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La operativa de la 'trama Mediador': cuota inicial de 5.000 euros al diputado del PSOE, paso por el Congreso y fiesta en burdeles

Francisco Espinosa Navas, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Marcos Antonio Navarro Tacoronte y Taishet Fuentes Gutiérrez, los principales investigados del 'caso Mediador'. Carmen Vivas.

La trama de corrupción del caso Mediador, orquestada alrededor del exdiputado nacional del PSOE Bernardo Fuentes Curbelo, quien habría cobrado miles de euros en sobornos a cambio de favorecer a empresarios canarios aprovechando su influencia política, usó un patrón delincuencial similar en todos los casos.

En la investigación seguida en el Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, la Policía destaca que los implicados hacían pagar 5.000 euros iniciales a los empresarios del ámbito ganadero y quesero, aunque también de otros, que quisieran tener algún trato de favor. Una vez pasado ese filtro, estos tenían que viajar hasta Madrid para mantener una pequeña reunión con el político, así como pagar la comida posterior y en ocasiones también la fiesta con drogas y prostitutas para que les explicaran qué beneficios podían tener y cuánto tendrían que pagar por ello.

Una asociación deportiva canaria para cobrar

"El primer paso que los empresarios deben efectuar para acceder a los favores de la organización es el pago mediante transferencia bancaria de 5.000 euros a la Asociación Deportiva Vega Tetir, de la que es presidente el parlamentario", se puede leer en uno de los informes policiales de la causa, de julio de 2022. Según se explica en este, puesto que Fuentes Curbelo ejercía sus labores parlamentarias de lunes a jueves en Madrid, alojándose en un hotel muy próximo al Congreso, era Marcos Antonio Navarro Tacoronte -con antecedentes por estafa, también investigado en la causa y al que se conoce como 'Mediador'- quien recibía a los empresarios, los acompañaba a visitar el Congreso, "manteniendo un fugaz encuentro con Juan Bernardo, y a la comandancia de la Guardia Civil de Guzmán el Bueno, donde, a su vez, los recibe el general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas", quien también figura entre los investigados.

"En este periplo, -continúa el informe policial- Marcos Antonio va preparando e instruyendo a los empresarios sobre cómo efectuar los pagos y hacerse con los beneficios que le brindarán al diputado, al general de División y al director de Ganadería del Gobierno de Canarias", que no es otro que Taishet Fuentes Gutiérrez, sobrino del diputado Fuentes Curbelo que previamente ocupó el mismo cargo que su familiar.

"Se suceden almuerzos y cenas con algunas de las dos personalidades mencionadas, según disponibilidad, holgando mencionar que son pagadas por los empresarios. En estas reuniones se expone la problemática del empresario o sus planes de crecimiento y, por ora parte, el ofrecimiento de aquello que las personalidades públicas pueden hacer por ellos. Es en estos momentos en los que se efectúa la entrega de sobres conteniendo prebendas en metálico. El dinero se entrega al intermediario y éste a la personalidad. Las reuniones se culminaban con grandes fiestas en clubs y en el Hotel Victoria, pagadas por los empresarios".

Una de las fotografías realizada por los implicados que obra en el sumario y sirve de indicio a los investigadores

1.000 euros en una noche de fiesta

El alto coste de dichas fiestas se refleja en el audio de una conversación entre el mediador de la trama y un empresario, recogida por los investigadores, donde comentan el enfado de otro emprendedor que llegó a pagar 11.000 euros por una fiesta en el Hotel Victoria donde solía alojarse el diputado.

En la mayoría de los casos, a pesar de haber realizado los pagos los empresarios no recibieron nada a cambio finalmente

La Policía Judicial de Canarias constata reuniones de Fuentes Curbelo con al menos cinco empresarios: Juan Antonio Bautista Prado (Cleanenergetic Insular S.L.), Alberto Montesdeoca García (Quesería Montesdeoca S.L.), José Santiago Suárez Esteve (Asesoramiento y Servicios de Drones S.L.), Raúl Gómez Rojo (Civil Twin Consulting S.L.) y con Miguel Jesús Alemán Bolaños (Solar Energy Revolution S.L). En la mayoría de los casos, a pesar de haber realizado los pagos, los empresarios no recibieron nada a cambio finalmente. Ni retirada de sanciones, como buscaron, ni adjudicaciones o subvenciones.

Con motivo de estas reuniones, los investigadores encuentran rastro de hasta 17 veces en las que el diputado pasó el número de varias de sus cuentas bancarias a su intermediario Navarro Tacoronte para que le hiciera pagos.

La Policía destaca que la justificación contable de las transferencias de los empresarios "era una problemática habitual". "En casi todas las conversaciones con los mismos surge este escollo y la solicitud de facturas por parte de los empresarios", se recoge en el informe de corrupción de julio de 2022.

Es en este punto donde entra otro investigado en la causa, Miguel Ángel Robayna García, que se habría prestado a falsificar las facturas a través de su mercantil Hispano Robysa S.L. Las cuentas bancarias de dicha mercantil serían, según la Policía, una vía para el blanqueo de una parte de las transferencias ilícitas.

El principio del fin

"Sin embargo, como ha pasado con los demás empresarios, las promesas de la organización no progresan y su empresa cae en la ruina económica al tener que abonar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de dichas facturas. Tal es su enfado [de Robayna García] que también llega, al igual que había hecho José Santiago Suárez Esteve, a llamar a Juan Bernardo Fuentes Curbelo y amenaza con denunciar a la organización si no se le devuelve el dinero".

Para la Policía, "estas dos amenazas de denuncia consiguen impresionar al diputado y provocan el cese de su relación con Marcos Antonio Navarro Tacoronte, suponiendo el comienzo del desmoronamiento de la organización criminal tal como la conocemos ahora", se puede leer en el citado informe.

"Organización" con el diputado al frente

Para los agentes de la Jefatura Superior de la Policía de Canarias, "las investigaciones practicadas hasta el momento arrojan sin género de dudas que nos hallamos ante una organización criminal asentada en las Islas Canarias que se dedicaría a la comisión de delitos relacionados con la corrupción y otros delitos conexos como la extorsión o la falsificación documental".

Sitúan "en la cabeza" de dicha organización al diputado Fuentes Curbelo, "que con aprovechamiento de su función pública, recibiría dádivas y prebendas de signo económico por parte de diversos empresarios. Inmediatamente debajo del mismo estaría el papel desempeñado por su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez y Antonio Navarro Tacoronte como intermediario y conseguidor. En otra vertiente de la organización encontramos al general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas que también conseguiría un enriquecimiento ilícito aprovechándose de dicha trama. Los cuatro se servirían de testaferros y mulas para la recepción de transferencias bancarias de procedencia indebida, así como de la falsificación de facturas que justifiquen estas", concluyen los policías, que han revisado el contenido de los móviles requisados al mediador, donde han encontrado la mayoría de indicios.

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