Puigdemont asegura que la sentencia del TJUE hace "inviables" las euroórdenes

Carles Puigdemont cree que España puede volver a emitir una nueva euroorden, pero la sentencia emitida este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las hará "inviables". El ex president fugado y su abogado, Gonzalo Boye, leen el dictamen del TJUE como un éxito de sus postulados, porque reconoce la existencia de un "grupo objetivamente identificable", los independentistas catalanes, que habrían sido víctimas de la vulneración de sus derechos políticos.

La Sentencia "deja las extradiciones en vía muerta" ha afirmado un Puigdemont visiblemente satisfecho, porque "pone unas condiciones a la presentación de euroórdenes que en la práctica las hace inviables". Aún así, se ha mostrado convencido de que el instructor del Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena, emitirá nuevas peticiones de extradición.

"Siempre hemos insistido en que no íbamos a defendernos individualmente sino como colectivo", ha señalado Puigdemont. "La sentencia nombra un grupo objetivamente identificable, los catalanes que nos consideramos nación, e incorpora este razonamiento a la petición de euroórden" ha añadido. Un hecho que a su juicio" nos abre un camino político mas allá de lo que digan los tribunales".

El tribunal de Luxemburgo ha hecho pública la sentencia en la que contesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el instructor del procés sobre si podía reclamar a los políticos independentistas fugados una vez los jueces belgas se negaron a entregar al exconsejero Lluis Puig. El TJUE concluye que Bélgica no puede negarse a entregar a los reclamados por el Supremo puesto que en España no existe un riesgo sistémico de vulneración de derechos.

Da la razón a Bélgica

Para Puigdemont, sin embargo, la sentencia dice que "la justicia belga tenía razón" porque "admite que se ajustó a la directiva marco". La sentencia "dice que Bélgica lo hizo bien" ha insistido Boye que ha hecho una "valoración muy buena" de la decisión del TJUE.

El letrado de Puigdemont cree que esta sentencia "cambia el escenario jurídico" porque se reconocen "elementos fundamentales que tendrán consecuencias para exiliados y demandantes". Entre estos elementos, Boye ha destacado que el TJUE "dice que el Tribunal Supremo no es el tribunal competente" y porque introduce la posibilidad de denegar una extradición por deficiencias sistémicas para un grupo de personas identificado.

Esto es "una lucha colectiva" ha asegurado Boye, en la que "hemos venido a defender conceptos y esos conceptos han sido ratificados por el TJUE; eso tendrá consecuencias".

Puig, "muy contento"

Lluís Puig, ex consejero de Cultura y el único de los fugados que no cuenta inmunidad como miembro del Parlament Europeo, ha asegurado también estar "muy contento" ante un dictamen que, a su juicio, "nos permite presentarnos con más fuerza ante cualquier petición de extradición".

En 2021, tanto un juez belga en primera instancia como el Tribunal de Apelación de aquél país rechazaron responder a la orden europea de entrega cursada por Llarena por el delito de malversación contra Puig alegando que el Tribunal Supremo no era competente para juzgarle, según alegó su defensa, viendo riesgo de vulneración de su derecho a un juicio justo.

Prudencia desde el Govern

Más prudente ha sido la valoración realizada por el gobierno catalán, que ha pedido tiempo para analizarlo. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha señalado que "hay diferentes interpretaciones" para defender su prudencia, minutos después de la comparecencia de Puigdemont. "Ante un pronunciamiento tan importante como complejo no podemos hacer valoraciones precipitadas, hay que estudiarlo a fondo".

Aunque se ha apresurado a asegurar que entre esas interpretaciones unas están "más legitimadas que otras" y ha señalado la de los afectados y sus equipos jurídicos para expresar el "máximo respeto a sus pronunciamientos, son los más legitimados".

Plaja ha coincidido con Puigdemont en la importancia de que el TJUE defina el concepto "grupo objetivamente identificable" lo que "abre la puerta a reconocer que hay una causa general contra el movimiento independentistas por parte de estamentos judiciales españoles".