La renovación del Tribunal Constitucional, completada. No en tiempo y forma, pero completada. Y el vuelco para una mayoría progresista, conseguido. Era el objetivo que se había marcado el Gobierno y el que finalmente ha alcanzado, frente a un PP, aducen en Ferraz, al que se le ha desmoronado su estrategia, al que su pretensión de controlar y no renovar el tribunal de garantías se le ha ido "por la alcantarilla".
El punto final del desbloqueo del TC se culminaba este miércoles con la elección, por una mayoría de seis a cinco magistrados —ruptura del sector progresista mediante—, del ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido como presidente y de Inmaculada Montalbán, por idéntica votación, como vicepresidenta. Se quebraba así una norma no escrita en el seno del órgano, según la cual el número dos se adscribe al bloque minoritario. Pero para los próximos dos años y medio, hasta la siguiente renovación, que corresponderá al Senado, el TC tendrá al frente a dos magistrados progresistas. La mayoría de izquierdas del tribunal —ahora, de siete a cuatro, porque falta por cubrir la vacante dejada por un miembro conservador, Alfredo Montoya— se mantendrá por los próximos nueve años, al menos, lo que asegura al Ejecutivo, probablemente, la salvación de buena parte de sus leyes más simbólicas, impugnadas por la derecha.
Para Ferraz, el PP "demuestra su nulo respeto por las instituciones de nuestro país y la posición anclada en el extremismo que mantiene"
Los socialistas mantuvieron la prudencia durante toda la jornada y no lanzaron ningún comunicado tras el nombramiento de Pumpido, el que era visto, además, como el candidato más próximo a la Moncloa, mucho más que la otra aspirante progresista, la catedrática María Luisa Balaguer, que recabó el voto de los cuatro magistrados conservadores, además del suyo propio. Fuentes del PP, en cambio, sí lamentaron que el TC hubiera quedado "debilitado por los efectos del sanchismo", y también que se hubiera "tensionado de nuevo el procedimiento que se venía siguiendo hasta ahora por el que la vicepresidencia del Alto Tribunal recaía en alguno de los miembros que forman parte de una corriente doctrinal distinta a la del presidente".
Desde la cúpula de Pedro Sánchez respondían con indignación: la valoración de los populares, indicaron fuentes de la dirección consultadas por este diario, "demuestra su nulo respeto por las instituciones de nuestro país y la posición anclada en el extremismo que mantienen". "El TC ha elegido presidente, vicepresidenta, en su lógica interna. No tenemos nada que decir", señalaban desde Ferraz. "Finalmente, el TC va a reflejar la realidad parlamentaria de este país. La renovación es la buena noticia. Y también la mayoría progresista y la presidencia y vicepresidencia progresistas", abundaron fuentes de la Moncloa.
El TC va a reflejar la realidad parlamentaria de este país. La renovación es la buena noticia. Y también la mayoría progresista y la presidencia y vicepresidencia progresistas", se felicitan en la Moncloa
Pero en el cuartel general de los socialistas echaban también la vista atrás y repasaban el camino recorrido en el último año y medio para intentar probar cómo al PP no le han salido las cosas como esperaba. En el partido recuerdan que el 21 de octubre de 2021 el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el entonces secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea, cerraron el acuerdo para renovar cuatro plazas del Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, además de la Agencia Española de Protección de Datos (reemplazo este último que embarrancó). Quedó fuera del consenso el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde diciembre de 2018, cuando los 20 vocales y su presidente vieron caducar su mandato de cinco años.
La cláusula secreta
En virtud de aquel pacto Gobierno-PP, se integraron en el TC dos magistrados progresistas (Inmaculada Montalbán, propuesta por el PSOE, y Ramón Sáez, cercano a Unidas Podemos) y dos conservadores (Enrique Arnaldo y Concha Espejel). En Ferraz recordaban cómo había costado a la izquierda asumir la elección de Arnaldo, con numerosos vínculos con el PP y sus relaciones con políticos condenados por corrupción, y añadían que ya en aquel momento la Moncloa pedía paciencia y calma a los suyos, porque la segunda parte del acuerdo llegaría meses más tarde.
En la sede federal recuerdan que Bolaños y Egea acordaron desbloquear el TC en caso de que no se consensuara el relevo en el Poder Judicial, pero Feijóo se negó a reconocer ese texto
Aquella renovación parcial del TC no alteraba la mayoría conservadora, pero la que sí provocaría el cambio de signo del órgano sería la siguiente actualización, la programada para junio de 2022, en la que el Gobierno tendría que nombrar a dos magistrados (ambos progresistas, obviamente) y el CGPJ, a otros dos (uno de sensibilidad conservadora y otro más próximo a la izquierda). El Gobierno estaba seguro de que habría desbloqueo del TC porque Bolaños y Egea habían firmado una cláusula secreta aquel 21 de octubre de 2021, según la cual si ambas partes no lograban consensuar el nuevo CGPJ, sí se comprometían a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales pudieran nombrar de nuevo a los dos magistrados del TC que les correspondía designar.
Pero Pablo Casado cayó en febrero de 2022, destronado por su propio partido. Y su sucesor, Alberto Núñez Feijóo, dijo no conocer el documento suscrito por el ministro y el ya ex secretario general del PP —desvelado por El País el pasado agosto—, aunque el equipo de Casado, recordaban este miércoles en Ferraz, siempre insistió en que en el traspaso de poderes al dirigente gallego se le informó de ese compromiso conjunto para renovar el TC en caso de que no se llegase a dar una salida al CGPJ.
Los socialistas presentaron en julio esa proposición para forzar el relevo en el Constitucional e imponer a los vocales del Poder Judicial el plazo del 13 de septiembre para que cubrieran las dos vacantes que les tocaban. La propuesta no fue apoyada por los populares. En octubre, el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, renunció a su cargo, y su dimisión reactivó las conversaciones entre el Ejecutivo —de nuevo representado por Bolaños, mano derecha de Sánchez— y el PP —ahora con Esteban González Pons como interlocutor—. Los conservadores rompieron las negociaciones el 27 de octubre porque el líder socialista no se comprometía a renunciar a la reforma de la sedición, medida que había anunciado en el arranque de legislatura.
La Moncloa concedió un segundo margen al CGPJ, pero la parálisis siguió, así que el PSOE y Unidas Podemos lanzaron una reforma para obligar sí o sí al desbloqueo del Constitucional. Pero la colaron a través de dos enmiendas a la modificación del Código Penal —la que contenía el fin de la sedición y la rebaja de la malversación—, razón por la que el PP lo llevó al tribunal de garantías. Y este, en una decisión inédita y controvertida, paralizó la tramitación de esas dos enmiendas en el Senado en una votación ajustada (los seis magistrados conservadores frente a los cinco progresistas).
La iniciativa para forzar la renovación del TC está en barbecho: no hay "urgencia" porque la mayoría progresista está garantizada nueve años
Tras el varapalo, socialistas y morados anunciaron una proposición de ley pactada con sus socios en la que se volcase el contenido de esas dos enmiendas... El texto no se llegó a registrar, porque al final el CGPJ acordó y nombró al conservador César Tolosa y a la magistrada María Luisa Segoviano. Ambos, sumados a los dos propuestos por el Ejecutivo —el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez, ex alto cargo de la Moncloa—, eran la llave para proceder al relevo en el TC. Los cuatro nuevos miembros juraron o prometieron sus cargos el 31 de diciembre pasado y tomaron posesión el 9 de enero. Y este miércoles el nuevo pleno elegía a Conde-Pumpido y a Montalbán como sus números uno y dos. La iniciativa legislativa queda ahora en barbecho: no hay "urgencia" porque la mayoría progresista está asegurada por nueve años.
"Se ha ido por la alcantarilla"
Este proceloso recorrido de año y medio demuestra, para los socialistas, que el Gobierno "ha buscado que la Constitución se cumpla", mientras que el PP ha intentado "controlar el TC" para asegurarse que sus recursos (y los de Vox) contra leyes del actual Ejecutivo —la eutanasia, la ley Celaá, la ampliación de los permisos de paternidad, la reforma laboral, la ley rider...— y del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero (la ley de plazos del aborto de 2010) eran estimados, lo que habría infligido un duro golpe a Sánchez y tumbado el corazón de su obra legislativa. "Por eso han intentado por todos los medios que no se renovase el Constitucional", esgrimen en Ferraz.
Un alto cargo de la Moncloa subraya la relevancia de que Pumpido haya dejado claro que el referéndum de autodeterminación no cabe en la Carta Magna, como siempre asegura Sánchez
Pero el relevo se ha producido, subrayaban con satisfacción en el equipo del presidente. "Con una mayoría progresista de siete a cuatro magistrados, un presidente [Conde-Pumpido] progresista y una vicepresidenta [Montalbán] también progresista, se ha ido por la alcantarilla la estrategia del PP", agregaban las mismas fuentes consultadas por El Independiente.
En el puente de mando del presidente en la Moncloa añadían otro elemento de satisfacción: el mensaje de Pumpido ante los magistrados del pleno del TC en el que fue elegido, este miércoles: la Constitución española, sentenció, "no permite ni la secesión, ni la independencia, ni la autodeterminación". El nuevo presidente de la institución, interpretaba un alto cargo del Gobierno, "acalla las afirmaciones de la derecha de que la voluntad de Sánchez al promover la renovación del TC era preparar el camino para un nuevo referéndum... y también para los pies a los independentistas". Es decir, que Pumpido "ratifica" lo que siempre ha afirmado el líder socialista: que no cabe ni habrá ningún referéndum de autodeterminación.
El Poder Judicial, mientras, sigue en funciones más de cuatro años después de que venciera su mandato. El presidente y sus ministros, al igual que la cúpula del PSOE, no hacen más que instar a los populares a que "cumplan con la Constitución" y pacten el relevo, puesto que el acuerdo estaba prácticamente cerrado entre Bolaños y Pons, e incluía una proposición de ley para "reforzar la independencia judicial", el nombramiento de los 20 vocales (y los 12 suplentes) del órgano de gobierno de los jueces, y la cobertura de la vacante de Alfredo Montoya en el TC, a propuesta del Senado.
Pero no hay ahora mismo ninguna expectativa de que se pueda cerrar el pacto. Para el Gobierno, los populares no dejan de "poner excusas". Para el PP, Sánchez se mueve en cambio por su "voracidad institucional". La previsión, en cualquier caso, es que no habrá renovación hasta que pasen las generales, previstas para diciembre de este año. La Moncloa, no obstante, perseguía desde hace meses el reemplazo en el TC, para que cambiase su signo, de conservador a progresista, dado que a fin de cuentas el órgano será el encargado de dictar sentencia sobre temas muy sensibles. Ese camino ya está despejado y a favor del Ejecutivo.
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