"Els locals esmentats no poden ser posats a disposició per a la finalitat pretesa". Así ha respondido Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y secretaria de Cohesión e Integración de la Ejecutiva Federal del PSOE, a la carta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, enviada a los regidores catalanes para que pongan a disposición del referéndum del 1 de octubre locales que sirvan como colegios electorales.

Parlon alude a las providencias del Tribunal Constitucional (TC) contra los preparativos de la consulta para asegurar que esa petición no tiene fundamento y denegar, por tanto, el uso de esos locales. Con esta respuesta, Parlon ha marcado el rumbo de los 122 alcaldes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que se sitúa dentro de la legalidad en este proceso.

Además de esas alcaldías, el PSC participa en gobiernos municipales que rigen sobre el 50% de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña como Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Lleida, Tarragona, Mataró, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, El Prat de Llobregat y Castelldefels. Los socialistas que ostentan alcaldías como Ángel Ros (Lleida) o Dante Pérez (Gimenells y Pla de la Font) están siguiendo las directrices del PSC y de Ferraz, que decreta cumplir la ley. En el caso de participación en gobiernos municipales con alcaldes independentistas, la situación es más delicada, aunque el PSC asegura que sus concejales no colaborarán en ninguna actuación ilegal.

La firmeza de los alcaldes del PSC, a pesar de que algunos se mostraron inicialmente dispuestos a facilitar la consulta, se ha topado con todo tipo de insultos y amenazas en las redes sociales, algunas incluso de muerte, como ha denunciado el concejal socialista de Tarragona Carles Castillo. Los dirigentes de Ferraz, con Pedro Sánchez a la cabeza, han mostrado su solidaridad y apoyo. "Frente a insultos y amenazas, fuerza y convicción democrática. Alcaldes y alcaldesas de Socialistes-Cat: estamos orgullosos de vosotros", ha escrito el secretario general del PSOE en Twitter.

Al admitir los recursos del Gobierno contra la Ley del Referéndum catalana, el Tribunal Constitucional ha advertido expresamente a los miembros del Govern, la Mesa del Parlament, 947 alcaldes y otros 60 cargos de la Generalitat de su deber de impedir o paralizar toda iniciativa relativa a la organización de la consulta. Los alcaldes del PSC han solicitado informes legales a sus secretarios municipales para respaldar su postura de no facilitar el referéndum: "Se trata de una decisión jurídica, no política", aseguran, argumentando las consecuencias que podría tener saltarse la ley: "¿Cómo pides después a los ciudadanos que paguen el IBI o el impuesto de circulación si el propio alcalde la legalidad?", explican desde el PSC.

Es el caso del alcalde de Mataró, David Bote, que gobierna en coalición con el PdCat. El regidor se mantiene firme dentro de la ley a pesar de que el pleno de su propio Ayuntamiento ha acordado dar apoyo al referéndum, gracias a la mayoría independentista del gobierno y de la oposición. Esa decisión puede poner en riesgo el pacto de gobierno. La votación se produjo, además, mientras trescientas personas convocadas por la CUP se manifestaban a las puertas del Ayuntamiento.

Bote había activado el jueves la organización de la logística necesaria para colaborar en el referéndum, una operativa que suspendió el viernes tras la resolución del Tribunal Constitucional. Después de que la consulta se haya declarado ilegal, el alcalde ha lamentado que la Generalitat traslade a los ayuntamientos la responsabilidad de poner las urnas. Un intento de trasladar a los consistorios un conflicto un tanto artificial, ya que la mayoría de edificios que se usan como colegios electorales, como los colegios públicos, dependen del gobierno regional y no de los ayuntamientos.

Informes jurídicos municipales

Más fácil ha tenido su postura el regidor de Tarragona, José Félix Ballesteros, que se ha situado en contra del referéndum desde el primer día gracias a la mayoría que tiene su gobierno, formado también por Unió y el PP. "No actuaremos hasta que el servicio jurídico del consistorio emita un informe”, ha advertido, dejando claro que su falta de respuesta a la misiva del Govern significa claramente que no colaborará en la consulta.

También en un informe jurídico se basa el alcalde de Tarrasa, Jordi Ballart, para negar su apoyo a la consulta. El secretario general del Ayuntamiento ha emitido un dictamen que insta no iniciar "ningún tipo de gestión, acto o actuación" relacionado con la organización del referéndum.

Apoyado por Ciudadanos, el regidor de Lérida, Ángel Ros, ha reiterado su convicción de "no salirse del marco legal" que marca la Constitución. "No somos los alcaldes los que dejamos votar o no. Nosotros ni convocamos el referéndum, ni hacemos leyes, ni tenemos la logística necesaria para llevarlo a cabo", ha aclarado en una entrevista con TV3.

Para Ros, esta situación refleja un "fracaso político y jurídico" del gobierno catalán, que está "intentando municipalizar el problema". El regidor, que ha lamentado la fractura política y social, se ha preguntado si "valía la pena construir un nuevo Estado para dividir el país?".

En el caso de las coaliciones, el PSC sustenta a la alcaldesa de Gerona Marta Madrenas (PdCat), una de las que ha suscrito el decreto de apoyo al referéndum. Ya en junio, su primera teniente de alcalde, la socialista Silvia Paneque, anunció que no pondría "palos en las ruedas" para evitar la celebración de la consulta en el municipio, creando una gran controversia en el PSOE. A día de hoy, el PSC asegura que actuará en consecuencia en la ciudad si la alcaldesa comete finalmente una ilegalidad, por lo que el pacto de gobierno podría peligrar a partir del 1 de octubre. Hasta entonces, se niega a juzgar "declaraciones de intenciones".

En Badalona, donde gobierna una coalición de la CUP, ERC y Podemos, el PSC participó en el acuerdo de todos los partidos para echar de la Alcaldía al regidor del PP Xavier García-Albiol. Ese acuerdo de investidura dejó fuera del gobierno a los ediles socialistas, que entienden que ese pacto perseguía el objetivo concreto contra el PP y que nada tiene que ver con el conflicto del referéndum. Badona, junto a Sabadell y y Reus son los tres grandes municipios dispuestos a ceder locales para la votación.

La postura del PSC también ha sido decisiva en el caso de Barcelona. Ada Colau no quiere arriesgarse a una inhabilitación y los socialistas han condicionado su apoyo a la alcaldesa a que no participe en la consulta ilegal. Por estos motivos, el Ayuntamiento ha decidido no ceder de momento espacios municipales para el referéndum.

Los 122 alcaldes socialistas se mantienen así dentro de la legalidad frente a los 654  regidores de partidos independentistas (del PDeCAT, ERC y la CUP), en su mayoría de municipios pequeños, que ya se han comprometido en la colaboración con la consulta del 1 de octubre. Ambas posturas llevan aparejada sus respectivas campañas en redes sociales. Los socialistas han lanzado una para pedir a los ciudadanos catalanes que no voten porque la consulta independentista se sitúa fuera de la legalidad. "Votar sin garantías? Conmigo que no cuenten' es el lema de la campaña, con la que el PSC explica que el 1-O no es legal y que aboga por "resolver el problema de manera legal y pactada".

La CUP por su parte, lanza su mensaje propagandístico bajo el lema 'Ahora empieza el #MAMBO', con una parodia sobre el proceso con aires de La vida de Brian en la que llaman a participar en el referéndum de independencia bajo el lema "Sí quiere decir tomar partido".