Junts recupera foco. Tras semanas de presencia más discreta, la formación de Carles Puigdemont vuelve al primer plano. Retornando sobre sus pasos, haciendo aquello en lo que ha ganado maestría, lanzando avisos al Gobierno. Que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, un acuerdo con el PP para suprimir el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que el presidente y su Ejecutivo "muevan el culo" y paguen "lo que deben" a los catalanes, que quizá ni se llegue a abrir con ellos la carpeta de los Presupuestos de 2025. Los posconvergentes han ido tensando más las costuras en los últimos días. Para los socialistas, no dejan de ser fuegos de artificio, no hay una amenaza real de ruptura, por mucho que haya altibajos en unas relaciones ya de por sí muy delicadas. Y es que las negociaciones no se han quebrado con ellos.

Tampoco en la cuestión migratoria. En enero pasado, en la primera votación al borde del abismo de la legislatura —luego han ido llegado muchas más—, el PSOE pactó con Junts el traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración. En los últimos días, el Gobierno, empezando por Sánchez, ha reconocido que las conversaciones están "avanzadas", a falta de los flecos que sigue atando la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Pero no han concluido. Lo que confirmaron fuentes del Ejecutivo este miércoles, en el transcurso de la copa de Navidad ofrecida por Sánchez en la Moncloa a los periodistas, es que en ese paquete global de negociación con Junts se ha abierto un nuevo capítulo: la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para hacer posible el reparto obligatorio de menores migrantes en toda la Península y rebajar así la presión asistencial en Canarias. Las islas acogen a más de 5.300 chavales extranjeros arribados a sus costas, muy por encima de su capacidad de atención.

En la Conferencia de Presidentes de este viernes en Santander no se espera ningún pacto respecto a la cuestión migratoria, de ahí que se abra la vía de Junts, de la que está al corriente Fernando Clavijo

El Ejecutivo lleva meses intentando desatascar la modificación legal con el PP. Pero el bloqueo de los conservadores ha sido sistemático. El pasado 5 de diciembre, después de semanas de parón, se retomaron las conversaciones entre el Gobierno, la dirección de Alberto Núñez Feijóo y los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), y Ceuta, Juan Vivas (PP). No se avanzó ni un solo milímetro, para enojo de Clavijo, que gobierna el archipiélago con los conservadores. Génova, también muy presionada por Vox, se niega a cambiar la ley para redistribuir a los menores migrantes.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no tira la toalla, pero los márgenes para el acuerdo con el PP se han estrechado todavía más. Es más, en la Conferencia de Presidentes de este viernes en Santander no se espera ningún pacto en este punto (tampoco en financiación autonómica). De ahí que en el Ejecutivo estén explorando otras fórmulas de salida. Y una es la de abordar este punto también con Junts. En julio, cuando PSOE, Sumar y CC llevaron la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería —tumbada porque el PP se negó siquiera a que fuera admitida a trámite—, los posconvergentes también votaron no porque ponían por delante que se materializara primero el pacto firmado en enero. Esto es, el traspaso de la competencia migratoria a la Generalitat. Ahora, como las conversaciones sobre este punto han cogido velocidad, el Gobierno ha decidido incluir en ellas la modificación del artículo 35, pilotada por el ministro Torres. Si los siete diputados de Junts la aceptaran, la reforma saldría adelante: como se toca una ley orgánica, requiere mayoría absoluta, y Sánchez y sus socios parlamentarios la alcanzan.

Desde el Ejecutivo señalaban este miércoles que han hallado buena disposición por parte de los de Puigdemont. Es decir, que Gobierno y Junts están hablando sobre un "paquete global" en inmigración, en el que se incardina este punto concreto que haría posible la distribución obligatoria de los menores para aliviar la saturación de Canarias, Ceuta y Melilla. Clavijo está informado de este diálogo con los posconvergentes. Presiona para que la reforma se apruebe incluso por real decreto ley, para que entre en vigor cuanto antes, pero Torres sigue defendiendo que esa vía entraña riesgos, porque modificar el reparto competencial exige de una ley, y por tanto no bastaría con un decreto ley que podría ser recurrido por las comunidades del PP que no están dispuestas a aceptar la derivación de niños y niñas migrantes, caso de Madrid. Política Territorial insiste en que lo idóneo es que el cambio del artículo 35 se acometa a través de una proposición de ley de los grupos.

El Gobierno no quiere la fórmula del decreto ley. El plan tendría una contraindicación: el PP podría no sentirse comprometido, aunque desde el Ejecutivo recuerdan que estaría boicoteando una ley

Ese plan tiene una contraindicación: el Gobierno necesita que los gobiernos autonómicos del PP no boicoteen la aplicación de la ley, si esta se aprobara. Por eso Torres aseguraba hasta ahora que no tenía sentido sacar adelante la reforma con Junts y con el no de los populares, ya que estos presiden 11 CCAA y cogobiernan en Canarias. Ahora el Gobierno matiza esa posición: "A fin de cuentas, el PP tendría que respetar una ley aprobada por el Parlamento", apuntaron fuentes muy próximas a Torres y, por tanto, habría mecanismos para hacerle cumplir la norma. Igual que ocurre con los mayores migrantes que son competencia del Estado y que distribuye entre las distintas autonomías.

Respecto a la cuestión del traspaso de la competencia migratoria a la Generalitat, fuentes gubernamentales mostraron este miércoles su disposición a que los Mossos d'Esquadra puedan ampliar su presencia en puntos donde hasta ahora no operaban, como en puertos y aeropuertos. Pero el poder del control de fronteras, reiteraban esas fuentes del máximo nivel, seguiría recayendo en el Estado. Y de ahí en el Gobierno no se moverán, añadían. Sánchez siempre lo dejó claro cuando llegó al acuerdo con Junts a principios de año, una línea roja, por tanto, que al menos por ahora no se ha desplazado.

El Ejecutivo estaría dispuesto a negociar para Cataluña una solución como la que de hecho ya pactó con Euskadi el pasado verano: la cesión del control del orden público en puertos y aeropuertos a la Ertzaintza. Algo que no afectaría a las funciones "exclusivas" que tienen en control de fronteras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La carpeta puede que "no llegue a estar en la mesa de Junts"

En todo caso, en el Gobierno relativizan, y mucho, los mensajes de advertencia de Junts. Este miércoles, la portavoz de Puigdemont en el Congreso, Míriam Nogueras, lanzó los avisos por partida doble. En el hemiciclo, pidió a los socialistas que "muevan el culo" y paguen "lo que deben" a los catalanes. En RNE, en una entrevista en Las mañanas, con Josep Cuní, fue aún más categórica. La diputada aseguró que no prevé que se abra con su partido la negociación de los Presupuestos: "No creo que esa carpeta llegue a estar en la mesa de Junts". Es más, ve "muy difícil" que haya nuevas cuentas con el apoyo de su formación porque no se pueden sentar a hablar del proyecto para 2025 "hasta que no se pague lo que se debe a los catalanes". Y agregó que el Gobierno no se ha puesto en contacto con ellos para abordar esta cuestión. Nogueras apostilló que cree que la "estrategia" de Sánchez es prorrogar los PGE vigentes, los de 2023.

Sánchez resta importancia a los avisos lanzados por Junts, y también su equipo: "Cuando alguien quiere romper, rompe. Ellos necesitan sacar la cabeza, lo han hecho y ya". Pensar en un acuerdo sólido con el PP es "política ficción"

Sánchez y el resto de sus ministros presentes en la copa de Navidad en la Moncloa trasladaron el mismo mensaje: no se sorprenden de los avisos de Junts, porque no quiere que se la incluya en ningún bloque. Pero los neoconvergentes no llevarán su amenaza al límite. "Cuando alguien quiere romper, rompe. Ellos necesitan sacar la cabeza, lo han hecho y ya", resumía un miembro del núcleo duro del presidente.

El jefe del Ejecutivo minimizó los últimos movimientos de los de Puigdemont. No los ve como un ultimátum. Cualquier acercamiento para un acuerdo sólido entre Junts y PP es hoy día, dijo, "política ficción". Los posconvergentes tendrían muchas dificultades para explicarlo en Cataluña y a los populares, analizó, se le abrirían grietas tanto dentro del partido como con Vox. Lo que sí cree que le ocurre a Junts es que no sabe "medir el estado de opinión de la ciudadanía catalana". Sánchez devolvió el aviso tanto a los independentistas como a Podemos, ambos abonados a los "pulsos" al Gobierno: deben ser conscientes de que lo que la ciudadanía ve es "la amenaza de PP y Vox". Es decir, que corren el riesgo de tensar tanto la cuerda que al final se pasen de frenada y ni sus respectivas parroquias les sigan porque lo que hay enfrente es un miedo mucho más poderoso, el de una coalición en la Moncloa de la derecha y la ultraderecha. El líder socialista ratificó ante los periodistas, como había hecho a primera hora de la mañana en el Congreso, que él cumplirá con los acuerdos firmados con todos sus socios.

Los Presupuestos de 2025 aún tendrán que esperar. El Gobierno ha ido retrasando una y otra vez la presentación del proyecto de ley. La última fecha, ratificada de nuevo por el presidente ante los periodistas, es la del primer trimestre del año. La negociación con los grupos, argumentó, no ha podido arrancar porque tiene que concluir el proceso de renovación interna de uno de sus socios ERC. Junts ya hizo su congreso en febrero, pero solo sirvió para reentronizar a Puigdemont. Los republicanos, en cambio, eligen este sábado a su nuevo jefe de filas: o retornan a Oriol Junqueras o apuestan por Xavier Godàs. "Estamos dispuestos a sudar la camiseta y más", prometió Sánchez, garantizando que el proyecto se llevará al Congreso con seguridad, aun a riesgo de que puedan ser tumbados. El objetivo es retratar a los grupos.

La negociación de los Presupuestos arrancará cuando concluya el congreso de ERC. El Gobierno se empleará a fondo para lograr aprobarlos: "Estamos dispuestos a sudar la camiseta y más"

Sánchez sigue estando dispuesto a una reunión con Puigdemont y Junqueras, como comprometió hace un año, como un gesto de "coherencia". Recordó que se han cruzado en estos últimos 12 meses cuestiones como las elecciones catalanas de mayo, la conformación del nuevo Govern en agosto o, ya este otoño, los congresos de Junts y ERC. "Lo importante es la aprobación de la amnistía, que ya está hecha. Ahora estamos en la fase de aplicación", parada en los tribunales para ambos dirigentes independentistas, alegó. Por ahora, "no está en agenda" ningún encuentro con ellos.

El presidente y su equipo volvieron a mostrarse optimistas respecto al desarrollo de la legislatura. En su Gabinete recordaban cómo la intención de voto al PSOE es prácticamente calcada a la de julio de 2023, con las últimas generales, sin apenas desgaste pese a todo lo sucedido y el impacto por la ley de amnistía. Sánchez blandió, igual que en el pleno, el artículo de este miércoles de The Economist, que sitúa a España como la economía con mejor desempeño en este 2024. La que arroja mejores resultados de la OCDE. A la cabeza, por tanto, de las economías más avanzadas del mundo, por encima de Alemania, Francia, Estados Unidos o Italia. El líder socialista reiteró que España vive un muy buen momento —"un notable alto política y económicamente"— en un contexto internacional extraordinariamente complejo.

Una oposición que juega "con las cartas marcadas"

Por esa misma razón, cuando se le preguntó si las causas judiciales pueden acabar desestabilizando la legislatura, contestó que no tiene intención ninguna de adelantar las generales. España crece, insistió, acaba de cerrar el 41º Congreso Federal del PSOE, su partido está en pleno proceso de renovación territorial...

Sí dejó un mensaje Sánchez muy relevante: que tiene la sensación de que el PP juega "con las cartas marcadas" en su labor de oposición. Es decir, que recibe ayuda de una parte de la Justicia. Que hay una connivencia de la derecha mediática y judicial. Que Génova cuenta con información privilegiada. Lo argumentó señalando a las referencias del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, adelantando decisiones judiciales en X, o del propio Feijóo, augurando el "calvario" judicial que sufrirán él y su entorno. Y eso es algo, admitió, que le "preocupa". Su lectura es que "no hay oposición política" ya en España, que el PP la ha externalizado en los tribunales. Según su análisis, los populares no tienen alternativa, no son capaces de construirla, y la "novedad" es que "algún juez" —parecía aludir a Juan Carlos Peinado, el instructor de la causa que tiene imputada a su mujer, Begoña Gómez— está dispuesto a "contribuir" a esa tarea de oposición.

Niega, frente a Ayuso, que fomente el "guerracivilismo" con los actos de conmemoración de los 50 años de democracia tras la muerte de Franco. Estará al frente un comisionado dirigido por una mujer

Sánchez se refirió también a dos asuntos de actualidad. Por un lado, la respuesta de la presidenta madrileña a su anuncio de que en 2025 España conmemorará los 50 años en libertad vividos tras la muerte del dictador Francisco Franco. "Ha enloquecido", dijo Ayuso sobre el presidente, acusándole de fomentar el "guerracivilismo". "Es lo contrario", le replicó Sánchez desde la Moncloa, incidiendo en que este es un "momento propicio" para hacer divulgación de estas cinco décadas de democracia, más cuando hay muchos jóvenes que desconocen qué ocurrió en la dictadura y se abren paso discursos fascistas. Al frente de la organización de los actos estará un comisionado, dirigido por una mujer joven, explicitó. "La efemérides no la he puesto yo, sino la historia", recordó.

Y sobre la ausencia de representación española en la reinauguración de la catedral de Notre Dame de París, Sánchez eludió responsabilizar a la Zarzuela, como sí había hecho Exteriores, por no haber informado de la ausencia de los Reyes. Lo que sí condenó fue la "utilización, por parte de la oposición" de la figura del jefe del Estado contra el Gobierno, y eso "es un error".

El jefe del Ejecutivo rechaza responsabilizar a la Zarzuela de no haber informado de la ausencia de los Reyes en la reapertura de la catedral de Notre Dame

En los corrillos se habló mucho de Junts, de Presupuestos, de perspectiva de legislatura. Y de la vida interna del PSOE, claro. El proceso más inmediato y relevante es el de renovación en Andalucía. Las opciones se agotan para su secretario general, Juan Espadas. Lo decía una ministra a los periodistas: lo que se necesita es un candidato que ayude a "polarizar" y a confrontar con Juanma Moreno. Un retrato robot, otro más, que sitúa a Espadas en la línea de salida.