Los Mossos d'Esquadra blindarán los accesos al Parlament con motivo del debate de investidura mañana del socialista Salvador Illa, ante el anunciado regreso a España del expresidente Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden de detención tras casi siete años huido de la justicia.

La Diputación Permanente del Parlament ha convocado para mañana jueves a las diez de la mañana el pleno de investidura de Illa, que tiene asegurados los votos de ERC y los comunes para ser elegido presidente.

Como es habitual, los Mossos d'Esquadra establecerán un amplio dispositivo de seguridad en que blindarán los accesos al Parlament, situado en el Parc de la Ciutadella, para garantizar la seguridad de la sesión parlamentaria, que Junts ya ha anunciado que pedirá que quede en suspenso si Puigdemont es detenido.

La vuelta de Puigdemont ha activado a la movilización en la calle, a un lado y al otro. Los independentistas han convocado un "recibimiento" a las 9 de la mañana, y Vox ha citado a los suyos media hora después en una concentración cerca del Parlament.

El dispositivo de los Mossos será similar al de otras investiduras. Habrá agentes de BRIMO (los antidisturbios) y de ARRO (los de orden público), así como agentes caninos y de subsuelo. La diferencia está en que si aparece el expresident los agentes tendrán que hacer de policía judicial y detenerlo. En los alrededores del Parlament ya se pueden ver hoy varias vallas listas para ser distribuidas para perimetrar los accesos, informa Efe.

Detención de Puigdemont

En caso de que Puigdemont fuese detenido, tendría que ser trasladado al juzgado de guardia del partido judicial en que se haya llevado a cabo el arresto, donde se comunicaría al Tribunal Supremo que se habría ejecutado la orden nacional de detención que pesa sobre él.

En este escenario, la defensa de Puigdemont podría optar por plantear un "habeas corpus" para que la detención quedase sin efecto al considerarla ilegal, por lo que el juez tendría que resolver esta petición.

Si se rechazara el "habeas corpus", sería el instructor del Supremo, Pablo Llarena, quien tendría que decidir si las fuerzas de seguridad deberían trasladar a Puigdemont a Madrid, para celebrar una vista para decidir si le envía a prisión, por ejemplo por riesgo de fuga, si alguna de las partes personadas lo solicita -Vox ya anunciado que lo haría-.