El Gobierno espera al congreso del PP para negociar el techo de gasto y aprobar el déficit

El final de este mes de julio será crucial para la política española. Los días 20 y 21 no sólo se elige al nuevo presidente del PP, un cambio en el partido más votado por los españoles que se intuye de mucho mayor calado si gana Pablo Casado que si vence la opción continuista de Soraya Sáenz de Santamaría. El Gobierno también tiene previsto aprobar el 20 de julio en el Consejo de Ministros el objetivo de déficit para el próximo ejercicio, primer paso para la elaboración de unos nuevos presupuestos generales con los que Pedro Sánchez podría mantenerse en el poder hasta el fin de la legislatura en 2020.

Ambos procesos están ligados por la dificultad del Ejecutivo socialista de poner de acuerdo antes del 1 de agosto a los ocho grupos parlamentario que le dieron la victoria en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Sería más rápido y efectivo contar con el apoyo del grupo mayoritario en la Cámara, el PP, que además cuenta con mayoría absoluta en el Senado. Los socialistas confían en la responsabilidad institucional del PP como partido de estado a la hora de apoyar el déficit presupuestario que marque Bruselas. Pero en el PP aún no tienen a un interlocutor.

El Ministerio de Hacienda espera el resultado de las conversaciones que ha iniciado en bruselas la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, con el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, sobre el presupuesto de 2019, año en el que está previsto que España reduzca su déficit público por debajo del 3% del PIB y salga, por tanto, del brazo correctivo de supervisión. "Me he reunido con el comisario Moscovici para comentar temas de actualidad (...) También hemos empezado a discutir cuál es el estado de la preparación de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene", explicó ayer Calviño a su llegada a la reunión de ministros de Finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

Calviño pretende conseguir una modificación de la senda de consolidación fiscal, según la cual el Gobierno debería llevar el déficit de la administración pública al 2,2% del PIB al término de este año y acometer un ajuste estructural del 0,65% del PIB en 2019, que equivale a entre 7.000 y 7.500 millones de euros. El Gobierno socialista intenta que Bruselas relaje el objetivo de déficit y le permita mayor endeudamiento y gasto social el próximo ejercicio.

En cuanto se conozca ese dato, Hacienda convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en donde se deberán fijar los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el trienio 2019-2021, distribuyendo el porcentaje de déficit asignado por Bruselas al reino de España por comunidades y corporaciones locales. Fuentes del Ministerio explican que la intención es celebrarlo la semana próxima para que el Consejo de Ministros pueda aprobar el techo de gasto el viernes 21 de julio.

El Congreso y el Senado deben aprobar esa senda de estabilidad (objetivo de déficit y deuda administraciones) antes del 1 de agosto, explica el Ministerio de Hacienda, que niega la posibilidad que se había barajado de que el Gobierno se saltara el trámite parlamentario. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado, por lo que su voto resulta fundamental para poner en marcha los presupuestos de 2019 y el Gobierno aún no tiene interlocutor con el que negociar.

A esta complicación se suman reclamaciones como la puesta sobre la mesa ayer por el Gobierno de la Generalitat, que reclama al Ejecutivo que relaje el objetivo de reducción del déficit público de las comunidades autonómas del 0,1 al 0,4 por ciento y que levante el control reforzado que existe desde 2015 sobre los pagos que recibe Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Así se lo ha trasladado el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión que han mantenido después de un primer encuentro entre Aragonés y la vicepresidenta Carmen Calvo.

Aragonés no ha aclarado si Cataluña participará en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que el Gobierno tendrá que pactar con las autonomías los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el trienio 2019-2021, pero ha dejado claro que la prioridad del Govern no son los foros multilaterales sino el diálogo bilateral con el Ejecutivo español.

La respuesta que ofrezca el Gobierno español a la Generalitat podría facilitar el apoyo de los partidos catalanes al techo de gasto o su oposición frontal en el Congreso, que se sumaría a las exigencias de Podemos en este sentido para que el Ejecutivo se salte las directrices marcadas por Europa. Por todos estos motivos, la solución más sencilla para el Gobierno es recurrir a la negociación con el PP y conseguir su voto en las Cortes, que le liberaría de las condiciones impuestas por nacionalistas y por Podemos. Pero para eso debe esperar a que principal partido de la oposición resuelva su batalla interna.