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El Ayuntamiento de Maracena oculta el expediente de la gasolinera que provocó el secuestro

Esta estación de servicio sería el epicentro de la trama urbanística detrás del secuestro de una concejal, Vanessa Romero, el pasado 21 de febrero

La alcaldesa de Maracena, Berta Linares.

La alcaldesa de Maracena, Berta Linares. EP

El Ayuntamiento de Maracena oculta el expediente relativo a la gasolinera de la ciudad. Se trata de los documentos relativos a la licencia de funcionamiento de dos pequeños surtidores a la entrada del municipio de Granada. Esta estación de servicio sería el epicentro de la trama urbanística detrás del secuestro de una concejal, Vanessa Romero, el pasado 21 de febrero.

Una plataforma ciudadana, Juntos por Maracena, recurrió al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía reclamando una serie de documentos de urbanismo. El organismo dio 10 días al Consistorio para responder. Pasado este plazo, han respondido a todas las solicitudes excepto a la referente a la estación de servicio.

El día que Romero, exconcejala de urbanismo, fue introducida en el maletero del coche de la pareja de la alcaldesa de Maracena, llevaba en su vehículo una serie de expedientes de urbanismo. Entre ellos estaría el referido a la gasolinera, que la concejal se negó a firmar y que fue el motivo para que se la desplazase dentro del equipo de Gobierno.

Al lado de un instituto

La gasolinera está situada a unos 20 metros del instituto de Maracena. Por el pasan a diarios autobuses con estudiantes, coches y menores. Desde un primer momento suscitó las dudas de la oposición y de los vecinos. Presuntamente no contaría con licencia para operar, algo que el anterior alcalde, el número tres del PSOE en Andalucía Noel López, sabía y encomendó a Romero solucionar aprobando el expediente.

En la ciudad se apunta a que el propietario de la gasolinera tendría información comprometedora sobre Noel López y que este le debería algún favor. Precisamente este martes, el exalcalde ha negado ser víctima de un chantaje vinculado a un prostíbulo y ha anunciado que presentará una querella contra Vanessa Romero por calumnias.

López ha adelantado que responderá a las acusaciones en los tribunales, con una querella por calumnias y denuncia falsa, en cuanto el proceso judicial lo permita, medidas que extenderá a los medios que dañen su imagen. El socialista ha negado la información ofrecida por diferentes medios que apunta a que fue chantajeado por un empresario que habría utilizado un vídeo que lo relacionaría con drogas y un prostíbulo para forzar la concesión de una gasolinera.

Expedientes investigados

El Juzgado de Instrucción 5 de Granada abrió el pasado viernes unas diligencias previas centradas en un presunto caso contra la legalidad urbanística en el Ayuntamiento de Maracena, una causa paralela y diferenciada a la que investiga el secuestro de la exconcejal socialista Vanessa Romero.

La investigación se refiere a tres expedientes de licencias urbanísticas firmadas o autorizadas por la alcaldesa en funciones y candidata socialista a la reelección, Berta Linares, prima hermana del anterior alcalde Noel López. Aunque las pesquisas llevadas a cabo por la Policía Judicial apuntaron las posibles irregularidades en cinco expedientes urbanísticos, el titular del juzgado instructor ha reducido el número a tres, ya que en los otros dos casos los posibles delitos habrían prescrito.

El Juzgado de Instrucción 5 también ha reclamado al Ayuntamiento de Maracena la remisión de documentación urbanística relativa a los expedientes bajo investigación. Estos tres casos que están bajo la lupa de la Justicia serían el de la citada gasolinera, un gimnasio de la cadena GoFit y un taller de coches que lleva años sin licencia pero al que el Ayuntamiento ha dado, al menos, un contrato durante el mandato del número tres del PSOE.

Además, tal y como reveló El Independiente en exclusiva, un constructor de Granada reconoció haber pagado una comisión de 400.000 euros al arquitecto municipal de la ciudad, Francisco Soria, a cambio de poder levantar el segundo centro de salud de Maracena. Los hechos se remontan a 2008, por lo que no estarían bajo investigación judicial.

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