Amand Calderó, director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat.
El sindicato mayoritario en el ámbito de Prisiones ha pedido la dimisión del director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Amand Calderó Montfort, por participar en un acto en el que se pidió la excarcelación de los supuestos "presos políticos" al entender que ese respaldo pone en duda la "independencia judicial" y compromete la "neutralidad" de los servicios penitenciarios en Cataluña.
La sección en Cataluña de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha dirigido un escrito a Calderó Montfort en el que le muestra su "absoluto rechazo" a su participación en "actos de carácter político" y solicita su "inmediata dimisión" del puesto, al que llegó en enero del pasado año.
Los funcionarios censuran que el alto cargo participara el pasado 20 de noviembre en un acto en el interior de la antigua cárcel barcelonesa de la Modelo en el que se denunció la supuesta condición de "presos políticos" de ex integrantes del Govern, en prisión preventiva en las cárceles madrileñas de Estremera y Alcalá Meco por su posible participación en la comisión de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos vinculados al proceso independentista. Entre los encarcelados se encuentra Carles Mundó, ex conseller de Justicia y responsable político de Calderó hasta la disolución del Gobierno de Carles Puigdemont en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Los reclusos, siguiendo el ejemplo que usted da, podrían declarar la ilegalidad de su situación en prisión", advierte el sindicato Acaip
"Como máximo responsable de los servicios penitenciarios en Cataluña no puede poner en duda la independencia del poder judicial, que es quien cada día envía internos -preventivos o penados- a nuestros centros. Dichos presos podrían, siguiendo el ejemplo que usted da, declarar la ilegitimidad de su situación en prisión y hasta la legitimidad de nuestro propio ejercicio profesional", razona Acaip, que recuerda que Amnistía Internacional ya ha descartado que los miembros del Ejecutivo catalán sean "presos políticos" al estar sometidos a un proceso judicial con todas las garantías procesales.
A juicio de esta organización sindical, la asistencia de Calderó a este acto de protesta no es la primera decisión de su mandado "marcada por intenciones políticas". En este sentido, recuerda que el cierre de la Modelo "nada tuvo que ver con la mejora del servicio que se prestaba" y sí con la intención de "reescribir la historia" de este centro penitenciario.
"En conjunto, la actuación de la Dirección General en torno a la Modelo supuso un desprecio a la verdad y a los trabajadores, que durante años cumplieron con su servicio en unas durísimas condiciones. De esa actitud deriva el incumplimiento de lo acordado para el traslado del personal: no se ha abonado la ridícula indemnización pactada, el retorno del personal a Barcelona no está garantizado y, ahora, el transporte se cancela por su pésima gestión", concluye.
Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria. En esta comunidad hay 15 prisiones, que acogen a cerca de 9.000 reclusos y que son atendida pos unos 5.000 funcionarios.
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