El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y los fiscales de la operación Lezo quisieron detener a Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, director y presidente del periódico La Razón, respectivamente, por sus presuntas presiones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara las irregularidades detectadas en las auditorías del Canal de Isabel II, según ha podido conocer El Independiente. Fue el teniente instructor, perteneciente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quien se opuso a esta medida y abogó por que ambos fueran escuchados primero por el magistrado en calidad de investigados para después tomar una decisión. Fuentes de la Audiencia Nacional niegan «categóricamente» que el juez Velasco y la Fiscalía pidieran detener al director de La Razón y a su presidente.

Los agentes de la UCO mantuvieron un pulso por esta cuestión que finalmente ganaron. Marhuenda y Casals declararon ante el juez Velasco el pasado jueves 20 de abril y fueron posteriormente desimputados tras escuchar sus versiones y las de los testigos de la supuesta presión: Cristina Cifuentes; su jefa de gabinete, Marisa González, y el actual responsable del Canal de Isabel II, Ángel Garrido.

La posición de la Unidad Central Operativa en este asunto casa con su línea de actuación reciente: desde hace algunos años, el Instituto Armado prefiere priorizar la figura del investigado sobre la del detenido y es exigente con los indicios requeridos que justifiquen el arresto. La orden es, salvo en casos evidentes, fomentar la declaración del imputado y que sea el juez quien, después, decida si procede o no la detención.

Fuentes de la investigación consideran que esta derivación es sólo «ruido» y se aleja mucho de la trama principal

En este caso concreto, tras recibir la instrucción de detener a Marhuenda y Casals, fueron los cargos de la Guardia Civil que han liderado la investigación quienes se opusieron alegando que de las pesquisas de la UCO no se desprendían motivos suficientes para justificar la existencia de una «organización criminal». Fuentes de la investigación, de hecho, consideran que esta derivación de la operación Lezo ha sido poco más que «ruido» y que su relación con la trama principal es apenas tangencial.

Las conversaciones

La investigación de esta rama del caso, no obstante, nace a raíz del pinchazo a los teléfonos de Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la editora de La Razón y hombre fuerte del Canal en Latinoamérica durante la etapa de Ignacio González, cuando la empresa pública realizó compras de compañías en el continente injustificablemente sobrevaloradas. Es el caso de la brasileña Emissao, adquirida en 2013 por 21,4 millones de euros para, un año después, reducir su valoración a sólo cinco millones.

Esta compra, en el centro de la investigación sobre la operación Lezo, fue también uno de los hallazgos de la auditoría encargada por Cifuentes y una potencial bomba contra Rodríguez Sobrino, actualmente en prisión, que trató de frenar su explosión utilizando a Marhuenda y Casals y por ende al periódico La Razón. De las grabaciones obtenidas por la Guardia Civil e incorporadas al sumario del caso se desprende que Sobrino trató, por todos los medios, de involucrar al citado diario en la presión al Gobierno regional para que el asunto no se airease.

Marhuenda y Casals debían presionar a Cifuentes para salvar a Rodríguez Sobrino: ‘Le hemos dicho que eres un soldado nuestro’

En ese contexto, las conversaciones entre los tres involucrados son frecuentes, y en todas ellas tanto el director como el presidente del periódico manifiestan su intención de ayudar a Rodríguez Sobrino. «Le hemos dicho que eres un soldado nuestro, que eres intocable para nosotros y ella por las malas tiene mucho que perder. En una guerra no puede ganar”, le dice Marhuenda al hoy detenido en una de las conversaciones obtenidas por los investigadores, refiriéndose a un diálogo que habría mantenido con Cristina Cifuentes.

Casals, por su parte, advertía de que la campaña tenía que ir más allá del papel y, en una de las grabaciones, señala que Cifuentes «tiene que ver que no sólo es La Razón, sino que está Antena 3, Onda Cero, La Sexta…». Rodríguez Sobrino, sin embargo, no siempre queda satisfecho por el papel que juega La Razón en la campaña y llama para criticar la publicación de un artículo favorable a Ángel Garrido, número dos de Cifuentes en la Comunidad. Es en ese momento cuando Marhuenda se disculpa: «Siento lo de Garrido, ya he dicho que no salga nada bueno de él. Ya nos hemos inventado una cosa para darle una leche y que tome nota. Le he dicho: ‘Tú misma, llevas ahí mucho tiempo en el Gobierno. Ahora la gente asocia el Canal a vosotros, punto, e Ignacio González es PP'».

Horas después de esa conversación se produce otra, en este caso con la jefa de Gabinete de Cifuentes, que Marhuenda describe de la siguiente manera: «Me ha llamado la zorra de Marisa por la leche que le hemos dado hoy. Le ha hecho mucha pupa. Marisa quiere saber si es una campaña. Evidentemente he dicho que no, no hace falta reconocerlo, no es tonta». El director de La Razón, posteriormente, ha pedido perdón a través de los medios de comunicación por esas palabras, aunque este mismo miércoles la presidenta regional, Cristina Cifuentes, se ha mostrado «dolida» por que los dos implicados no hayan llamado personalmente para disculparse.

‘Mentiras piadosas’

Marhuenda y Casals declararon ante el juez Velasco el pasado jueves 20 de abril y mantuvieron una versión conjunta: que las presiones no se habían producido y que las conversaciones con Rodríguez Sobrino no eran más que un intento de animar a un amigo en problemas. Tras escuchar sus declaraciones y recoger el testimonio de Cifuentes, Marisa González y Ángel Garrido, que manifestaron no haberse sentido coaccionados, el magistrado decidió proceder a la desimputación del director y del presidente de La Razón y al archivo del caso.

En el auto en el que anunciaba esta decisión, Eloy Velasco subrayaba que lo que se desprendía de las grabaciones era sólo «la actuación de dos amigos que tratan mediante ‘mentiras piadosas y paliativas’ de convencerle de que están actuando para que su implicación en el asunto del Canal no avance hacia la proacción de la Comunidad de Madrid». El juez admitía además que la declaración de los acusados en la Audiencia Nacional había ofrecido una «versión verosímil de lo que parecía más agravado en las intervenciones telefónicas» y concluía que el diario La Razón «no hizo una campaña especial» contra el Gobierno de Cifuentes.