El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye la investigación de los atentados  de Barcelona y Cambrils, dará este jueves competencias a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía para investigar los ataques. Hasta ahora los Mossos d'Esquadra habían sido designados por Andreu como la policía judicial responsable de la investigación, que la policía autonómica ha llevado en exclusiva con extremo celo, en opinión del resto de las fuerzas de seguridad. La decisión del magistrado fue mal recibida por la cúpula de Interior.

La decisión de abrir la investigación de los atentados -que hace una semana provocaron 15 víctimas mortales y 126 heridos entre Barcelona, Cambrils y Sant Just Desvern- se adoptó ayer en una reunión de jueces y fiscales en la Audiencia Nacional, atendiendo a la competencia exclusiva de la Guardia Civil en lo relacionado con explosivos y otras materias. Una vez acreditada la voluntad de atentar con explosivos de la célula terrorista, el juez instructor de la causa ha optado por que los dos cuerpos policiales se integren de forma efectiva en la investigación.

El magistrado se ha reunido esta mañana con los responsables de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional para explicarles en primera persona la ampliación de las investigaciones a estos dos cuerpos, decidida tras haber tomado declaración a los cuatro detenidos por su presunta pertenencia a la célula terrorista de Ripoll.

Guerra entre policías

La decisión de Andreu llega en un momento de guerra abierta entre los sindicatos de Policía y Guardia Civil, por un lado, y Mossos d'Esquadra por otro, por el modo en el que se ha gestionado la investigación hasta ahora. Los dos cuerpos de seguridad nacional afean a la policía autonómica que no permitiera acceder a los Tedax a la casa de Alcanar tras la primera explosión y que hayan doblado turnos a destajo para no recurrir en ningún momento a los efectivos de Policía y Guardia Civil desplegados en Cataluña.

Los Mossos, por su parte, acusan a la policía de no haber advertido de las conexiones del imán Abdelbaki Es Satty con el yihadismo. De hecho, el comunicado conjunto de los sindicatos de Policía y Guardia Civil señalaba como ejemplo de la vulneración de los acuerdos de colaboración entre administraciones el hecho de que no se hubiera advertido a la policía autonómica de que Es Satty era "discípulo de uno de los principales detenidos en la operación de la Policía Nacional contra el terrorismo yihadista Chacal I el año 2007".

Oficialmente, tanto el Ministerio del Interior como el delegado del Gobierno en Cataluña han insistido en la buena colaboración y la transmisión leal de información entre los cuerpos policiales durante los días inmediatamente posteriores al atentado, pero los sindicatos policiales desmienten cada vez más abiertamente esa buena colaboración.

En este sentido, la polémica se ha reabierto hoy por dos frentes. Por un lado, la confirmación de que la policía belga se dirigió a los Mossos d'Esquadra para requerir información sobre Es Satty hace más de un año, cuando el imán de Ripoll intentaba establecerse en la ciudad de Vilvorde pero se negaba a dar explicaciones sobre sus antecedentes. Hasta ahora la policía autonómica había señalado a Policía y Guardia Civil como los responsables de no haber informado de las sospechas sobre el imán, negando cualquier contacto con las autoridades belgas. Hoy el conseller de Interior ha reconocido que se produjo un contacto "informal" pero ha rechazado que esa petición de información fuera suficiente para levantar sospechas.

También se ha reabierto la polémica sobre la actuación de los mossos en las horas posteriores a la explosión de Alcanar. La jueza de instrucción de Amposta, a la que correspondió en primera instancia la investigación de la explosión de Alcanar, habría expresado su extrañeza a los mossos porque consideraran el suceso como un incidente doméstico rutinario, según afirma ABC, pese a lo cual los mossos rechazaron la ayuda ofrecida por Guardia Civil.