Treinta jóvenes menores de 25 años se han encerrado esta semana en un local y han iniciado una huelga de hambre. Protestan por sus sueldos, que no llegan a los 1.080 euros, pese a lo mucho que han estudiado. El suceso ha tenido lugar en una de las comunidades autónomas más prósperas de España, con mayor nivel de industrialización y con una renta per cápita de 35.621 euros.

El Gobierno acaba de aprobar una reforma que pondrá fin a esos sueldos. Pero para que se alcance esa cuantía, habrá que esperar unos años. Mientras, a esos jóvenes no les queda más que organizar actos de protesta, aunque ya sean el foco mediático, la keyword de todos los periódicos digitales.

La tasa de paro entre los jóvenes menores de 25 años es del 29,26%, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Es una tasa que duplica a la general, del 12,87%, a finales de 2022. El desempleo se ceba con esta generación, que cuando trabaja, también percibe salarios más bajos que el resto de la población. El salario medio fue de 1.234,9 euros en 2021, frente a los 2.348,5 euros que cobraron los asalariados de 55 en adelante.

Tras la infancia, la juventud es el segundo colectivo con mayor riesgo de pobreza. Uno de cada tres jóvenes está en esa situación. Del total de jóvenes que trabajan, uno de cada cuatro está en riesgo de pobreza y exclusión social. Esta generación ya no es ni-ni, solo el 1,6% de los jóvenes no trabaja ni estudia, frente al 32,4% que estudian y trabajan a la vez.

De esos jóvenes menores de 25 no sabemos si llevan iPhone, si comparten piso, si son hijos, nietos o padres de alguien. Tampoco ha trascendido el peinado ni la ropa que llevan.

"Del total de jóvenes que trabajan, uno de cada cuatro está en riesgo de pobreza y exclusión social"

Le voy a revelar algo: los jóvenes que se han encerrado esta semana en un local en Bilbao no son jóvenes. Son pensionistas. Y la reforma del Gobierno para subir los sueldos, no existe, es una reforma del sistema de pensiones. Solidaridad intergeneracional: recargo a los sueldos de los trabajadores para pagar las pensiones.

Se trata de un colectivo que a menudo se mide por los votos que da. No es extraño oír aquello de “es que son 9 millones de votantes”. Las pensiones son una política prioritaria para cualquier gobierno y ante una de las mayores reformas de la historia de España, cuando se está legislando para que la vida de los pensionistas sea mejor, se ha iniciado una huelga de hambre.

La protesta es legítima. Nadie debería tener que hacer malabares para llegar a fin de mes por no recibir suficiente dinero. Los pensionistas que han convocado las movilizaciones en Euskadi no piden otra cosa que no sea que las pensiones mínimas asciendan a los 1.080 euros. Cabe recordar que el salario mínimo interprofesional (SMI), ese que se ha negado a acordar la patronal, se ha fijado en esa misma cuantía. 

Otra cosa son los tiempos. ¿A alguien se le ocurriría convocar una manifestación el día que se aprueban las reclamaciones históricas de quien protesta? ¿Quizá una huelga de médicos cuando se destinen más recursos para la sanidad pública? El Consejo de Ministros acaba de dar luz verde a una reforma que, dicen, garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y no solo eso, sino que se compromete a que las pensiones mínimas alcancen el 60% del salario mediano antes de 2027.

Nadie se puede imaginar a un grupo de asalariados en sus veintitantos protestando porque sus sueldos son muy bajos, porque no les llega para llenar la balda de la nevera que comparten con otras tres personas. Cuando los jóvenes han liderado las protestas, el foco se ha desviado hacia si han llegado a la manifestación en tren o en avión o en si los pantalones que llevan puestos se fabricaron en Bangladesh o en Albacete. Y si no me cree, pregúntele a Greta Thunberg.

Quizá la heterogeneidad de la generación impide que a los jóvenes se les considere como colectivo cuando demandan algo tan justo como los pensionistas: tener una remuneración digna. Sin embargo, los pensionistas también son un grupo heterogéneo. Hay pensionistas que cobran 3.059 euros al mes. Pero, claro, “es que son 9 millones de votos”.