Los datos son claros: de las 2.138 revisiones de condena que se han realizado en todos los tribunales de España, 1.079 han terminado en rebaja. Fuentes jurídicas explican que algunas de las audiencias provinciales habían paralizado estas semanas sus decisiones a la espera de que el Tribunal Supremo resolviera la forma correcta de aplicar la ley del "solo sí es sí". Con el aval del órgano que sienta jurisprudencia y extrapolando los datos hasta este momento, en los próximos meses los jueces podrían acordar otro millar de rebajas más.

En total hay 4.030 presos por delitos de agresiones sexuales (no todos cumpliendo condena, pues esa cifra incluye también a imputados en prisión preventiva), según los datos que facilitó Instituciones Penitenciaria cuando comenzó el goteo de rebajas tras la entrada en vigor de la norma del Ministerio de Igualdad. A eso hay que sumarle, además, las sentencias por delitos sexuales que no han terminado con penas de cárcel. Estableciendo ese dato como base, si se han revisado 2.138 condenas todavía faltan por analizar el 47% de las penas, bien a instancias de los condenados o bien de oficio por los jueces.

En el último recuento ofrecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se señalaba que las revisiones que implicaban reducción de condena eran el 30,9%, pero solo contando aquellos órganos que informan del total de revisiones efectuadas. Extrayendo los datos en bruto, si existen 2.138 sentencias revisadas y son 1.079 las rebajas de condena, supone un 50,46%. Por lo que si aún deben examinarse otras dos mil sentencias el escenario en el que se rebajen otras mil es bastante probable.

La deliberación que este miércoles comunicó el Tribunal Supremo es de vital importancia porque supone un espaldarazo, sin fisuras, a las reducciones de años de cárcel que están haciendo los jueces y que desde el departamento de Irene Montero han sido duramente criticadas. La ministra de Igualdad defendía que los togados no estaban aplicando bien la norma, pero de 29 sentencias que se han estudiado en la Sala de lo Penal que dirige Manuel Marchena, 27 lograron unanimidad en el criterio. Y sobre estos cimientos se construirán a partir de ahora todas las decisiones.

El CGPJ tiene previsto actualizar en junio el número de rebajas de condenas, aunque fuentes del órgano avisan de que ese dato será sobre las rebajas de mayo y por tanto no se visualizará el eco del Supremo. Dentro de un mes, cuando se vean las de junio podrá distinguirse si esta resolución del Alto Tribunal acelera las restas de años de cárcel para violadores y pederastas.

Discrepancias sobre las penas mínimas

El Tribunal Supremo se había pronunciado ya en aplicaciones de la ley del "solo sí es sí" concretamente en 47 casos, de los que había rebajado la pena en 20, es decir en el 42.6% de los asuntos. Sin embargo, en la convocatoria del pleno de esta semana era la primera vez que se veían sentencias firmes, es decir, los padres de la jurisprudencia tenían que revisar si todos los jueces territoriales estaban aplicando bien la ley en cuestión única y exclusivamente de rebajas de penas.

Aunque se esperaba más división, la respuesta ha sido incontestable con unanimidad en prácticamente todos los casos. La Sala de lo Penal ha desestimado la tesis de la Fiscalía de que se pueda imponer la misma pena si la nueva condena está en la horquilla penal de la ley del "Solo sí es sí" y señala que prevalece el artículo 2 del Código Penal sobre la aplicación de normas retroactivas en los casos que beneficien al reo.

Las mayores discrepancias han estado en torno a las penas mínimas, cuentan fuentes del Alto Tribunal a El Independiente. Una parte de la Sala considera que si antes la pena más baja se situaba en seis años y ahora lo hace en cuatro, la rebaja es "automática", y otro sector mayoritario coincide en que aunque no es una cuestión aritmética sí se debe avalar que se produzcan restas en esta línea. No así un tercer grupo de magistrados que creen que hacer una ecuación sin mayor razonamiento puede llevar a un resultado arbitrario.

Sobre este asunto ha girado el debate de una sentencia cuya ponencia la tenía Andrés Palomo. El asunto se refería a una violación en manada en la que un hombre había violado a una chica (12 años de cárcel) y había sido cooperador necesario en otras dos penetraciones (seis años por cada una). La Audiencia Provincial había rebajado de 24 años a 15 la pena, dejando en 7 años la condena más alta y en cuatro las dos mínimas.

El fiscal había recurrido para que no se rebajar y Palomo era partidario de estimar el recurso. El presidente Marchena ha llevado la voz cantante del criterio mayoritario para rechazar el recurso y con él se han posicionado los magistrados Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Pablo Llarena, Vicente Magro, Carmen Lamela, Eduardo de Porres, Ángel Luis Hurtado, Javier Hernández y Leopoldo Puente. Este último ha asumido una nueva ponencia de la sentencia. Por su parte, han anunciado votos particulares Andrés Palomo, Ana Ferrer, Susana Polo, Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral.