"Sorprendente". Así reconocen en el Tribunal Constitucional que les ha parecido la noticia del adelanto electoral. La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de volver a las urnas en menos de dos meses no era esperada en el edificio redondo de la calle Domenico Scarlatti de Madrid y supone desbaratar en parte la estrategia fijada por el presidente Cándido Conde-Pumpido que pretendía sacar todas las sentencias importantes antes de verano. Por el momento, la próxima semana se decidirá sobre la legalidad de que los diputados juren o prometan el cargo con todo tipo de frases y esto afectará al nuevo Parlamento que se conforme tras el 23-J.

El ritmo impuesto por el presidente progresista desde que llegara al cargo en enero de este año ha sido "frenético", cuentan algunos. Tanto es así que en la Fiscalía están prácticamente cruzados de brazos, dicen otras fuentes, porque los magistrados se están encargando de evacuar todo el papel que tenían atrasado.

En estos cuatro meses al "ritmo Pumpido", el Tribunal ha avalado la ley Celáa, la ley de Eutanasia o la ley del aborto, entre otras. A este paso, dicen las fuentes consultadas, el año terminará con un porcentaje de recursos mucho menor del que han tenido nunca en espera.

Pero estos dos meses antes de agosto eran clave para seguir con el paso. En el tintero hay todavía decisiones políticamente muy sensibles que iban a aprobarse cuando el horizonte electoral estaba colocado en diciembre. Entre ellas, por ejemplo, el recurso que presentó el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez tras la retirada de su escaño en el Parlamento. El que fuera del partido morado fue condenado por el Tribunal Supremo por dar una patada a un policía en unas protestas en Tenerife. La Sala de lo Penal resolvió retirarle su escaño y eso tocó hacer a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, rodeada de polémica. Ahora los magistrados que velan por la Constitución tendrán que decidir si fue legal o no y, si el dictamen es favorable a Rodríguez esto podría convertirse en un arma política para la formación que siempre se queja de la persecución de los tribunales.

También quedan pendientes los recursos que en abril de 2021 presentaron Vox y PP contra la decisión del Gobierno de limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras el órgano estuviera sin renovar. Esto ha traído un colapso en algunos tribunales, especialmente, en el Tribunal Supremo donde hay más de 40 plazas vacantes. Lo que fallen los togados del Constitucional es de vital importancia para los jueces que llevan años laméntandose de que la situación se agudiza cada vez más. Las ponencias han caído en la magistrada María Luisa Balaguer, que ya tiene su sentencia redactada, y el magistrado César Tolosa, quien prácticamente también. La idea del presidente era llevarla a pleno en junio o julio como máximo.

En los planes de Conde-Pumpido se iban a convocar dos semanas de plenos el próximo mes y dos más al siguiente para que las vacaciones de agosto pillaran a los magistrados con los deberes al día. Quitándose todos estos asuntos, el Tribunal quedaría prácticamente limpio de temas trascendentes estancados desde hace años. Pero la convocatoria del próximo 23 de julio hace que inevitablemente el Constitucional deba reestructurar los asuntos. Fuentes internas explican que la convocatoria ha pillado tan de sopetón que todavía deben pensar si condensan todas las decisiones en junio o si dejan temas para después del verano. En los tribunales existe una norma no escrita de intentar paralizar todos aquellos temas que puedan interferir en las elecciones (afecte al partido que afecte) durante el periodo electoral.

Juramento de los Diputados y los 'ERE'

Por el momento, el presidente ha convocado el siguiente pleno para el 6 de junio y ahí se verá uno de los asuntos que estaba en cola: el juramento de los diputados. El recurso a raíz de que en 2019 una ristra de parlamentarios decidiera cambiar el "sí, juro" o "sí, prometo" convencional por un sinfín de variantes como un juramento por la república catalana, por España, por la España pero vaciada, por el Planeta, por las mujeres asesinadas o incluso por las Trecer Rosas.

Todas estas ocurrencias se convirtieron en motivo de protesta a Mertixell Batet y el tema terminó en recurso del PP en el Tribunal Constitucional. La ponente será María Luisa Segoviano y lo que decida será vinculante para la conformación de las Cortes que salgan de los comicios del mes de julio.

Otro de los temas el recurso de José Antonio Griñán (condenado por los 'ERE' de Andalucía) para saber si se acepta o no revisar las razones de su pena y la de los otros once condenados. La Sala Segunda debe decidir si la sentencia del Tribunal Supremo reúne los requisitos para que pase por en análisis del Tribunal Constitucional y lo hará el próximo 5 de junio, según avanzó Europa Press. La magistrada a cargo de estas ponencias es Inmaculada Montalbán.