivo confía, de hecho, en que ERC finalmente no presente la enmienda. Distintos miembros del Gabinete remarcan, de hecho, que esa propuesta de los republicanos no está sobre la mesa, ni se está "negociando" —como ellos dicen—, y "puede que ni llegue". El portavoz de la formación independentista en el Congreso, Gabriel Rufián, daba a entender este martes que su partido se lo está pensando mucho por las "dificultades" con las que está tropezando, porque no quiere que se le acuse de "defender ningún tipo de corruptela". "Si se puede, se hará. Si no se puede, no se hará", señaló.

Todo apunta, por tanto, a que la reforma de un delito "complicado" pierde fuerza. Pero no está dicha aún la última palabra. El Gobierno, no obstante, siente que puede respirar mejor esta semana: ha cerrado un código de buenas prácticas con la banca para aliviar la carga hipotecaria a un millón de hogares, la tormenta del sí es sí "está amainando" y está a punto de ver aprobados por el Congreso sus terceros Presupuestos de la legislatura.