Política COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS CAJAS EN EL CONGRESO

El 'banquero' de Susana Díaz elude desvelar la indemnización que cobró: "Está en la memoria"

Pulido recuerda que la Junta de Andalucía le autorizó un sueldo de 200.000 euros al año tras su salida anticipada de Caixabank

Antonio Pulido y Enrique Goñi, este martes en el Congreso.

Antonio Pulido y Enrique Goñi, este martes en el Congreso. EFE

El ex presidente de Cajasol, Antonio Pulido, ha eludido este martes desvelar en el Congreso la indemnización económica que percibió por su salida anticipada como directivo de La Caixa, como le había preguntado un diputado del PP. «Está publicado en la memoria y cualquier persona puede hacerse eco», ha despachado.

Pulido, actual presidente de la Fundación Cajasol, ha comparecido en la comisión de investigación constituida en la Cámara Baja sobre la crisis financiera y el programa de asistencia financiera por su responsabilidad al frente de Banca Cívica -entidad en la que participaron Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol- y la posterior absorción de aquélla en Caixabank, de cuyo consejo de administración fue miembro. También ha respondido a las preguntas de los diputados Enrique Goñi, ex copresidente de Banca Cívica.

El parlamentario popular Carlos Floriano se ha interesado por el importe de la indemnización que Antonio Pulido percibió por su salida de la entidad catalana –hoy con sede en Valencia por el desafío independentista– a finales de 2016, pese a que su contrato no expiraba hasta el 31 de diciembre de 2017. Pero el diputado y los representantes del resto de formaciones políticas se han quedado con las ganas de conocer este dato. El ex presidente de Cajasol ha negado la cuantía publicada por los medios de comunicación y ha remitido a la memoria de Caixabank, donde -ha dicho- está reflejada la cantidad que ha cobrado.

Pulido recuerda que la Junta de Andalucía le autorizó que tuviera un sueldo de 200.000 euros al año tras su salida anticipada de Caixabank

El 17 de enero de 2017, El Independiente informó de que el economista cordobés había percibido 1.480.000 euros, cantidad en la que se incluía la liquidación por la rescisión anticipada de su contrato y los bonus que le correspondían. Hasta su salida, ocupaba la presidencia de Puerto Triana -la empresa promotora del rascacielos junto a los terrenos que ocupó la Expo 92- y del consejo territorial de Caixabank en Andalucía, creado en enero de 2013 y que reúne a algunos destacados empresarios andaluces.

Pulido y Goñi tenían un sueldo bruto anual de 900.000 euros cada uno como copresidentes de Banca Cívica y una cláusula de blindaje que les garantizaba el cobro de dos anualidades en el supuesto de que hubieran salido de Cívica antes del 1 de enero de 2015, como se detallaba en el informe que tuvieron que presentar el 31 de diciembre de 2011 a petición del Banco de España por ser una de las entidades financieras que había recibido una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). La entidad resultante de la fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol en 2010 fue absorbida en junio de 2012 por Caixabank.

En paralelo, Antonio Pulido ha asegurado que el protectorado de la Fundación Cajasol -ejercido por la Consejería de Hacienda y Administración Pública- autorizó el 29 de diciembre de 2016 la asignación de un sueldo de 200.000 euros brutos anuales al salir del consejo de administración de Caixabank y ostentar la presidencia ejecutiva de esta fundación, como desveló este periódico. En este sentido, ha defendido que esta posibilidad la contemplan los estatutos, en los que se fija una «horquilla» con la que se pretende que la remuneración del máximo responsable guarde proporción con el sueldo de los directivos de la entidad. «Está todo perfectamente explicado», ha añadido.

Pulido también ha tenido que dar explicaciones por el hecho de que la Fundación Cajasol sea la única de las que integraban Banca Cívica que no se ha transformado en fundación bancaria, como obliga la Ley de Cajas de Ahorros vigente desde finales de diciembre de 2013 a aquéllas que mantuvieran una participación de al menos el 10% en el capital de una entidad de crédito o que puedan nombrar o destituir a algún miembro de su órgano de administración. Ello le ha permitido eludir el control del Banco de España y la dependencia del Ministerio de Economía y Competitividad y quedar exclusivamente bajo el protectorado de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, de cuya presidenta es amigo personal.

El ex presidente de Cajasol ha dicho que sometieron esta cuestión a consultas de «gabinetes jurídicos internos y externos» y llegaron a la conclusión de que no era necesario al no formar parte de la gobernanza de la entidad. A este respecto, Pulido ha dicho que el Banco de España y el Ministerio de Economía estuvieron informados en todo momento y, cinco años después, «no han presentado reclamación administrativa a la Junta de Andalucía».

Antonio Pulido se ha mostrado especialmente molesto cuando el diputado de Unidos Podemos Alberto Montero le ha recordado su condición de investigado en la causa que instruye el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional para determinar si hubo irregularidades en la salida a Bolsa de Banca Cívica, lo que no sólo ha negado sino que ha pedido al parlamentario que rectifique sus palabras. Fuentes de la Audiencia Nacional han confirmado a este periódico que el procedimiento no se ha archivado.

«Titular de periódico»

El presidente de la Fundación Cajasol ha reducido a la categoría de «titular de periódico» -en alusión velada a El Independiente– que se le conozca como el ‘banquero’ de Susana Díaz, dada la cercanía con la actual presidente del Ejecutivo andaluz. «Es lo mismo que si un titular se refiere a usted como el astronauta de Podemos», le ha contestado a Montero.

Pulido y Goñi han defendido la gestión al frente de Banca Cívica y la posterior integración en Caixabank. Los ex presidentes han subrayado que esa operación no le costó un solo euro al erario, puesto que se devolvió el préstamo de 977 millones que se pidió al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) con sus 163 millones de euros en intereses, y que tanto los accionistas como los preferentistas ganaron dinero.

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