El ministerio de Asuntos Exteriores español guarda el más absoluto silencio cuando se le interroga por la queja marroquí ante Bruselas por la supuesta soberanía marroquí de Ceuta y Melilla tras insistir Rabat en sus declaraciones la semana pasada. Un mutismo que también alcanza a la petición del Consejo General de la Abogacía Española después de que dos abogadas españolas fueran expulsadas de los territorios ocupados del Sáhara Occidental en una misión de observación de los derechos humanos.

Fuentes del departamento que dirige el socialista José Manuel Albares aluden a la discreción que debe reinar en las relaciones bilaterales para evadir las repetidas preguntas remitidas por El Independiente. Un respeto a una de las cláusulas firmadas por ambos países tras el restablecimiento de los lazos que contrasta con las constantes provocaciones del otro lado del Estrecho. La semana pasada el portavoz del Gobierno marroquí se reafirmó en la queja enviada a la Comisión Europea por "las declaraciones hostiles" en las que el vicepresidente del organismo, Margaritis Schinas, consideraba "españolas" las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. "Era una aclaración necesaria sobre el derrapaje ocurrido", admitió el vocero alauí.

Un día antes de las manifestaciones de Rabat, Exteriores reconoció haber haber enviado una nota verbal a Marruecos censurando la queja de las autoridades marroquíes, pero ha evitado referirse a la respuesta de Rabat y su decisión de insistir en unas acciones que ponen en duda la integridad territorial de España, uno de los principales aspectos mencionados por Moncloa para el histórico cambio de posición en el contencioso del Sáhara Occidental alineándose con los postulados marroquíes y provocando una crisis diplomática con Argelia que sigue abierta.

"Se comunica primero a los interesados"

"Las medidas que se puedan adoptar en este, como en otros asuntos, se comunican primero a los interesados", alegan desde Exteriores español, amparándose en "la descortesía de que las conozcan por los medios de comunicación antes de que por la información que les puede trasladar este ministerio". Unas cautelas que el régimen marroquí esquiva cuando lanza sus mensajes a través de la amordazada prensa local.

El departamento de Albares rechaza también detallar si ha adoptado alguna medida tras la expulsión el pasado sábado de dos abogadas españolas de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Las autoridades marroquíes le impidieron siquiera descender del avión y las obligaron a tomar el vuelo de regreso a las Islas Canarias. El Consejo General de la Abogacía Española instó a Exteriores a formular una queja por escrito ante Rabat por impedir el acceso de las dos abogadas españolas.

Fuentes diplomáticas españolas se niegan a proporcionar cualquier tipo de información al respecto bajo la premisa de que "no difunden el contenido de las comunicaciones que, a través de los canales diplomáticos habilitados, mantienen con otros países".

Inés Miranda, que junto a Lola Travieso fue expulsada de El Aaiún cuando se hallaba en una misión de observación de la que habían sido informada la ONU y las autoridades españolas, confirma que no ha recibido ninguna información de Exteriores. "No hemos recibido ninguna comunicación del gobierno de España, tampoco de ningún partido político español", indica Miranda en declaraciones a este diario.