PSOE y PP han llegado a un acuerdo para componer a tiempo el nuevo Consejo General del Poder Judicial que habrá de sustituir a partir del 4 de diciembre al actual CGPJ. Los dos partidos parecen estar satisfechos de lo conseguido pero eso se explica mejor en un caso que en el otro. El PSOE tiene desde luego motivos sobrados para estar contento sencillamente porque se ha hecho con la mayoría del Consejo. Lo que no se comprende bien es el contento de los populares por las razones que se dirán más adelante.

El resultado de las negociaciones entre la ministra de Justicia Dolores Delgado y el ex ministro también de Justicia Rafael Catalá ha dejado la composición del Consejo en 11 vocales propuestos por los partidos de la izquierda y 9 propuestos por el PP dado que Ciudadanos se ha negado a participar en este reparto  por parte de los partidos políticos porque defiende que la elección de los miembros del CGPJ se haga tal y como dice la Constitución, esto es, entre los propios miembros de la carrera judicial.

El PP considera un éxito el haber conseguido sacar a Manuel Marchena como nuevo presidente del CGPJ y también del Tribunal Supremo. Y no, por supuesto, porque el magistrado Marchena pueda  utilizar el voto de calidad del presidente para deshacer un posible empate en las votaciones porque con esa proporción, 11-9, el tal empate nunca se podría producir. Los populares argumentan que Marchena -que es un excelente jurista y que cuenta con el respeto de todo el  mundo judicial, sea de izquierda, de centro o de derecha- ha demostrado un autoridad indiscutible durante el tiempo en que ha presidido la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha controlado con eficiencia acreditada esta Sala y tiene un talante negociador derivado de su indiscutible autoridad que va a proporcionar acuerdos entre los vocales.

Nada que objetar a esa argumentación pero eso se enfrenta a esa proporción 11-9 que permite al PSOE y a sus socios -porque todavía no está claro cuáles de sus 11 van a ser elegidos por Podemos y por los partidos nacionalistas y los independentistas- no tener que negociar ningún acuerdo si éste no tiene un gran interés para ese bloque. Eso por un lado. Por otro lado está el hecho de que el presidente del tribunal que ha de juzgar a los responsables del desafío secesionista y además el ponente de la sentencia que se dicte en su momento, acaba de cambiar.

Así que, salvo para Marchena, no se ve el beneficio logrado por uno de los dos negociadores

Marchena, que naturalmente va a aceptar encantado asumir el puesto máximo de la cúpula del Poder Judicial, dejará automáticamente a partir de ese momento de pertenecer al  tribunal juzgador. Eso significa que va a ser sustituido por otro magistrado del mismo tribunal, Andrés Martínez Arrieta , y que entra a formar parte de ese tribunal otro magistrado o magistrada de la Sala Segunda que no haya tenido relación alguna con las actuaciones practicadas hasta ahora en el procedimiento. Con lo cual el tribunal sufre un cambio cuantitativo y cualitativo importante precisamente en vísperas de que se abra la vista oral de los procesados independentistas y no está  claro que eso sea lo más deseable en estos momentos: cambian dos de los siete magistrados, uno de ellos el presidente y ponente de la sentencia. Y se pierde además un excelente presidente de la Sala Segunda, que habrá de ser sustituido. Así que, salvo para Marchena, que obtiene un merecido reconocimiento a su capacidad y a su labor  de muchos años, no se ve por ninguna parte el beneficio logrado por uno de los dos negociadores del acuerdo recién cerrado.

Pero hay otro elemento que convierte en aún más inexplicable el contento del PP con el acuerdo alcanzado: entre los 11 vocales que podrá elegir el PSOE o sus actuales socios parlamentarios está José Ricardo de Prada, a quien no se le autorizó en el mes de septiembre que presentara su candidatura como magistrado porque no cumplía el requisito de estar en servicio activo: en ese momento estaba desempeñando la labor de magistrado ante el  Tribunal Internacional de Naciones Unidas formando parte del tribunal de apelación en el recurso presentado por el líder serbobosnio Radovan Karadzic. Pero la ministra de Justicia, que ha planteado su inclusión en el nuevo CGPJ como algo no negociable, encontró la vía para que De Prada formara parte del nuevo Consejo: presentarlo por el cupo de juristas de reconocido prestigio. Y en calidad de tal el juez De Prada ha entrado en el organismo renovado.

Este es un sapo de dimensiones descomunales que el PP se ha tragado sin rechistar. Y es un sapo inmenso porque fue precisamente  José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal que juzgó el caso Gürtel primera época, quien insistió en introducir en la sentencia dos frases a propósito del PP que no formaban parte directa del asunto que se había juzgado pero que dieron pie al PSOE para plantear la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, lo que propició la salida de la presidencia de Rajoy y la entrada del actual Gobierno presidido por Pedro Sánchez.  Las frases referidas al Partido Popular fueron entre otras éstas : "Se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”  y  "[Hubo  una]  caja B del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde 1989”.  Además incluyó otra consideración en la que ponía en duda la veracidad de la declaración prestada en el juicio por el propio Mariano Rajoy por entonces presidente del Gobierno, circunstancia de la que, sin embargo, el tribunal no dedujo testimonio.

Y dice que está contento el Partido Popular... Lo está porque ha colocado a Manuel Marchena al frente de un CGPJ en el que no tiene ni la mayoría ni la eficacia del último recurso al voto de calidad del presidente y que cuenta entre sus nuevos vocales al magistrado de la Audiencia Nacional que puso la pista para que aterrizara en ella un nuevo Gobierno previa salida inesperada y traumática de gobierno anterior, del Partido Popular.

La impresión a primera vista es la de que, por mucha autoridad moral que tenga el futuro presidente del Tribunal Supremo y por grande que sea su capacidad negociadora y su habilidad para trenzar acuerdos, al PP  ha encajado un gol por la escuadra. En este acuerdo de renovación del CGPJ  el Partido Popular sale con el triunfo de Marchena en la mano, pero sale claramente perdedor.