Política

El Gobierno reserva una partida de 75.000 euros para resignificar el Valle de los Caídos

El Ministerio de Carmen Calvo destina 40.000 euros a la puesta en marcha de un plan de exhumaciones y otros 20.000 a la elaboración de un censo de edificaciones levantadas con mano de obra forzada / Hacienda le transfirió 563.000 euros en julio

El Valle de los Caídos, en cuya basílica está enterrado el dictador Franco desde noviembre de 1975.

El Valle de los Caídos, en cuya basílica está enterrado el dictador Franco desde noviembre de 1975. EP

El Gobierno ha reservado una partida de 75.000 euros para llevar a cabo la resignificación del Valle de los Caídos, un proyecto que acometerá tras la aprobación de la inminente Ley de Memoria Democrática y meses después de dar el primer gran paso: la exhumación de los restos de Franco después de casi 44 años y su traslado al cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo.

El pasado 28 de julio, el Consejo de Ministros autorizó una transferencia de crédito por importe de 563.000 euros desde el Ministerio de Hacienda al de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para que el departamento que lidera Carmen Calvo pueda cubrir «necesidades inaplazables» y disponer de recursos para financiar este año nueve líneas de actuación.

En concreto, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática -creada el pasado 12 de enero en la reestructuración de los departamentos ministeriales aprobada al inicio de la legislatura y dirigida por Fernando Martínez– prevé destinar el 13,3 % a resignificar el Valle de los Caídos tras la salida de los restos del dictador. El traslado se consumó el 24 de octubre después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso interpuesto por los nietos de Franco.

«El Valle de los Caídos es un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos», establece el artículo 55 de la Ley de Memoria Histórica. Se trata del texto que derogará la norma aprobada en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar este martes.

Divulgación y formación

La resignificación del monumento levantado en Cuelgamuros se ejecutaría nueve años después de la recomendación formulada por la comisión de expertos a la que Rodríguez Zapatero encargó un informe sobre el futuro del lugar. «La resignificación del Valle de los Caídos debe ser abordada de una manera global. Pensado como lugar simbólico de la dictadura franquista, es esa intencionalidad la que da sentido a cada uno de sus elementos, ya sean blasones, esculturas o alegorías. Sería inadecuado tratar aisladamente el significado de cada una de sus piezas. En vez de cambiar elementos del lugar hay que explicar lo que se hizo y cómo se hizo», concluyeron.

Con todo, el mayor porcentaje de la citada partida se dedicará a la firma de convenios de colaboración con entidades dedicadas a promover «el conocimiento de la verdad, divulgación y formación sobre la Memoria Democrática». A estos fines se destinarán 238.000 euros (42,27 %), según la información facilitada por la Dirección General de Memoria Democrática a través del Portal de la Transparencia.

Las actuaciones se financiarán con 563.000 € que le transfirió Hacienda a Memoria Democrática a finales de julio

Las acciones centradas en la retirada de simbología franquista consumirán 50.000 euros, idéntica cantidad que se reserva para el «desarrollo de tecnologías de la información y de las comunicaciones». También se prevén 40.000 euros para la puesta en marcha de un plan de exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y otros 25.000 para el «censo de víctimas».

Igualmente, la Secretaría de Estado de Memoria Histórica ha previsto 40.000 euros para financiar conferencias, jornadas y congresos, y 25.000 para la puesta en marcha del Consejo General de Memoria. El reparto se completa con los 20.000 euros que se invertirán en la elaboración de un censo de edificaciones levantadas con mano de obra forzada.

A preguntas de este diario, este organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia ha eludido dar más detalles concretos sobre las actuaciones que tiene previsto financiar en lo que queda de año. «Se harán públicos cuando estén definidas», indicaron.

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