El juez que instruye el caso del pequeño Nicolás coloca al borde del banquillo a Juan Julián Munguira, técnico del departamento de Relaciones Internacionales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por facilitar presuntamente información de una empresa al principal investigado. El instructor considera indiciariamente a Munguira autor de los delitos de revelación de secretos y cohecho.

En un auto fechado el 17 de marzo, al que ha tenido acceso El Independiente, el hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid da por terminada la investigación de los hechos relativos al acceso a bases de datos policiales para utilizar la información con un “propósito exclusivamente privado” y con el fin de “obtener beneficios ilícitos”, transformando las diligencias previas en procedimiento abreviado. De no solicitar las partes el sobreseimiento de la causa en el plazo de diez días, se abrirá juicio oral y siete imputados -entre ellos Francisco Nicolás Gómez Iglesias, tres policías del Ayuntamiento de Madrid, el ex coordinador de Seguridad del Consistorio madrileño y un guardia civil adscrito a la Casa del Rey- tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados.

El pasado 30 de noviembre, el juez Arturo Zamarriego ya dictó auto de apertura de juicio oral contra el pequeño Nicolás por hacerse pasar por un representante de la Casa del Rey y de la Vicepresidencia del Gobierno en el viaje que organizó a la localidad lucense de Ribadeo a mediados de agosto de 2014 para reunirse con el empresario Jorge Cosmen. El joven se enfrenta a una petición de la Fiscalía de siete años por usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo.

El técnico dijo al juez que lo que le facilitó al joven fue el contenido de editoriales periodísticos

Días antes de dejar el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid para pasar a ocupar plaza en la Audiencia de Madrid, el magistrado dictó una nueva resolución en la que coloca a Gómez Iglesias otra vez al borde del banquillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho y revelación de secretos. Es la rama en la que también ha investigado al citado técnico de la CNMV, al que acusa de haber facilitado información confidencial al pequeño Nicolás. En concreto, se trataría de información “sobre el mercado francés en relación a una empresa concreta que cotizaba en Alternext, tratándose con bastante probabilidad de la empresa Gowex”.

“Dicha empresa, que en esos momentos cotizaba en el NYSE Alternext de París, acababa de aparecer en el informe de Gothman City Research por presunto falseamiento de cuentas por parte del consejero delegado de la empresa Gowex, lo que motivó una investigación de la CNMV sobre los autores del referido informe y de sus intereses. Al remitirle la información, Juan Julián Munguira indica expresamente a Francisco Nicolás: ‘Quita el anagrama CNMV y mi nombre; gracias”, detalla el auto.

El instructor imputó a Juan Julián Munguira tras ser señalado en un informe por la comisión judicial que investiga los hechos, comandada por el comisario Marcelino Martín-Blas. Éste ha pedido semanas atrás al juez que lo aparte para poder ejercer la acusación, entre otros contra el ex Director Adjunto Operativo (UCO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario ya retirado José Manuel Villarejo.

Cuando Juan Julián Munguira declaró como investigado el pasado 2 de diciembre exhibió un correo electrónico original que demostraría que lo que en verdad pasó sobre Gowex al pequeño Nicolás fue el contenido de dos editoriales periodísticos, según dijeron fuentes jurídicas a Efe.

El juez quiere sentar en el banquillo a Francisco Nicolás por organización criminal y dos delitos más

En una entrevista concedida a Vanity Fair, Munguira admitió que conoció a Gómez Iglesias el 21 de junio de 2014 con motivo de una jornada celebrada en la Casa de América sobre financiación de empresas municipales y autonómicas. Según contó, a él se lo presentó el ex dirigente socialista en la Asamblea de Madrid José Luis Balbás. “Le ayudé y hoy me siento engañado y utilizado. Parece que todo era mentira”, se sinceró.

Cuando se conoció que el instructor había llamado al procedimiento en calidad de investigado (antes imputado) a Juan Julián Munguira, fuentes de la CNMV confirmaron a este diario la puesta en marcha de una investigación “reservada”. No ha trascendido si el regulador ha adoptado ya alguna decisión.

En el auto mediante el que resuelve que siga la causa por los trámites del procedimiento abreviado, Arturo Zamarriego describe cómo Gómez Iglesias, dos policías locales del Ayuntamiento de Madrid -Jorge González Hormigos y Felipe Gallego- y el ex coordinador de Seguridad y Emergencias del Consistorio madrileño Emilio García Grande, “de manera coordinada, concertada y reiterada”, accedieron “en varias ocasiones” a información confidencial perteneciente al Ministerio del Interior que obraba en las bases de datos policiales con la intención de lograr “beneficios ilícitos”. Los funcionarios públicos, “bajo la dirección superior de Francisco Nicolás”, habrían accedido a las pretensiones del joven “a cambio de promesas y remuneraciones”.

Los policías le daban los datos “a cambio de contraprestaciones”, concluye el instructor

El magistrado describe seis episodios en los que el principal investigado pidió a los funcionarios públicos que accedieran a las bases de datos para conocer información sobre la titularidad de varios vehículos. “Gracias a la información obtenida ilícitamente, Francisco Nicolás contactaba con los titulares de las placas de matrículas haciéndose pasar por un alto cargo del Estado y les ofrecía su ayuda en la resolución de cualquier tipo de problema a cambio de contraprestaciones económicas”, detalla la resolución.

En un caso, que tuvo lugar el 10 de abril de 2014, relata cómo Gómez Iglesias llamó al policía municipal Jorge González para que le proporcionara información sobre un hombre llamado Valeriano G.R., lo que le permitió entrar en contacto con él y ofrecerle sus servicios ante la investigación de la que era objeto un hijo de éste por parte de la Audiencia Nacional. Según el juez, el joven le aseguró a su interlocutor que, “por mediación suya, la UDEF [Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional] y el CNI [Centro Nacional de Inteligencia] podían eliminar los informes que comprometían a su hijo y, como contrapartida a dicha actuación, le pidió la cantidad de 40.000 euros”.

Líneas telefónicas y multas

En otra ocasión, Gómez Iglesias llamó a un guardia civil adscrito a la Casa del Rey -investigado en esta causa e imputado por cohecho y revelación de secretos también- para que consultara quién era el titular de una motocicleta que, cuando mantenía una reunión con el empresario catalán Javier de la Rosa el 29 de septiembre de 2014 en el interior de un turismo BMW estacionado en las inmediaciones de la estación madrileña de Atocha, les grabó.

Según Zamarriego, el agente informó que la placa correspondiente a esa moto “estaba reservada para la Secretaría de Estado para los Servicios Generales”, accediendo a la petición del joven a cambio de que éste “influyera favorablemente en los exámenes de promoción interna que estaba preparando y que próximamente iba a realizar”. Gómez Iglesias, sostiene el juez, también “solicitaba información sobre titulares de líneas telefónicas”, notificaciones y sanciones relativas a multas.

Ahora, la Fiscalía y las demás acusaciones disponen de un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, “excepcionalmente”, la práctica de diligencias complementarias. El auto no es firme.

Rechazo a la anulación de pruebas

De otro lado, el juez ha rechazado la petición de Villarejo de que se anularan pruebas y diligencias porque -en su opinión- se había roto la cadena de custodia del CD y del pendrive aportados por un funcionario de policía y del teléfono del ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, Arturo Zamarriego considera que la pretensión del comisario ya retirado es “extemporánea”, ya que el procedimiento de la pieza separada no se encuentra en el trámite legalmente previsto para el análisis de eventuales vulneraciones de los derechos fundamentales.