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La diferencia en Dependencia la marca el Código Postal

Sociedad, Vida Sana

Así es la España de las dependencias

El último informe de CCOO arroja fuertes desigualdades entre las autonomías. El porcentaje de beneficiarios con prestación reconocida que no la cobran supera el 30% en Canarias, Cataluña y Andalucía, mientras que en Castilla y León no llega al 3%.

Los recortes que dejó la crisis supusieron un mazazo para la Ley de Dependencia, el sistema que desde 2006 tenía como objetivo cubrir la necesidades de esa parte de la población que por alguna razón no puede valerse por sí misma. En 2012 se cerró el grifo de la financiación y el Estado fue perdiendo peso en pro de las Comunidades Autónomas como fuente de financiación para las prestaciones.

Diecisiete regiones y dos ciudades autónomas que desde aquel momento se han convertido en financiadoras de ocho de cada 10 euros públicos que se destinan a la dependencia y que han evolucionado de forma muy desigual en los últimos años. Las diferencias en la cobertura llegan a ser de más del 900%, si se tiene en cuenta que mientras que en Castilla y León los beneficiarios en lista de espera no llegan al 3%, mientras que en Canarias, Cataluña o Andalucía superan el 30%. Son los datos del último Informe de seguimiento de la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que acaba de presentar Comisiones Obreras (CC.OO.) con datos de marzo de 2018 que reflejan que, de media, el 23,25%.

 

Beneficiarios en lista de espera y personas pendientes de valoración

Beneficiarios en lista de espera y personas pendientes de valoración

 

Canarias, Cataluña, Andalucía, La Rioja y Extremadura superan ese 23,25%, que refleja una situación cercana a la que se vive en Aragón, Madrid, Cantabria, y País Vasco o Navarra. Canarias es, además de la región donde más beneficiarios esperan algún tipo de prestación, también la que destaca con gran diferencia en número de personas pendientes de valoración. En total, en esta comunidad menos del 40% de las personas que han solicitado la Ley de Dependencia está recibiendo algún servicio, cuando la medida estatal es de casi el 70%. Sumando los beneficiarios en lista de espera más los pendientes de valoración, en España hay más de 400.000 personas y suponen una de cada tres solicitantes.

En España hay 400.000 personas a la espera de una prestación

El informe subraya que la región con la población más envejecida, Castilla y León, es también la que tiene un mayor porcentaje de beneficiarios de la ley (un 3,5% de la población total tiene algún tipo de prestación). Una realidad que contrasta con la de Asturias y Galicia, también entre las más envejecidas, que sin embargo están muy lejos de liderar la tabla de solicitudes y coberturas.

Avances del último año

En los últimos 12 meses, siguiendo la estela de aumento que comenzó en 2015, ha habido un aumento del porcentaje de nuevos beneficiarios con prestación. Sin embargo este también ha sido muy desigual según la comunidad autónoma. El informe destaca los esfuerzos de Navarra, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, frente a la peor evolución de Murcia y Extremadura donde, además, los datos de partida son pobres.

 

Qué prestaciones se reciben

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia está ideado para ofrecer servicios y, solo en caso excepcional, abonar una prestación económica que compense los cuidados ofrecidos por un familiar. Sin embargo, esta última modalidad – más barata para la Administración – “ha llegado a representar el 80% de la cobertura”, según ha asegurado hoy Enrique Martín, coautor del informe de CCOO.

La prestación de servicios profesionales más extendida es la ayuda a domicilio, de la que se benefician 202.407 personas. Después, la teleasistencia, que reciben 188.518 personas, y los residenciales, que atienden a 158.457 dependientes.

 

La evolución ha sido importante y actualmente las prestaciones económicas representan aproximadamente un tercio de la cobertura, aunque de nuevo aquí se ven grandes diferencias por regiones. “En algunas comunidades autónomas este tipo de prestación supera el 50% y dudamos que sea por petición de los familiares sino más bien una cuestión económica, porque resulta más barata”, ha apuntado Martín, “es precisamente Navarra, la que más ha aumentado el número de beneficiarios, quien ha optado más por éstas, que representan casi el 57% del total”. Tanto Navarra, como Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia han aumentado más este tipo de prestaciones que las de servicios profesionales.

El 22,8% de los beneficiarios está en una residencia

En cuanto a las residencias, mientras que a nivel nacional accede el 22,8%, en regiones como Extremadura lo hace más de la mitad y en Ceuta y Melilla el porcentaje se queda en el 6%. Los servicios sin alojamiento son el grueso de las prestaciones en Andalucía (62%), mientras que en Extremadura, Navarra o Cantabria suponen el 25% o menos.

Un “plan de choque” de 2.500 millones de euros

“La debilidad del sistema tiene que ver con la escasez de financiación,  y en este marco del debate presupuestario en que se habla de prioridades y de recuperación económica, no vemos un reflejo en la atención a la dependencia”, ha afirmado la secretaria de Política Social y Movimientos Sociales de CCOO, Paula Guisando, que ha reclamado un “plan de choque” de 2.500 millones de euros con el que se podría abordar el problema y, a la vez, crear entre 100.000 y 160.000 nuevos puestos de trabajo, según sus cálculos. “Este plan de choque tendría un doble beneficio, por un lado la atención a las personas que lo necesitan, y por otro la creación de volumen importante de puestos de trabajo con un componente de género importante, ya que tanto las beneficiarias de la ley como las trabajadoras de este ámbito son en su mayoría mujeres”, ha indicado Guisando.

El plan que propone CCOO crearía, según sus datos, entre 100.000 y 160.000 empleos

El coste total del sistema de dependencia es, según los cálculos de CCOO (basándose en el último informe de la Comisión para el Análisis de la situación actual del Sistema de la Dependencia) de 8.852 millones de euros para el ejercicio de 2018, con un coste medio por beneficiario de 9.226,35 euros por persona y año.

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