El entorno global continúa marcado por las crecientes tensiones inflacionistas, que proyectan un crecimiento del nivel de precios este año superior al estimado inicialmente por los principales organismos internacionales y bancos centrales. De esta forma, junto a la normalización de las cadenas de valor y suministros, será clave la evolución de la primera crisis energética, enmarcada en el proceso de descarbonización, que afronta el mundo para determinar el impacto estructural final en la inflación a medio plazo. 

En esta coyuntura, la inflación promedio del conjunto de los países de la OCDE continúa su senda al alza iniciada desde finales de 2020. En concreto, en agosto avanzó hasta un 4,3% anual. Una tendencia explicada principalmente por el significativo repunte del coste de la energía de un 18,0% interanual, su mayor incremento desde septiembre de 2008, que se ha visto impulsado por el acusado encarecimiento tanto del crudo como del gas natural y el carbón. En el caso del gas natural Dutch (referencia en Europa) su precio se ha incrementado en torno a un 500% desde comienzos de año, y el barril de Brent aproximadamente un 60%.

Al mismo tiempo, se observó una aceleración del precio de los alimentos de un 3,6% anual, frente a un 3,1% el pasado mes de julio, impulsada también por la subida de la cotización de sus principales materias primas y del coste del transporte de mercancías, entre otros factores. 

De esta forma, el aumento de la demanda, impulsada por la reapertura de las economías y el ahorro embalsado de los hogares desde el inicio de la pandemia, junto a la persistencia de los shocks de oferta han situado la inflación en la Eurozona y EEUU en máximos desde 2008.

En el caso de la zona monetaria europea, la inflación en Alemania y España se situó por encima del conjunto de la zona monetaria de un 3,0% anual en agosto. Una tendencia que, según la lectura preliminar del IPC de septiembre, se ha acentuado ampliándose el diferencial respecto a Francia e Italia, lo que podría condicionar negativamente la competitividad de la economía española si persiste a corto plazo. En este sentido, la actual dinámica del nivel de precios de nuestro país, unida a la revisión a la baja del crecimiento de la producción en el segundo trimestre, podría reducir el avance del PIB español a un 5,5% anual este año, como ha señalado el FMI que proyecta un 5,7%.

Una coyuntura en la que la combinación de un menor efecto base respecto al mismo periodo del año anterior y la senda alcista del precio de la energía perfilan un avance sostenido del nivel de precios en los próximos meses. Así, la inflación de la Eurozona podría alcanzar un 4,0% anual a cierre de este año, tras situarse según la primera estimación de Eurostat en un 3,4% anual en septiembre.  

De ahí que será determinante la evolución de la inflación subyacente, excluyendo alimentos no procesados y energía, para determinar el carácter estructural de las actuales tensiones inflacionistas. Un hecho que vendrá condicionado por la duración de los cuellos de botella en las cadenas de valor y suministro y de la crisis sanitaria, y el porcentaje de empresas que se vean obligadas a trasladar el incremento de los costes de producción a los precios finales. 

Por ello, la crisis energética actual constituye uno de los principales riesgos que podría lastrar el dinamismo de la recuperación no sólo por su impacto en términos de pérdida de renta disponible y de beneficios empresariales, sino también porque puede acelerar que se produzcan efectos inflacionistas de segunda ronda. 

Una combinación de factores que hacen que pierda fuerza la tesis de que asistimos a un repunte del nivel de precios transitorio, y que podría hacernos transitar en un escenario marcado por una inflación más elevada y prolongada. Todo ello en un entorno en el que es necesario evaluar los efectos del proceso de descarbonización, que podría generar un incremento de los precios a los consumidores finales de entre un 1% y un 4% a medio plazo según un reciente informe de Boston Consulting Group y el WEF.