El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Carlos Lemes, ha pedido disculpas a los ciudadanos por lo que ha reconocido como una mala gestión de la sentencia que adjudica a los bancos el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, conocido como impuesto de hipotecas. Lesmes ha reconocido que ha salido dañada la imagen del Supremo, una institución que lleva “206 años trabajando, ni favor ni en contra de ningún sector” con esta polémica: “Esto no lo hemos gestionado bien”.

Después de inaugurar la jornada de puertas abiertas en el Tribunal Supremo, Lesmes ha señalado que tras conocerse la resolución que cambia la jurisprudencia existente hasta el momento sobre este tributo mantuvo varias conversaciones con el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis Díez Picazo, a quien sugirió hacer una nota informativa para aclarar el alcance de la sentencia, entre otras cosas en lo referido a su retroactividad y a la institución a la que correspondería el pago, lo que dicho magistrado rechazó. Picazo le explicó que había tenido conocimiento de la sentencia por la prensa, que comenzó a difundir “cuestiones inciertas, como si eran las comunidades autónomas las que tenían que hacerse cargo del impuesto, o los bancos directamente”. No obstante, descarta pedir su dimisión.

Asimismo, ha negado este lunes que recibiera la llamada de ningún banco alertando del “riesgo sistémico” por la aplicación de la sentencia de las hipotecas.

“Nunca he recibido indicación política por el “procès”

El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ha asegurado hoy que jamás ha recibido “indicación alguna de orden político” respecto a la causa del “procès” y ha añadido que durante todo el procedimiento ha habido “un respeto escrupuloso de los políticos” y “también” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas con motivo de la inauguración de las jornadas de puertas abiertas en el Supremo, Lesmes ha querido “garantizar” que no han existido injerencias políticas al ser preguntado por la afirmación que hizo ayer Sánchez en la que parecía descartar que el delito aplicable a los investigados por el referéndum ilegal del 1-O sea el de rebelión.

“Les puedo garantizar como presidente del Tribunal Supremo que jamás he recibido indicación alguna de orden político en relación con este asunto, ni en relación con los presos preventivos” y “aún menos de la calificación jurídica que dependen del Ministerio Fiscal y no de los jueces”, que serán los que lo determinen de forma definitiva una vez se celebre el juicio, ha explicado.