La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a los médicos que sean más concretos sobre el tratamiento para la enfermedad del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán para decidir si puede entrar en prisión tras la sentencia de los 'ERE'. Los fiscales no responden de forma clara si el expolítico socialista debe entrar en el centro penitenciario, sino que lo dejan a expensas de los forenses.

Las conclusiones del último informe médico que se conoció la semana pasada señalaban que Griñán debía permanecer vigilado. "Se ha de recurrir a los servicios hospitalarios externos a la prisión para el tratamiento de la enfermedad y de aglunos de los efectos secundarios derivados de la radioterapia y, otros, a su vez, derivados del propio tratamiento de los efectos secundarios, que necesitan vigilancia estrecha", decía el documento.

Ahora Anticorrupción solicita que se oficie de nuevo al médico forense para que "concrete" si el tratamiento es compatible o no con su ingreso en prisión. En un documento que firman los fiscales delegados Juan Enrique Egochea y Manuel Fernández Guerra, se recuerda que en caso de "una enfermedadmuy grave con padecimientos incurables" el Código Penal contempla que se puede suspender la pena, así que solicitan que como Griñán tiene revisión médica el próximo 6 de junio, a partir de ahí se pronuncien sobre si la enfermedad puede calificarse de "muy grave".

El Tribunal Supremo confirmó la condena del 'caso ERE' y el pasado mes de enero entraron en prisión seis de los ocho condenados que se repartieron 680 millones de euros públicos entre el año 2000 y 2009. Sólo quedaba fuera el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, también por una enfermedad, pero finalmente ingresó en prisión porque allí se le podía tratar el cáncer. Ahora, Griñán es el único que queda en libertad.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha convocado para la próxima semana una reunión donde deliberará sobre si acepta los recursos que tanto Griñán como el expresidente Manuel Chaves y otros dos exconsejeros interpusieron a su sentencia. El Constitucional ya retrasó esta decisión para después de las elecciones autonómicas y ahora la ha vuelto a colocar en el calendario, si bien algunas de las fuentes consultadas en el órgano no están de acuerdo con que se tome esta determinación en precampaña electoral.