El desplante de Junts horas previas al encuentro, sumado a la negativa previa del PNV a acudir a él, avistan muy complicado dar continuidad al impuesto a las entidades energéticas a partir del 1 de enero a través de un real decreto ley desde el Consejo de Ministros. Ese es el acuerdo al que llegaron el Gobierno [en su representación del PSOE, por parte del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón] y Sumar (Txema Guijarro), ERC (Pilar Vallugera), EH Bildu (Oskar Matute), Podemos (Ione Belarra) y BNG (Néstor Rego) a última hora de la tarde de este miércoles en la sala Martínez Noval del Congreso de los Diputados.

Esta mesa de diálogo se consensuó a través de Podemos el 21 de noviembre, cuando el PSOE se comprometió a aprobar la prórroga del impuesto energético a finales de año si los morados no tumbaban la reforma fiscal efectuada como antesala a los Presupuestos Generales del Estado. Sobre la mesa había dos opciones, o intentar con el resto de grupos favorables presentar una proposición de ley, o bien que, de fracasar, el Gobierno emitiese un decreto ley para asegurar esa prórroga a partir de 2025. Directamente los socios de izquierda consensuaron la segunda opción por el corto margen de tiempo que le queda al ciclo de sesiones.

El problema es que la coincidencia lograda no lleva a un escenario nuevo, dado que todos ya estaban comprometidos con esa prórroga. Conjuntamente, suman 165 diputados. El trámite requiere de mayoría simple, y ya con PP, Vox y UPN en contra (171) no prosperaría.

No solo valdrá un esporádico apoyo —muy complicado— del PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, ya recalcó que del sector energético dependen numerosos puestos de trabajo así como ingresos de Euskadi. Sino que es crucial el apoyo de Junts para que salga adelante con 177 diputados. Valdría una abstención si en su defecto votasen a favor Coalición Canaria junto a José Luis Ábalos. Algo que, por parte del segundo, es muy complicado y tensionaría la votación hasta el último momento. Sin embargo, los de Miriam Nogueras en la Cámara Baja se mantienen en sus posiciones. Creen que lo pactado ya en la reforma fiscal es suficiente y rehúyen la posibilidad de ceder más. Además, trasladan que el impuesto perjudicaría las inversiones del sector eléctrico en Cataluña, y especialmente en Tarragona.

Según fuentes presentes en la negociación, el nuevo decreto se prorrogaría durante un año e incorporaría "novedades" que no se han detallado, a la espera de una segunda reunión de los socios la próxima semana, que debería cerrar este diálogo y dar pie a que el Consejo de Ministros aprobase el decreto para su posterior aplicación tras el 31 de diciembre.

El decreto pactado incorporará novedades al actual vigente, y terminará de cerrarse en una reunión la semana que viene

Frente a la discreción de la mayoría de socios, Podemos sí emitió valoraciones. Aunque todas fueron enfocadas a atacar al PSOE. Se le culpa de convocar la reunión sin tener el compromiso de Junts y PNV de acudir a ellas, como comunicaron ambas fuerzas por la mañana. "Este incumplimiento revela, desde nuestro punto de vista, la falta de compromiso del Gobierno con el impuesto a las energéticas", acusan fuentes de la formación. Podemos amenaza, sin desvelar ese principio de acuerdo para el decreto, que de no conseguirse el compromiso no podrán volver a validar la reforma fiscal una vez sea devuelta del Senado y vetada por la mayoría del PP. Algo esencial para que pase al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ya por la mañana, para añadir presión, Belarra llamó al PNV "cachorros" de Repsol por su postura díscola a este impuesto. Algo que únicamente ha provocado la irritación del grupo vasco que confirmó que no se descolgaron de la cita, sino que no han sido avisados por los socialistas. De hecho, consideraron que la reunión no es más que una escenificación para justificar el voto al paquete fiscal, en el caso de Podemos, y de argumentar que lo han intentado todo, en el caso del PSOE a sus socios para intentar sacar las cuentas de 2025. Si no se mantiene esta prórroga, en todo caso, Podemos no apoyará las cuentas. Sus cuatro diputados son igual de cruciales que los de Junts para ello. Nogueras tiene escasa confianza en que se llegue a negociar esa "carpeta" y alienta una nueva prórroga.

Podemos demanda al PSOE redoblar la presión

Podemos afrontó la reunión molesto por llegar el PSOE con 20 días de retraso, sin una propuesta clara bajo el brazo [muchos fueron sin papeles] y sin tener atado ningún avance con Junts y PNV. Es más, sin la participación de ambas formaciones. Los morados instan al Gobierno a ejercer más presión a sus dos socios para cumplir con la agenda progresista y el mandato social que creen se dio a Sánchez y a los suyos tras las últimas generales. Eso sí, en Podemos, según fuentes de la formación, abogan por mantenerse como un actor de negociación bilateral con el Gobierno. Renuncian a participar en ese contacto con los de Andoni Ortuzar y los de Carles Puigdemont para esta cuestión concreta, más allá del diálogo cotidiano que se mantiene por la convivencia parlamentaria.

Podemos se abre a ajustes o bonificaciones en ese impuesto, pero que no permitan dejar sin efectos el propio gravamen

El argumento es que, de hacerlo, la responsabilidad de no conseguir sacar el impuesto adelante se repartiría entre el PSOE, pero también con ellos, algo que creen que no es justo cuando ha sido el socio mayoritario de la coalición quien se comprometió a legislarlo a cambio de esa muestra de confianza de Podemos. Fuentes de los de Belarra creen, además, que las condiciones de presión y negociación no son las mismas en Podemos que en Hacienda, con multitud de "herramientas" para atraer el plácet.

"El problema es del PSOE", concluyen, insistiendo, como vienen haciendo desde septiembre, en que ellos no tienen las manos atadas y pueden permitirse votar en contra de cualquier asunto que se les proponga si no ven satisfechas sus reclamaciones.

Podemos, dispuesto a ceder

Con todo, los morados si están dispuestos a ceder en sus pretensiones, muy exigentes respecto al resto de grupos, para terminar de seducir a Junts y el PNV en esa prórroga anual. Con modificaciones, en todo caso, que no afecten a que el impuesto deje de ser un impuesto. Se abren a ajustes, a que haya algunas bonificaciones, pero que en ningún caso dejen sin efectividad a este gravamen. Los socialistas ya sugirieron para atraer a Junts y al PNV el bonificar a aquellas entidades que aboguen por la descarbonización. Algo que en sí hacen todas y que a Podemos no convenció.

El objetivo de los morados era salir de esta ronda de reuniones con "un papel" que publicitar antes del cierre del año que se avista posible. De cara a la negociación con los neoconvergentes y con el PNV Podemos pone sobre la mesa el dilema: "Tienen que decidir si están con los intereses de las grandes energéticas o con los ciudadanos". Socios conservadores como los de Ortuzar creen crucial dar garantías técnicas precisas a la hora de legislar cualquier gravamen.