No habían pasado ni 24 horas y ya se ponían al descubierto los motivos por los que Pedro Sánchez había decidido dejar a los pies de los caballos a su vicepresidenta primera Nadia Calviño, a su ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y a su ministro de la Presidencia Félix Bolaños.

A las dos primeras ni siquiera las convocó a la reunión en la que cambió radicalmente de posición y decidió dar luz verde a las exigencias de Podemos. Al ministro Bolaños le desautorizó de lleno y a la vista de todos porque hasta la misma víspera se había mantenido firme en su negativa a aceptar el control de los alquileres por el procedimiento que pretendían y finalmente consiguieron, Yolanda Díaz e Ione Belarra.

Pero aquí todos los presentes en esta partida, incluido el presidente del Gobierno, han jugado a lo mismo: a publicitarse y a nada más.

Pedro Sánchez estaba decidido a no seguir prolongando las negociaciones con los morados, que se habían enrocado en esta ley de la vivienda a la que ponían como condición sine qua non para aprobar el anteproyecto de Presupuestos, aunque esta ley es por completo ajena a la ley de Presupuestos Generales del Estado. 

Sánchez se pliega a lo que le reclaman desde Podemos sencillamente porque quiere tener las cuentas del Estado ya

Y quería demostrar que se cumplían los plazos que él había anunciado. Por lo tanto, se pliega a lo que le reclaman desde Podemos sencillamente porque quiere tener las cuentas del Estado ya aprobadas en el seno del Gobierno antes de que se celebre el Congreso del PSOE los días 15, 16 y 17 de este mes en Valencia.

Quería tener su particular camino despejado y  para eso ha estado dispuesto a ceder en lo que hubiera que ceder. Y, efectivamente, hoy se celebra un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el anteproyecto de ley de los Presupuestos. Objetivo alcanzado. 

A los de Podemos les sucede lo mismo. Inmediatamente después de conocer el acuerdo, se apresuraron a dejar claro en las redes que lo aprobado era su propuesta, que sumaban a una larga lista de iniciativas que enumeraban una por una y cuya responsabilidad y autoría se adjudicaban sin la menor consideración hacia la parte socialista del Gobierno al que pertenecen. “Esto lo hemos conseguido nosotros y nadie más, que quede claro”, venían a decir.

Pero, ay amigo, esta ley de vivienda tenía más novios que se han molestado con los acaparadores de Podemos de una iniciativa que no importa que no vaya a dar los resultados que se supone que se persiguen, ni importa que vaya a generar unos desequilibrios brutales entre las distintas comunidades y, en definitiva, una desigualdad injusta y por lo tanto inasumible.

Nada de eso interesa al resto de pretendientes de la ley. Interesa el efecto propagandístico que su aprobación puede tener entre su público. Y así, los de ERC en el Congreso se han dolido del protagonismo excluyente de Podemos en una norma a la que los republicanos independentistas catalanes pensaban también sacarle su particular rédito político. 

Y no sólo porque la injerencia de lo público en el mercado libre siempre produce gran satisfacción entre la izquierda, independientemente de que la medida tenga un efecto positivo o negativo, sino porque pensaban utilizar este acuerdo sobre la ley para enfrentar al Gobierno ante la ley catalana de control de los alquileres que el Ejecutivo tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias.

El plan de representar una presión conjunta sobre el sector socialista del Gobierno bajo la amenaza -probablemente ficticia- de que sin esa cesión ninguno de los dos partidos daría su apoyo a los Presupuestos se ha esfumado para ERC porque Podemos se ha alzado en solitario con el trofeo, cosa que Gabriel Rufián les ha reprochado públicamente. 

Sánchez le ha dado la vuelta a la negociación por la sencilla y obscena razón de que tenía prisa

Pero no sólo era ERC. También Bildu tenía la intención de sacarle rentabilidad política en beneficio propio a la ley de Vivienda para lo cual los proetarras junto con otros grupos parlamentarios, los dos sindicatos mayoritarios, otro específico de inquilinos y otras organizaciones firmantes habían incluso presentado en el Congreso una iniciativa legislativa popular para la aprobación de una ley que garantizara el derecho a la vivienda.

Es decir, que ha habido durante todos estos largos meses de negociación y de tiras y aflojas un auténtico despliegue para intentar llevar al PSOE por el camino de la intervención pública de los alquileres, algo a lo que éste se ha resistido hasta que ha llegado Pedro Sánchez y le ha dado la vuelta a la negociación por la sencilla y obscena razón de que tenía prisa.

Podemos, en tanto que socio de Gobierno, ha encontrado la vía para hacer doblar la rodilla a los ministros socialistas a base de chantajear al presidente del Gobierno y se ha alzado con el trofeo. Y va a explotar políticamente en solitario su victoria para disgusto de sus socios en esta operación.

Ahora bien, lo que resulte de la aplicación de esta ley cuando se pueda poner en marcha, no parece preocupar a ninguno de estos partidos. Están a lo que están que no es otra cosa que sacarle jugo a una iniciativa tan, pero tan, del gusto de la izquierda. Y ya, los que vengan detrás, que arreen.