El viernes 9 de diciembre de 2022 será recordado por ser el día en el que los partidos que sostienen al Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, pusieron en marcha la voladura controlada del Estado de Derecho, con el fin de colmar las exigencias de ERC.

Ya hemos hablado de la abolición del delito de sedición, que ahora se transforma en otro de desordenes públicos agravado, que, en la práctica, permitirá que la declaración de independencia de Cataluña no sea considerada delictiva, siempre y cuando no se altere el orden público. Sólo en el caso de que los golpistas sacasen tanques a la calle, la Fiscalía podría aducir que se trata de un delito de rebelión.

La iniciativa de la reforma del delito de malversación se la ha dejado el Gobierno a ERC. Pero no hay duda de que saldrá adelante, con el objetivo de que la inhabilitación que ahora pesa contra alguno de los condenados por el procés, como Oriol Junqueras, se desactive a tiempo para que se presenten a las próximas elecciones.

Pero insisto, de ese desarme del Estado de Derecho hemos hablado ya.

Lo que han hecho este aciago día 9 los grupos PSOE y UP, para ahorrarle al Gobierno tener que tramitar su asalto como una proposición de ley, es algo aún más grave. Con tal de controlar el Tribunal Constitucional en el plazo más breve posible, los partidos que forman el Gobierno proponen:

1º Enmendar la ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, para que los magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación le corresponde al Consejo General del Poder Judicial se haga por mayoría simple (y no cualificada como sucede ahora), pero, además, añadiendo un cláusula perversa: cada vocal sólo podrá proponer (votar) a un máximo de un candidato o candidata.

Para blindar las reformas del Código Penal hechas al gusto de ERC, el Gobierno necesita tener cuanto antes una mayoría afín en el Tribunal Constitucional

La explicación es sencilla. Ahora hay una mayoría conservadora en el CGPJ. El problema para que se nombren los dos candidatos al TC es que la mayoría conservadora no acepta que el candidato llamado progresista sea José Manuel Bandrés, que es el favorito de Cándido Conde Pumpido, que quiere ser presidente del TC a toda costa. ¿Cómo saltarse a la torera ese obstáculo insalvable? Muy sencillo. Los conservadores sólo podrán votar una vez, de tal manera que, una vez elegido su candidato, no podrán votar en contra del que propongan los llamados progresistas, con lo que saldrá sin remedio el que pretendan (Bandrés), aunque sólo sume seis votos. Eso echa por tierra el necesario consenso al que obligaba la mayoría cualificada.

2º Modificar la ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, añadiendo que, si transcurridos nueve años y tres meses del nombramiento de los magistrados nombrados a propuesta del Gobierno o del CGPJ, «uno de estos órganos no ha realizado su propuesta, se procederá la renovación de los dos magistrados o magistradas por el órgano que ha cumplido a tiempo su deber constitucional».

Además, se suprime la capacidad del TC para «verificar» los nombramientos de los magistrados, con lo que, una vez nombrados, su incorporación al Tribunal de Garantías será automática.

Sin embargo, la Constitución, en su artículo 159 apartado 3 dice: «Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres».

Con la modificación que proponen los grupos del Gobierno se cambia ese artículo utilizando un subterfugio. Si los padres de la Constitución hubieran querido «castigar» el incumplimiento de ese precepto, lo habrían especificado en alguno de sus apartados. Pero no lo hicieron. El Gobierno, por tanto, lo que pretende es cambiar la Constitución por la puerta de atrás.

Ahora bien, ¿por qué se cometen estas tropelías, a todas luces chapuceras? ¿A qué viene este asalto descarado a la legalidad?

Por burdo que sea, no cabe otra explicación que lo que se está haciendo es cumplir con las exigencias de ERC para soldar la mayoría de la que goza Pedro Sánchez en el Congreso.

La eliminación del delito de sedición, o la revisión de la malversación, son la clave de bóveda de ese pacto, en definitiva, la concesión de una amnistía disfrazada. Pero esos cambios hay que blindarlos, dado que es de esperar que ambas modificaciones del Código Penal sean recurridas ante el TC. Por eso, el Gobierno necesita lo más pronto posible tener una mayoría afín en el Alto Tribunal.

Esta segunda parte de las cesiones a ERC es el remate de una operación en la que Sánchez ha accedido a amoldar el Estado de Derecho a cambio del salvoconducto independentista para seguir en el poder.