Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado este miércoles una proposición no de ley para que se reconozca el derecho al voto de los extranjeros residentes en España y se elimine el examen de nacionalidad.  Ione Belarra, portavoz del Grupo parlamentario, ha registrado esta petición ante la «vulneración flagrante de los derechos de los migrantes» a los que se les impide votar y por lo tanto «participar y tener los plenos derechos de las personas que nacieron aquí».

Unidos Podemos reclama que se reforme la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para regular el derecho a sufragio de las personas extranjeras en España y que deje de estar vinculado a tratados internacionales bilaterales con otros países. Además, demanda que se reconozca el sufragio pasivo de todas las personas residentes de origen extranjero, como sucede con los ciudadanos de la Unión Europea y que se reduzcan los plazos la obtención de la nacionalidad por residencia.

Plazos abreviados para la nacionalidad

De esta manera, se establecería un plazo general de 5 años, un plazo de 3 años para los refugiados y 1 año para las personas de países con especial relación con España. Belarra ha manifestado que en la defensa de este derecho Unidos Podemos va a encontrar la oposición de «los trillizos reaccionarios de Ciudadanos, PP y Vox, que son los herederos políticos de quien también se opuso al sufragio femenino en su momento».

Además, la formación morada ha pedido que elimine el examen de nacionalidad porque de sus preguntas no se desprende la capacidad de «convivir de un demandante» sino que se mide su nivel sociocultural.

Belarra ha criticado también que este examen, que fue aprobado en 2018 por el 89,82 % de los que lo realizaron, tiene un coste de 300 euros, lo que «es en sí mismo una limitación al acceso para muchas personas», y ha demandado un nuevo procedimiento gratuito y que reconozca el bagaje aportado por las personas solicitantes.

Por su parte, Dina Bousselham, Secretaria de Comunicación de Podemos, ha señalado que la iniciativa supone «un paso más en la construcción de un país que no deje a nadie atrás» y ha criticado que haya comunidades, como la marroquí o la china, que tengan que esperar entre 10 y 15 años para poder decidir sobre los asuntos que les afectan en los municipios y en los barrios.