La Generalitat catalana quiere ser el primer gobierno autonómico que active la Ley de vivienda para limitar el precio de los alquileres en las zonas de mercado tensionadas. Para conseguirlo, el Govern ha iniciado ya la definición de las "zonas de mercado tensionado" en las que se aplicará ese tope de precios y pide al Gobierno agilice los trámites.

El acceso a la vivienda "es un problema" ha asegurado la portavoz del Govern, Patricia Plaja, señalando que "no sostenible dedicar más del 30% del sueldo a vivienda". En este contexto, Plaja ha lamentado que el tope a los alquileres "llegue tarde" por el recurso del Gobierno a la ley catalana que lo fijaba desde 2020 y reclama a la ministra de Transporte, la catalana Raquel Sánchez, que agilice la aprobación posterior de ese mapa.

El ejecutivo autonómico ha enviado además una carta al Ministerio de Transportes para que homologue el Índice de referencia del precio del alquiler catalán. Un índice que el Govern asegura tener actualizado "y plenamente operativo", que es un indicador "indispensable para aplicar el tope a los precios del alquiler que prevé la Ley de vivienda aprobada hace apenas 12 días.

Mapa catalán

El trámite iniciado por el Govern supone fijar el mapa de las zonas tensionadas en función del aumento de los precios y la oferta de vivienda asequible. Los ayuntamientos tendrán entonces un periodo de alegaciones, tras el cual la propuesta debe ser aprobada por el Gobierno.

Según Plaja, ese mapa no debe ser muy diferente del aprobado por la Generalitat en 2020, que fue desactivado por la anulación de la ley catalana por parte del Tribunal Constitucional, previo recurso del Gobierno. Entonces la Generalitat fijaba 142 zonas tensionadas en el conjunto de Cataluña, la gran mayoría en el entorno de Barcelona.

El objetivo del Govern es "aplicar la nueva ley lo antes posible". Esto es, intentan evitar que un cambio de Gobierno tras las elecciones del 23 de julio deje el texto en papel mojado. La Ley de vivienda ha sido una de las reivindicaciones constantes de ERC en sus negociaciones con el PSOE, en este caso con el apoyo de Podemos.

En caso de aprobarse las zonas tensionadas, estas tienen una vigencia de tres años, prorrogables anualmente a petición de las administraciones cometentes, autonómica y municipal.