Carles Puigdemont.
La falsificación de la demanda que ha presentado el ex presidente Carles Puigdemont contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor del ‘procés’ en Bélgica, podría acarrearle al ex líder de la Generalitat un nuevo frente judicial.
Según informan distintas fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, el hecho de que en la demanda civil se hayan tergiversado claramente las declaraciones que Llarena hizo tras dar una conferencia en Oviedo (Asturias) podría encajarse en la comisión de un presunto delito de estafa procesal, tipificado en la legislación española.
El artículo 250- 1.7 del Código Penal considera como autores de una estafa procesal a quienes “en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero”.
El magistrado del Supremo, Pablo Llarena, sostuvo tras un curso a preguntas de los periodistas sobre si había presos políticos en España, que “no es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”.
Sin embargo, la afirmación que recoge la denuncia es “peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c’est ce qui s’est produit, il faut faire une enquête”, es decir: “Con independencia de cuál haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados”. Una hipótesis en condicional se tradujo cómo una afirmación taxativa.
De esta forma, se alteró el sentido de las palabras pronunciadas por el instructor del ‘procés’ que, según Puigdemont y otros cuatro miembros del Govern, probarían su falta de imparcialidad.
Por su parte, desde el equipo jurídico de Puigdemont se niega la mayor. El coordinador de la defensa de los políticos independentistas encausados en el procés, Gonzalo Boye, ha afirmado este martes que informará al tribunal belga del “error” en la traducción al francés de las declaraciones del magistrado Pablo Llarena que han motivado la demanda civil presentada en Bruselas contra él.
En declaraciones a Europa Press, tras salir a la luz pública el falseamiento de las palabras de Llarena, Boye ha negado taxativamente que exista cualquier “alteración” y ha apuntado que, en todo caso, “puede ser un error del traductor”. “Se lo vamos a preguntar al traductor y se lo vamos a informar al juzgado, pero eso no altera en absoluto la demanda”, remachó.
Las fuentes consultadas explican que si la defensa de Puigdemont fuera conocedora de la "infidelidad de la traducción" la investigación por estafa procesal no sólo podría afectar al expresident sino también a sus abogados.